El Gobierno está a punto de poner el broche a la contrarreloj de tres meses de intensas negociaciones con ERC. Tras la derogación de la sedición y la aprobación de los presupuestos del Estado, ambas partes ultiman ahora la reforma de la malversación que los republicanos plasmarán en la enmienda que registrarán este viernes. Se trata del último eslabón antes de la mesa de diálogo que, según anunciaron en julio, debería reunirse antes de final de año para exhibir los acuerdos, una escenificación que dará luego paso a un año, el 2023, que será eminentemente electoral. Bisturí en mano, este jueves los republicanos pulían aún los últimos detalles del texto con dos pilares básicos: que la malversación no pueda ser utilizada para "perseguir" proyectos políticos y rebajar las penas cuando no haya enriquecimiento propio ni beneficio a terceros sin que eso vaya en detrimento del castigo a la corrupción.
El propósito no es precisamente sencillo y es de alto riesgo, y por eso tanto el presidente Pedro Sánchez como ERC se encomiendan constantemente a actuar de forma "quirúrgica". El efecto que ha tenido la aplicación de la ley del "solo sí es sí" pesa especialmente y por eso los esfuerzos se centran en cómo acotar las posibles interpretaciones jurídicas para no encontrarse con una batería indeseada de revisión de condenas. Para ello, precisan, hace falta ir más allá de deshacer la reforma que el PP hizo en 2015 tras la consulta del 9-N que se celebró en Cataluña bajo la presidencia de Artur Mas.
Si ERC da el paso de presentar la enmienda es porque tiene garantizado que contará con los apoyos tanto del PSOE como de Podemos para que esta reforma beneficie a los condenados o encausados por el 1-O. Junts, que ha presentado también sus iniciativas, pide directamente que no haya penas de cárcel si no hay lucro. En el Gobierno insisten en que no se producirá ninguna modificación en el Código Penal que favorezca la corrupción. Así lo dijo el martes el propio Sánchez, que se abrió a reformar el delito de malversación siempre que no conlleve "rebajas a las penas" de los corruptos. Este mismo mensaje lanzó una de las figuras más conservadoras del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este miércoles defendía que estudiarán todas las propuestas, con la "línea roja" de no "favorecer la corrupción". Este jueves ha sido turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha insistido en que no habrá "ninguna relajación" de las penas en los delitos graves.
También se ha pronunciado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, para descartar que Unidas Podemos vaya a presentar enmienda alguna para reformar la sedición. Otra cosa es el apoyo a la de los republicanos, que también harán lo propio con las iniciativas de los morados para matizar el nuevo delito de desórdenes públicos para evitar que se use para criminalizar las protestas ciudadanas. El PP, por su parte, ha reiterado sus reproches a Sánchez, a quien ha acusado de complacer las exigencias de ERC con el único objetivo de "seguir en el poder".
Condición de Junqueras
La reforma de la malversación tendrá también efectos en el Parlament. El líder de ERC, Oriol Junqueras, la puso como condición para aceptar el apoyo del PSC a los presupuestos de la Generalitat. Los republicanos, que han intensificado esta semana la negociación, ven "posible" que el Govern apruebe el proyecto la semana que viene. Este calendario va acompasado con el del Congreso. Los grupos parlamentarios tendrán hasta este viernes a las 18.00 horas para registrar sus enmiendas. Así, tan solo dos semanas después de que se aceptara a trámite la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal, se abrirá un periodo de apenas tres días para estudiar los cambios propuestos. El lunes se celebrará una reunión de la Comisión de Justicia en la que, previsiblemente, se ultimará el texto de la norma y se introducirán las modificaciones acordadas.
Salvo sorpresa, la enmienda que registre este viernes ERC llegará ya con el aval de socialistas y morados, por lo que a todas luces recibirá el visto bueno. Será el martes cuando la Comisión de Justicia se vuelva a reunir y apruebe el dictamen que se votará el próximo jueves en un pleno extraordinario. Con el 'sí' del Congreso, la norma pasará al Senado y continuando la tramitación exprés podría ser aprobada de manera definitiva en la última semana del año. Justo la fecha límite que maneja el Govern para que las cuentas catalanas se debatan en el Parlament.