La subida salarial multianual que el Gobierno ha decretado para los funcionarios y trabajadores públicos tiene una parte retroactiva. Un 1,5%, en concreto, para tratar de limitar la pérdida salarial de este año, en el que la inflación será cercana a los dos dígitos, y que se suma al 2% que ya se incrementaron los sueldos públicos a comienzos del ejercicio. Y esa mejora, que ha sido pactada por el Ejecutivo con UGT y CCOO pero no con CSIF, el otro sindicato mayoritario, tendrá que ser asumida en gran medida por las comunidades autónomas.
Función Pública les trasladó que la financiación de los recursos humanos depende cada administración, y fuentes autonómicas presentes en la negociación afirman que esta situación provocó numerosas quejas. Especialmente notables fueron las protestas de las regiones gobernadas por el PP y también de Cataluña, pero no recibieron ninguna solución por parte del Gobierno. Tan sólo se les notificó que ellas son las que deberán soportar la subida a pesar de que el beneficio político se lo apunta el Gobierno.
Según los propios datos de Función Pública, la mejora salarial beneficiará a 2,7 millones de empleados públicos, de los que 1,6 son trabajadores de las comunidades autónomas. Esto es, la mayor parte. Al sector público estatal, por su parte, corresponden poco más de 500.000 empleados, y casi 600.000 trabajadores son de los ayuntamientos.
Este ámbito de la administración, por lo tanto, también deberá hacerse cargo de esa subida. Sin embargo, durante la reunión se habría apuntado que en el caso de los entes municipales tal vez podría buscarse una solución a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Y todo ello, además, en una reunión a la que comunidades y ayuntamientos fueron convocados sin recibir apenas información previa y con una escasa capacidad de actuación. «En la mesa de negociación no tenemos voz ni voto», añaden fuentes regionales.
Las condiciones de la subida
El gasto adicional, prosiguen, puede llegar incluso a los 200 millones de euros en el caso de las comunidades con un mayor número de empleados públicos. Esta cantidad, previsiblemente, debería ser abonada antes de final de año, aunque desde los sindicatos añaden que puede haber diferencias según el ámbito de la administración. Si efectivamente es antes de 2023, el abono sería con cargo a los presupuestos de este año, que están ya prácticamente agotados; y si es en el inicio del próximo ejercicio, las cuentas de ese mismo año deberán hacer frente a dos subidas: el 1,5% adicional y el 2,5% fijo más un punto variable del próximo año.
El acuerdo, que fue ayer expuesto por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se completa con un incremento fijo del 2% en 2024 más un variables del 0,5%.
En total, una mejora máxima de hasta el 9,5% que, como ya se ha apuntado, no fue apoyada por todos los sindicatos. CCOO y UGT de manera conjunta representan una mayoría notable, sí, pero las presencia de Central Sindical Independiente y de Funcionarios también es muy importante en el sector público. Este sindicato rechazó el acuerdo por varios factores. Primero, porque consideran que el incremento es insuficiente dado el elevado nivel de inflación, lo que «condena» a los funcionarios y trabajadores públicos a una nueva pérdida de poder.
Segundo, porque el Ejecutivo «adorna» la subida con un variable que es complicado de alcanzar y un incremento, el del 2% ya aplicado a comienzos de año, que se suma al conjunto de la subida. Ese incremento, exponen, no forma parte del acuerdo multianual sino que fue una subida impuesta por Función Pública, y en su opinión la mejora es de un máximo del 7,5%.
Y tercero, porque el Gobierno hace un «refrito» de medidas que ya deberían estar aplicadas y que, también en ese caso, se suman al cuerdo firmado el martes por la noche como si fuesen una novedad. El caso más evidente es la jornada semanal de 35 horas, que efectivamente ya debería estar en funcionamiento y que, sin embargo, apenas se aplica en algunos ámbitos de la Administración Pública.
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