El Gobierno de Pedro Sánchez desactivó con su paquete fiscal y su nuevo "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas" la estrategia de Madrid y Andalucía, principales comunidades del PP, con la supresión de Patrimonio y su llamada a los ricos a censarse en sus comunidades con beneficios fiscales. La contraofensiva política es clara. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos desactiva con esta medida la pugna fiscal que se había abierto entre los territorios y arrastrado a comunidades socialistas como la valenciana, con Ximo Puig abanderando la bajada de IRPF para rentas hasta 60.000 euros.
El llamado "impuesto de solidaridad" es un tributo temporal que se extenderá en 2023 y 2024 y que está exclusivamente enfocado a grandes fortunas con patrimonios netos a partir de 3 millones euros. La clave reside en que sobre este será deducible el actual impuesto sobre el patrimonio que se paga en las comunidades autónomas, es decir, evitará la doble imposición, al mismo tiempo que neutralizará la desaparición de este tributo en comunidades como Madrid y Andalucía, al menos durante esos dos años. En las comunidades en las que el tributo autonómico grava más que el anunciado por el Gobierno, este no tendrá ningún efecto.
Desde el Gobierno admiten que es una manera de frenar el 'dumping fiscal', la puja a la baja en materia impositiva, abierta en momentos de crisis, con aires de campaña electoral y cuando la propia Unión Europea y todos los organismos internacionales señalan que el camino, defiende el Ejecutivo, es gravar la riqueza.
Desde el Ministerio de Hacienda niegan que sea una reacción directa al anuncio de Moreno hace dos semanas en Madrid y al paquete fiscal convalidado este miércoles en el Parlamento andaluz, que acompaña la supresión de Patrimonio de bajadas en IRPF. Sin embargo, los tiempos políticos dejan en evidencia que es una manera de neutralizar el debate fiscal que el PP había conseguido liderar en España, desviando el foco político y arrastrando a las comunidades del PSOE, que se examinan en las urnas el próximo mayo. El Gobierno y el PSOE tenían que parar esa puja, admiten fuentes socialistas.
"Incoherencia"
No obstante, la reacción de las comunidades del PP no se ha hecho esperar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acusó al Gobierno de generar "incertidumbre e inseguridad" con el paquete fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda. El presidente andaluz, durante la sesión de control en el Parlamento, dejó claro que esta reacción del Gobierno y estás medidas fiscales son una reacción a su decisión de suprimir Patrimonio y rebajar IRPF, y arremetió contra "tanta incoherencia" del Ejecutivo central. "Decían que bajar impuestos era desmontar los servicios públicos y se tiran en tropel las comunidades autónomas socialistas y ahora con la ministra en cabeza a imitar al PP", ironizó el presidente andaluz.
Desde la Junta insisten en que la nueva fiscalidad anunciada por el Gobierno es una contraofensiva a la decisión de Andalucía, que siguió la estela de Madrid, de suprimir el impuesto de Patrimonio y lamentan que cuando las comunidades forales, País Vasco y Navarra, o Madrid asumieron bonificaciones fiscales en la misma línea no paso nada y cuando lo ha hecho Andalucía se lanzan a neutralizar su política impositiva. "Nos quieren condenar a ser una periferia silente", clamó Moreno contra el Gobierno.
Moreno anunció que acudiría con toda "la contundencia" a los tribunales si el Gobierno intervenía en la autonomía fiscal de Andalucía. En estos momentos, desde el Ejecutivo andaluz aseguran que están "estudiando todas las opciones" para preservar su autonomía fiscal. En realidad, el Gobierno no recaudará por Patrimonio sino por otro impuesto, temporal por dos años, expresamente creado dentro de sus competencias fiscales y que llama "Impuesto a la Solidaridad a las grandes fortunas" aunque en la práctica el espíritu y la recaudación es idéntica al que está en manos de las autonomías.
"Hachazo fiscal"
Desde Madrid denunciaron que "el hachazo fiscal" del Gobierno "es un golpe más de Pedro Sánchez contra la economía y, por tanto, contra los españoles". El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty, lamentó que son ya "20 subidas de impuestos" desde que Sánchez es presidente del Gobierno. "Ahora usan la crisis, el precio de la energía o lo que sea como excusa pero esto que han anunciado hoy lo anunciaron hace cuatro años", denunció el responsable del gobierno madrileño, que habló de "autoritarismo fiscal" y lamentó que el PSOE "da rienda suelta a su sectarismo".
"Lo que hacen es crear un impuesto para ahuyentar el patrimonio y la inversión. Creemos que están suplantando a las comunidades autónomas que tenemos las competencias atribuidas sobre la imposición del patrimonio. El Gobierno nos suplanta y se inventa un impuesto que es igual para dar un hachazo fiscal en Madrid y también ahora en Andalucía", aseguró Fernández Lasquetty, advirtiendo que estudiarán si cabe recurso al Tribunal Constitucional.
Batalla fiscal
Este miércoles se aprobó en el Parlamento andaluz el decreto-ley de rebajas fiscales que presentó el presidente Moreno hace una semana y que abrió una pugna fiscal en el país. La propuesta fiscal andaluza, que contó con los votos a favor de PP y Vox, supone una rebaja del 4,3% del IRPF en los tres primeros tramos (hasta 35.200 euros) y eleva en el mismo porcentaje los mínimos exentos de tributar, suprime Patrimonio y elimina el canon del agua. La gran polémica fue esa supresión de Patrimonio, como ya había hecho Madrid, bonificando hasta anularlo un impuesto que pagan pocos contribuyentes, unos 20.000 en Andalucía, el 0,2% del total, que permiten recaudar en total (datos provisionales de 2021) unos 120 millones de euros.
Lo abonan patrimonios por encima de los 700.000 euros, exenta la vivienda habitual. Los contribuyentes que pagaban por este impuesto abonaban unos 5.000 euros anuales, con un patrimonio medio de 2,5 millones de euros, según los datos de la Hacienda andaluza. Ahora el Gobierno de la nación neutraliza esa bajada al aprobar un Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que termina gravando esos bienes para patrimonios por encima de tres millones de euros.
Como contraofensiva a la supresión de Patrimonio, el Ministerio de Hacienda anunció, después de descartarlo toda la legislatura, que iba a tramitar un impuesto a los más ricos, como pedía Unidas Podemos. El embrollo fiscal fue a más cuando las comunidades socialistas se empezaron a sumar a las rebajas fiscales tras la veda abierta por el PP. El socialista valenciano Ximo Puig anunció también una importante bajada del IRPF en el tramo autonómico, donde las comunidades tienen plenas competencias, para rentas hasta 60.000 euros. Otros barones del PSOE van a seguir el mismo camino y el Gobierno de la nación anuncia ahora una exención de pago por IRPF para contribuyentes hasta los 21.000 euros anuales de ingresos.