El viernes en el que el PSOE y Unidas Podemos presentaron la proposición de ley para reformar el Código Penal y acabar con el delito de la sedición hubo una expectación razonable en el Congreso. Por regla general, los viernes en la Cámara son días tranquilos, pero ese día se montó un revuelo considerable. Sucedió hace un mes.
Este viernes pasado en el que el PSOE y Unidas Podemos han presentado las enmiendas conjuntas a la proposición de ley se ha montado un revuelo tan intenso o más. Ha sido porque las propuestas, de aprobarse, y todo apunta a que así será, amplían el radio de reforma del Código Penal.
En un principio se iba a limitar a tocar los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos (la sedición) y el contrabando de armas de doble uso. Un mes después, se sabe que tocará, además, la ley del poder judicial y la del Tribunal Constitucional; que creará un nuevo tipo de enriquecimiento ilícito; que castigará los incumplimientos de la legislación laboral; que ajustará los desórdenes públicos; que cambiará la malversación y que aumentará el cupo de días inhábiles a efectos procesales.
Puede que haya más cambios porque la semana que viene comenzará a trabajar la Comisión de Justicia del Congreso. La idea es crear la ponencia el lunes, aprobar el dictamen el martes y quizá llevar la propuesta al pleno el jueves. Será un trámite exprés, un proceso a toda velocidad a pesar de la envergadura de lo que aborda. Pero, aun siendo corto, muy corto, los grupos dispondrán de margen para incorporar novedosas modificaciones.
Como ha asegurado el portavoz socialista, Patxi López, “abrir el Código Penal no se hace todos los días” y el Gobierno ha querido “aprovechar” la ocasión. La controversia radica en el “cómo”. Ya fue discutible, aunque completamente legal y hasta tradicional, que planteara la revisión del Código Penal mediante una proposición de ley, capaz de generar trámites muy breves. Y ha sido discutible que, por ejemplo, abandere un nuevo frente contra la corrupción al crear, vía enmienda, un delito de “enriquecimiento ilícito”.
La malversación
López también ha asegurado este viernes que su grupo no conocía las enmiendas de ERC cuando ERC se las contó a los periodistas. Desde hace semanas se sabe que el Gobierno y la formación independentista estaban hablando de cómo acabar con la sedición y cómo cambiar la malversación sin que pareciera que se estaba siendo más laxo en la lucha contra la corrupción. El presidente, Pedro Sánchez, se ha metido en terreno pantanoso.
A la espera de ver qué acuerdan Gobierno y ERC sobre la malversación, delito que el Tribunal Supremo imputó a Oriol Junqueras y a otros dirigentes independentistas en el juicio del ‘procés’ y que pesa sobre cargos intermedios todavía no juzgados, el PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda que consagra un nuevo delito, el de “enriquecimiento ilícito”.
Patxi López estaba eufórico con la figura porque, sobre esta base, se refuerza la lucha contra la corrupción. Debido a la inclusión de este delito en el Código Penal, los cargos públicos deberán explicitar al final de su mandato si su patrimonio ha experimentado un aumento considerable y por qué. Aumento considerable será aquí una subida de 250.000 euros sobre los ingresos habituales.
Es cierto que esto no pasa. El caso de la alcaldesa de Marbella, del PP, como ha recordado Pablo Echenique, denota lagunas en la prevención de escándalos de corrupción, si es que el de la regidora se sanciona así. Para evitarlos, el PSOE y Unidas Podemos han acordado que no explicitar estos aumentos patrimoniales hasta cinco años después de abandonar el puesto suponga penas de prisión de entre seis meses y tres años, inhabilitación por entre dos y siete años y cuantías de multas hasta tres veces por encima del monto del enriquecimiento.
El portavoz socialista ha querido centrarse tanto en la novedad que ha evitado hablar de la malversación y de lo que ERC está proponiendo. La semana que viene se verá, ha dicho. Echenique ha reconocido que no estaba muy al tanto del planteamiento de Esquerra y que los equipos jurídicos del grupo deberán analizarlo. Sin embargo, ha destacado que “la línea roja” es que no se beneficie de la reforma ningún condenado o imputado por corrupción.
ERC ha registrado dos enmiendas que cambian el artículo 432 del Código Penal, dedicado a la malversación. En ambas pone el acento en el ánimo de lucro. “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo”, indica la formación en la enmienda.
La idea es volver al Código Penal anterior a la reforma que obró el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, y por tanto, acabar con el concepto de “administración desleal”. Ahora bien, no baja las horquillas de las penas, ni tampoco los umbrales de las cuantías defraudadas.
No obstante, incorpora un matiz sustancial. A través de un nuevo artículo, el 432 bis, establece que si ese funcionario incurre en la malversación, pero sin intención de quedarse con el dinero, se le aplicará una pena más baja, de seis meses a tres años de prisión y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Aquí está la principal novedad de Esquerra y la clave de bóveda política de esta reforma exprés del Código Penal.
Las propuestas del PSOE y UP
Apenas una decena de enmiendas conjuntas han desvelado este viernes los grupos socialista y de Unidas Podemos. El bloque más destacado, por novedad y por alcance, es el que concierne a los delitos por desórdenes públicos.
Ambos grupos tocan el artículo 557 bis en profundidad. Proponen suprimir una serie de motivos que incidían en el carácter violento de una concentración o protesta, por los que podría generarse un castigo de entre uno y seis años de cárcel: uso de armas, de líquidos inflamables, de explosivos, de manifestaciones numerosas, de actos de pillaje, de ocultación del rostro…
En su lugar, PSOE y Unidas Podemos se limitan a la invasión u ocupación de domicilio, despacho, oficina, establecimiento o local, siempre en contra de la voluntad del titular, y a la “perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal” que ello ocasione. Las penas serán de tres a seis meses de prisión y multas de seis a doce meses, aunque con una puntualización: “salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código”. Unidas Podemos se ha dado por satisfecho.
También ha habido entendimiento en aprovechar la reforma del Código Penal para añadir disposiciones finales que nada tienen que ver con el Código Penal, pero que sirven, por rango legislativo, para modificar otras normas. No han sido dos menores ni de escasa relevancia política. El Gobierno se ha propuesto cambiar puntualmente las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional.
Con los cambios en la primera de esas dos leyes, PSOE y Unidas Podemos quieren desbloquear los nombramientos que haya de efectuar el Consejo General, el órgano de gobierno de los jueces. Mediante enmienda, habilitan un procedimiento alternativo, que consta de una votación. Bastará con que salgan los dos candidatos con más votos para que pasen a ser magistrados del Constitucional. Si los vocales del CGPJ, además, persistieran en bloqueos, incurrirán en “las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales”. No se precisa cuáles. Además, se rebaja a absoluta, no cualificada, el nivel de mayoría exigida.
Y con los cambios en la segunda de esas leyes, la del TC, PSOE y Unidas Podemos ponen fin al proceso de verificación de los candidatos, aunque no de los criterios objetivos.
Moción de censura contra Sánchez
Abierto el melón de la reforma del Código Penal, los grupos que sustentan al Gobierno han visto que era el momento para cambiar el artículo 311, de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Las penas de prisión se seis meses a seis años y las multas de seis a doce meses se mantienen para quienes, “mediante engaño o abuso de situación de necesidad”, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos.
Ahora bien, los castigos se aplicarán también a quienes “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”. Es decir, que si una empresa insiste en la infracción, se expondrá a un castigo más severo. Las nuevas formas de contratación surgidas de la economía digital están en el punto de mira de esta modificación.
Aunque novedades como el enriquecimiento ilícito o esta reciente encaminada a proteger los derechos de los trabajadores de nuevas plataformas empresariales, a PSOE y Unidas Podemos no les basta con el apoyo de ERC. El Código Penal es una ley orgánica y cambiarla exige un cupo de votos a favor superior a los 176, la mayoría absoluta. PNV y EH Bildu han optado por esconder su posición, lo que les dará fuerza cara al inminente trámite. El PDeCAT ha registrado enmiendas en línea con lo que promueve ERC. No son iguales, sí parecidas. PSOE y Unidas Podemos aún tienen mucho que negociar.
Los que en absoluto negociarán son PP, Vox y Cs. Los populares recurrirán al Tribunal Constitucional; los de Inés Arrimadas han alentado una moción de censura contra Pedro Sánchez, igual que Santiago Abascal. Salvo que en el bloque de la investidura del presidente, salvo que en ese bloque progresista que ha alumbrado leyes como la de memoria democrática o tres proyectos presupuestarios consecutivos, varios grupos se escabullan, la moción carece por completo de viabilidad. La última, de Vox, hace dos años, derrotada con holgura, sirvió a Sánchez para estimular a los partidos de izquierda en su favor.