De las 11 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), España cumple de forma satisfactoria siete, mientras que lo hace parcialmente solo en tres. La undécima, sin embargo, relativa a la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tantas preocupaciones y advertencias suscita desde hace meses en Bruselas, sigue sin aplicarse, según las conclusiones recogidas en el último informe de evaluación aprobado esta semana por el GRECO sobre la prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales en España. “Es una cuestión de preocupación crítica que debe ser abordada con carácter prioritario”, señala el análisis.
El documento, que reclama a España el envío de información adicional antes del 31 de diciembre de 2023, evalúa la implementación de las recomendaciones emitidas en el cuarto informe adoptado en diciembre de 2013. En aquella ocasión, los responsables del GRECO recomendaron a España realizar una evaluación sobre el marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano frente a cualquier influencia indebida para subsanar las deficiencias detectadas. El órgano del Consejo de Europa concluyó en junio de 2019 que España no había aplicado la recomendación y urgió a actuar para evitar la elección por parte de los políticos del CGPJ.
Tres años y medio después la situación sigue siendo la misma. Aunque las autoridades españolas notificaron el inicio en octubre pasado de negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, las conversaciones han quedado paralizadas. “El GRECO lamenta la falta de resultados positivos para aplicar esta recomendación”, señala el texto remitiéndose de nuevo a las normas del Consejo de Europa sobre la elección en los consejos de la judicatura. “Cuando hay una composición mixta de los consejos de la judicatura, para la selección de los jueces miembros, las normas establecen que los jueces deben ser elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la más amplia representación de la judicatura en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”, avisa este órgano reiterando que la paralización durante cuatro años en la designación del CGPJ, debido al continuo bloqueo del PP, “es una cuestión de preocupación crítica que debe ser abordada con carácter prioritario”.
Parálisis del sistema
Entre las recomendaciones a España también figura el establecimiento por ley de criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos superiores de la judicatura -presidentes de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y los jueces del Tribunal Supremo- con el objetivo de garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso. Un elemento que solo cumplían parcialmente hace tres años. “Las autoridades de España indican que, dado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tenido lugar, no hay nada nuevo que informar en este ámbito” señala el GRECO que lamenta también la falta de novedades porque el CGPJ en funciones no puede proceder a realizar nombramientos de altos cargos judiciales. “Esta es una situación muy preocupante”, insisten.
El documento valora, en cambio, positivamente la aprobación del nuevo reglamento del ministerio fiscal, que regula el régimen disciplinario de los fiscales, pero admite, como ya avisará el último informe sobre el estado de derecho en España publicado por la Comisión Europea en julio pasado, que la relación entre el fiscal general y el Ejecutivo “es un tema que sigue suscitando la preocupación de la opinión pública” respecto a su percepción de independencia. De ahí la recomendación de realizar una reforma “más amplia” del estatuto del Fiscal General. “Será importante garantizar que este proceso de reforma incluya una fase de consulta con la propia profesión, en la medida en que cualquier cambio que se proponga esté relacionado con el funcionamiento de la fiscalía y como las prioridades que conlleva”, apunta el dictamen.
En lo que respecta a los miembros del parlamento, el GRECO recuerda que todavía debe desarrollarse una normativa específica relativa a los grupos de presión y que, pese a los mayores requisitos de transparencia establecidos por el Código de Conducta, la práctica muestra que hay mucha opacidad en cuanto a los contactos de los parlamentarios con los grupos de presión y otros terceros que tratan de influir en el proceso legislativo.