La reforma fiscal que ha presentado Hacienda con el apoyo de las dos fuerzas de la coalición, PSOE y Podemos, estará en vigor hasta 2024. Para entonces, Alberto Núñez-Feijóo podría ser presidente del Gobierno, si se confirman los sondeos. Y el PP ya se ha comprometido a derogar el grueso de la reforma, en caso de llegar a la Moncloa.
Desde que María Jesús Montero presentó la propuesta tributaria, el principal partido de la oposición ha mostrado su desaprobación. Aunque sí ha dado su visto bueno a cuestiones como la bajada del IRPF, ha reprochado que se haga sólo hasta las rentas de 21.000 euros y que entre en vigor tarde, en enero del próximo año.
Sin embargo, el punto que censuran con más vehemencia en Génova es que con este paquete, se abre un debate de "pobres contra ricos" que no procede en estos momentos. Rechazan medidas como el impuesto a las grandes fortunas o la limitación del 50% para compensar las pérdidas de las grandes empresas.
Fuentes de la dirección popular confirman a EL ESPAÑOL que si llegan al Ejecutivo se adaptaría "la política fiscal a la realidad del país en ese momento", pero insisten en que la reforma de María Jesús Montero "va en contra de nuestra filosofía".
Para justificar el rechazo explican que la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania no se asemeja a otras anteriores, en las que sí entienden que se debía formular un planteamiento con el que "la gente colabore". Ahora, argumentan, "desde el punto de vista recaudatorio, sobra el dinero".
"Queremos ricos"
"El problema no lo tiene el Estado, lo tienen las personas. Cuando llegó Rajoy era diferente, el problema lo tenían el Estado y las personas, por eso se hizo un plan de ajuste fuerte que afectó también a la Administración. Pero ahora no falta recaudación, no es necesario pedir un sobreesfuerzo", explican desde el PP.
En el equipo de Feijóo consideran que en este momento es inexplicable que se aprueben impuestos que afecten a las grandes sociedades y fortunas del país: "Es que nosotros queremos que haya ricos, porque si no, esto se va a convertir en Venezuela", insisten.
Con este panorama, adelantan que lo primero que retirarían desde el poder sería el llamado impuesto de solidaridad. En caso de que finalmente entre en vigor ya avisan de que las comunidades gobernadas por el PP estudiarán llevarlo al Tribunal Constitucional si invade competencias. Además, creen que va a provocar "una huida de capitales".
En cuanto al resto de medidas fiscales, que quedarán recogidas en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, quizá una de las que ha pasado más desapercibida es la limitación en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a grandes empresas y tendrá un impacto de 2.400 millones de euros.
[El viraje de Sánchez obligó a improvisar en 48 horas un 'puzzle fiscal' con alzas y bajadas de impuestos]
A juicio del principal partido de la oposición esto se trata de un error. "Si son pérdidas es porque no ganan, ¿por qué no les permiten quitarse lo que no ganan?", cuestionan las fuentes consultadas.
Aunque Hacienda haya apuntado a que es un "diferimiento temporal", el PP considera que "se está limitando la capacidad de las empresas", reprochando que "si ganan se les ponen muchos impuestos y si pierden no les permiten quitarse lo que ganan".
En cuanto al IRPF, el PP llevará en su programa de Gobierno la deflactación de la tarifa al menos hasta rentas inferiores de 40.000 euros, como han venido exigiendo en los últimos meses de manera reiterada.
Con la propuesta fiscal de Montero encima de la mesa admiten que hay similitudes con el plan económico que presentaron en el mes de abril, pero lamentan la poca ambición del Gobierno y el hecho de que la clase media se vaya a quedar fuera de las ayudas.
En línea con el discurso que han adoptado contra las políticas económicas del Gobierno, el PP pretende seguir, si llega a la Moncloa, la misma estrategia que están practicando sus barones regionales. Esto pasa, definitivamente, por bajadas de impuestos que reviertan punto a punto la agenda del Ejecutivo de coalición.