Instrucción 2, a petición de la fiscal, archiva una causa por tráfico de influencias relativa a Aquagest
Las piezas de la operación Pokemon que impulsó en 2012 Pilar de Lara, después sancionada por el caos en el juzgado de Lugo, van cayendo una tras otra en el archivo. Remitidas siete de ellas en los últimos meses a los juzgados de la ciudad de Ourense para darle una salida procesal después de diez años estancadas, las primeras resoluciones comienzan a llegar.
El juez de Instrucción 2, Luis Doval, ha sido el primero en enviar al cajón una de las piezas, armada en 2014, en las que figuraba como imputado el exalcalde socialista Francisco Rodríguez por tráfico de influencias junto a su pareja, Mercedes Astoga, quien trabajaba en las oficinas de Aquagest en la ciudad; el exdelegado territorial de esa empresa en Galicia, Henry Laíño; su mujer, Paula Salgado, así como el exsecretario de la Diputación y actual coordinador general del Concello de Ourense, Francisco Cacharro Gosende. Este último en relación a la presunta realización de informes favorables a las concesiones. Y todos ellos investigados por hechos relativos a la llamada “trama del agua” (Aquagest en 2012 era la empresa que llevaba la concesión del abastecimiento en la ciudad).
La jueza de Lugo, que perdió su plaza en esa ciudad tras la sanción del CGPJ, fundamentó la investigación en las escuchas telefónicas realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Pero la fiscal de Ourense que examinó el caso recuerda que “no se concedió a los investigados la posibilidad de reconocer o contrastar las escuchas” y la causa ya acumula telarañas: se excedieron “ampliamente” los plazos, lo que priva al juzgado de “la práctica de nuevas diligencias”.
Doval recuerda que “la investigación solo alcanza a mostrar sospechas o indicios preliminares derivados de esas conversaciones telefónicas, principalmente de Henry, relativas a la adjudicación de varios contratos que aportan un extracto indiciario de ciertas actuaciones del investigado tendentes a contactar telefónicamente, entre otros, con el alcalde de Ourense (Francisco), su hijo o Áurea, con el fin de obtener un beneficio en la adjudicación de contratos que carecen de peso suficiente”. En el caso de Cacharro recuerda el magistrado que “tampoco consta acreditado pago directo o indirecto por la emisión de informes”. El abono de dos viajes a Málaga y Barcelona en 2007 “no constituyen indicio delictivo determinante”.
Suma y sigue de causas que se caen
Francisco Rodríguez, el exalcalde socialista del Concello de Ourense, abandonó la política activa hace ahora 10 años por obra y desgracia de la operación Pokemon contra la corrupción política que abanderó la exjueza de Lugo Pilar de Lara, quien acabó sancionada por el Consejo General del Poder Judicial por la forma descabellada de tramitar una macrocausa con casi 100 imputados en Galicia y algunos otros lugares del país, además de algún que otro fleco derivado de la investigación primigenia.
Diez años después de su detención, los pokemons se desmoronan. De hecho, los jueces que tomaron las riendas han ido dictando más archivos que procesamientos. En uno de esos “flecos” (en relación al aprovechamiento urbanístico de A Chavasqueira y viajes a Brasil y Argentina) figuraba el exmandatario encartado y solo hizo falta que pasase por la Fiscalía de Ourense para pedir el sobreseimiento.
También este año se archivó, pero en Lugo, la pieza en la que figuraba el expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, o el exedil del BNG Fernando Varela por donaciones a partidos políticos.
El Juzgado de Instrucción 1 de Ourense dio carpetazo en marzo de este año a la pieza de la Pokemon referida a un supuesto amaño entre la empresa Hemisferios S.L., filial de Monbus, y responsables del Concello de Nogueira de Ramuín para que en 2014 le fuese adjudicada de nuevo la explotación del embarcadero de Santo Estevo, en la Ribeira Sacra, un servicio que ya prestaba desde hacía años. Habían sido imputadas nueve personas, entre ellas el exregidor José César Parente.