Vía libre para la subida salarial a los funcionarios. El Gobierno central, las administraciones autonómicas y locales, y los sindicatos han cerrado este lunes el nuevo sistema retributivo que regirá los últimos meses de este año, el próximo ejercicio y 2024. La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas ha ratificado la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. CCOO y UGT, que suman mayoría entre el colectivo, han avalado la subida, mientras que CSIF la ha tachado de “insuficiente”.
El Ejecutivo central avanza así en otro de los trámites que debe solventar para la formalización de los Presupuestos Generales. A falta del acuerdo definitivo —con la vista puesta en el gasto en Defensa—, se espera que el Gobierno presente las próximas cuentas públicas esta semana. En ellas, figurará una subida salarial que el año próximo será del 2,5%, a la que se podrá sumar otro 1% en función de la evolución del IPC y del PIB del país. Si bien, el plan acuerda también una revalorización de la subida acordada para este año y la de 2024.
“Este acuerdo, alcanzado por mayoría absoluta, es fruto de un diálogo intenso y constante del Ministerio de Hacienda y Función Pública con los representantes de los trabajadores públicos”, ha señalado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado. “El pacto alcanzado hoy en el sector público se enmarca en ese contexto y puede contribuir a lograr un pacto de rentas en el diálogo social”, ha señalado el Ejecutivo en referencia al pendiente acuerdo en el sector privado.
El Gobierno ha buscado en esta ocasión un mayor acercamiento a los sindicatos en un momento en el que ha urgido en repetidas ocasiones a la patronal a negociar con los trabajadores mejoras salariales que reduzcan la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. En el pasado, los sindicatos han mostrado agrios desencuentros con el Gobierno de turno al planteárseles una cifra para la subida salarial sin margen para la negociación, puesto que el acuerdo no es imprescindible. Son cerca de tres millones de trabajadores los que se beneficiarán de esta subida salarial.
La situación que queda es la siguiente. El 2% que ya se aplicaba para los salarios de 2022 tendrán un añadido del 1,5% que se aplicará retroactivamente desde el 1 de enero. Para 2023 se plantea un fijo del 2,5% y se añaden dos conceptos variables. Uno, del 0,5%, vinculado al IPC acumulado de este curso y el que viene si superan el 6%. Otro, de igual cuantía, vinculado a que el PIB supere el 5,9%. Respecto a 2024, el fijo es del 2% y se añadiría un 0,5% si el acumulado de este año y los dos próximos acaba con una inflación del 8%.
Esta subida beneficiará a 2.717.570 empleados públicos. De éstos, 513.721 pertenecen al sector público estatal, 1.611.697 son empleados públicos de las Comunidades Autónomas, y 592.152 son trabajadores de las Entidades Locales.
Diferencias entre sindicatos
UGT fue el primero de los sindicatos en anunciar su posición. Fue el pasado viernes, cuando la dirección del área pública de la organización respaldó el acuerdo. Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, manifestó su convicción de que un acuerdo de esta naturaleza “es una buena noticia para todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo para los que trabajan en las Administraciones Públicas. El impacto que tiene el consumo de tres millones de empleados públicos en nuestro país es una contribución a la buena marcha de la economía”.
CCOO ha anunciado al arranque de esta semana su aval a la propuesta. La supedita al cumplimiento de una serie de hitos en el proceso de mejora de las condiciones, no solo salarial, en el colectivo de trabajadores públicos. Sin embargo, considera que, aunque “insuficiente”, es “la primera vez que se revisa al alza la subida contemplada en los PGE”. “CCOO, valora este pre-acuerdo que se deberá cerrar en pocas semanas, calendarizado para su desarrollo, y seguirá trabajando por la recuperación del resto de materias que aún no se han podido conseguir”, añade el comunicado.
Por su parte, Csif es el único de los tres grandes sindicatos que ha mantenido su rechazo a este cambio salarial. “A estas horas la oferta nos parece insuficiente. La propuesta económica ni siquiera corrige la inflación”, ha defendido Francisco Lama, secretario de acción sindical de Csif. “Esperemos que presente una nueva propuesta o nuestra organización rechazará el acuerdo”, ha señalado. El secretario general, Miguel Borra, ha asegurado que se ha perdido la oportunidad de “marcar el paso a la empresa privada”. “Implica que este año los empleados públicos vamos a sumar más de un 5% de pérdida de poder adquisitivo”, ha asegurado.
La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que ha corroborado la subida salarial, tiene una mayoría de representación de CCOO y UGT. La primera tiene el 36% y la segunda casi el 35%. Csif tiene el 22%. También tienen representación CIG y ELA, que no participaron en la negociación salarial, y que se han unido a Csif en el rechazo a la propuesta de Hacienda.
Las otras medidas
El acuerdo que hoy avanza en la mesa de negociación va más allá de la subida salarial. Los sindicatos vienen reclamando desde hace tiempo una serie de reivindicaciones que ahora ven la luz en parte, aunque a la espera de formalizarse en una negociación durante “las próximas semanas”. Una de las piezas clave de estas reformas es la eliminación de las limitaciones que existen para impedir la implantación de las jornadas de 35 horas en las administraciones públicas. “Buscaremos una herramienta que nos permita conseguir las 35 horas en aquellas administraciones que sigan con 37,5 horas”, apunta CCOO en un comunicado.
Otra de las medidas supone incluir en el grupo B a todas las categorías que exigen la titulación de técnico de grado superior, lo que en la práctica se traduce en una subida retributiva para este colectivo. Se derogarán, una vez formalizada la negociación, algunos aspectos que se incluyeron en los recortes que sufrieron los funcionarios hace una década, como la jubilación parcial o los límites para la acción sindical.
El marco de la negociación también incluye un aspecto ampliamente reivindicado por los trabajadores públicos, como es la conocida tasa de reposición. Este porcentaje limita el número de plazas públicas que se cubren y la posibilidad de crear nuevas. Ahora, los sindicatos defienden que se buscará “limitar el daño que está causando en servicios considerados no esenciales”. Otros avances como en materia de igualdad, digitalización o el teletrabajo también serán incluidos en este acuerdo. La selección y la promoción interna es otra de las reivindicaciones de los funcionarios que se confía en acordar.