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Los socialistas presentarán este viernes una enmienda a la reforma del Código Penal para garantizarse parcialmente la reforma del Constitucional.
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El PSOE presentará una enmienda a la reforma del Código Penal para garantizarse, parcialmente, la renovación del Tribunal Constitucional (TC).
El Partido Socialista estudia esta vía para que el máximo intérprete de la Constitución pueda nombrar a los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Presidencia y catedrática Laura Díez) sin necesidad de esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los otros dos que le corresponden.
Las negociaciones para ello en el órgano de gobierno de los jueces, por el momento, siguen estancadas por la falta de acuerdo entre el sector progresista y el conservador.
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Por ello, Moncloa pretende, mediante esta vía que, al menos, el TC se renueve con los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo. Y lo hará mediante una enmienda a la reforma del Código Penal prevista para un asunto totalmente ajeno a éste: la reforma que afectará al delito de sedición.
La Constitución Española, en su artículo 159, establece que la renovación del Constitucional debe hacerse por tercios de sus 12 miembros. Su mandato dura nueve años.
En este caso, de los cuatro que deben renovarse ahora, al Gobierno le corresponden dos, misma cantidad que al CGPJ. Y aún, debido a la falta de acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial no ha nombrado todavía a los suyos.
La elección consensuada de los dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial se aleja más cuanto más se acerca el día 22, fecha en la que los dos sectores de la institución se han comprometido a efectuar una votación.
El grupo progresista —integrado por ocho vocales propuestos por PSOE, IU y PNV— ya comunicó a los conservadores que mantienen al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés como único candidato y no aceptan debatir sobre su idoneidad ni sobre la de los candidatos que pueda proponer el grupo mayoritario, el conservador.
La situación es crítica, porque de lo que haga el CGPJ depende que se desate una crisis institucional en el TC, dividido en torno a que sea constitucionalmente posible dar entrada a sólo dos de los nuevos miembros —los dos del Gobierno— en una renovación que, tal y como está establecida por el momento en la Carta Magna, debería ser de cuatro.