Los socios de coalición trasladan su pugna al Congreso para cambiar leyes impulsadas por el Gobierno bajo el pretexto del trámite parlamentario
La Moncloa está decidida a emprender un sprint electoral y legislativo en el Congreso, metiendo sexta velocidad a leyes que permanecían al ralentí o directamente en punto muerto. Esta decisión, en la que el PSOE pretendía ir de la mano de Unidas Podemos ha derivado, sin embargo, en una pugna donde los choques se trasladan al Congreso, cuyo punto álgido es la ley trans, con la posición de los socialistas de mantener sus enmiendas y no llegar a un pacto con Unidas Podemos.
Leyes que han salido del Consejo de Ministros, validadas por todo el Gobierno, son objeto ahora de intentos de cambio por parte de los partidos que las impulsaron desde el Gobierno con la excusa del trámite parlamentario. Ocurre con la Ley de Vivienda, la ley mordaza, la ley trans...
A ello se suman las diferencias con la ley de trata que hoy, en principio, llega al Consejo de Ministros. En principio, porque también estaba previsto que lo hiciera la ley de familias, pero a última hora de la noche del lunes desde Unidas Podemos informaron que no será así porque "el sector socialista retrasa" la aprobación. Fricciones, todas, que constatan que la agenda legislativa acrecienta la sensación de enfrentamiento. «La sensación es que se multiplican los frentes», reconocen y lamentan fuentes del Gobierno.
En el Gobierno asumen que la vuelta de las vacaciones de Navidad va a suponer el pistoletazo de salida de una campaña electoral hasta final de año. Y a medida que pase el tiempo será más complejos los pactos para sacar leyes, iniciativas. Y ello pese a que la coalición presume de mantener vivo y compacto el bloque de investidura. Por esto motivo, han reactivado las negociaciones para desbloquear la ley de vivienda, «tras un parón inexplicable de tres meses, sin voluntad de aproximación por parte del Gobierno» admiten en EH Bildu. En La Moncloa esperan desencallar esta normativa en breve.
«Vamos a unas semanas decisivas para que se puedan cerrar avances», constatan desde el Ejecutivo sobre leyes pendientes que guardan polvo hace meses. «Estamos en una fase para encarrilar asuntos». En el seno de la coalición admiten «tensión» y algún «problema» entre socios en algunas leyes.
Las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la ley trans están enquistadas y han hecho naufragar las negociaciones para un pacto. Hace tres semanas que Igualdad contactó con los socialistas con una propuesta para aceptar algunas de sus enmiendas a cambio de blindar tal y como está ahora la autodeterminación de género. Ayer, después de un largo «silencio», según fuentes del departamento, el PSOE rechazó ese acuerdo y comunicó que mantendrá «vivas» sus enmiendas.
Es decir, que sigue firme en su propósito de modificar la autodeterminación en los menores de edad para que los jóvenes de 14 y 15 años tengan que pasar por un juez para cambiarse de sexo, como harían también -porque así lo recoge el texto actual- los de 13 y 12 años.
Irene Montero alerta de que el PSOE buscará «sumar» con el PP para aprobar ese cambio y Podemos mete toda la presión a su socio advirtiendo de que sería «inconcebible» y «lamentable» que se aliara con «la derecha y ultraderecha» para «recortar derechos». Del lado de los morados está todo el bloque de investidura (ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís) más otras fuerzas como PDeCAT, Junts, BNG y CC.
Ley de trata: enésimo choque
Entre tanto desencuentro, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, muy crítica con la ley trans, convocó para mañana la primera reunión de trabajo sobre este texto y alivió el malestar creciente porque esa convocatoria se estaba retrasando en exceso.
A la pugna disfrazada de trámite parlamentario se suma la enésima pelea entre los socios es por la nueva ley que pretende proteger los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual. Se supone que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros -así lo anunció ayer Pedro Sánchez- pero lo cierto es que sigue habiendo un fuerte choque entre Igualdad e Justicia, o sea, otro pulso entre Unidas Podemos y el PSOE.
La raíz del conflicto está en la identificación y acreditación de las víctimas de trata. Igualdad exige que las inmigrantes en situación irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres. De igual modo, reclama que las organizaciones ajenas al Gobierno sean autorizadas para identificar quiénes son víctimas de trata y, por tanto, que puedan formar parte del proceso oficial para dar esa acreditación.
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