Ni empresarios ni sindicatos consideran adecuado el periodo de cálculo propuesto por el Gobierno
l ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo ayer que la negociación del segundo bloque de la reforma de las pensiones va en la “dirección correcta” y que se está produciendo “una cierta convergencia de posiciones”. “Hay tiempo”, ha defendido Escrivá cuestionado por las diferencias con los agentes sociales sobre la ampliación del periodo para calcular la pensión y la subida de bases máximas, los dos temas abiertos en la mesa y comprometidos con Bruselas para este 31 de diciembre.
En rueda de prensa junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, Escrivá señalaba que el “clima habitual” en las negociaciones y enumerado los acuerdos sellados en estos últimos años. “Le sugeriría que viera la credibilidad que tenemos, la cantidad de acuerdos que hemos cerrado con los agentes sociales”, ha añadido el titular de Inclusión, que ha asegurado tener “la mejor de las expectativas” sobre esta reforma.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto a la patronal y los sindicatos ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años, descartando los dos peores años; y una senda para elevar la base máxima y la pensión máxima en las próximas tres décadas.
Por el momento, el acuerdo parece complicado, ya que desde el lado sindical rechazan de entrada una ampliación del periodo de cómputo y la patronal se opone a una nueva subida de las cotizaciones. La mesa volverá a reunirse el próximo 12 de diciembre.
Por parte de la patronal, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dijo que no comparte ni “la premura” ni el modelo que propone el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para reformar el sistema de pensiones en España. Antes de participar en un Consejo Industrial de la patronal burgalesa, Garamendi dijo que ahora “parece que hay premura de tiempo para aprobar lo que el ministro diga, pero a CEOE se le citó para una reunión el 12 de septiembre y una segunda esta misma semana”. “Es algo más serio y no se puede modificar con urgencia”, explicó el presidente de los empresarios.
Tras insistir en que es un tema que debe tratarse entre los partidos del Pacto de Toledo, Garamendi ha criticado el modelo que propone el ministro Escrivá porque “no es sostenible y carga contra las empresas, a las que hace perder competitividad”, ha afirmado Garamendi.
En este sentido, ha detallado que cada punto que se suben las pensiones por el IPC supone 1.500 millones, lo que supone que este año la subida total será de 15.000 millones de euros, que se sumarán a otros 3.000 millones por el efecto de la jubilación de la llamada “Generación del baby boom”.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, subrayaba por su parte que elevar el periodo de cómputo de la pensión no es “una medida necesaria” y que lo que toca es centrarse en negociar el resto de aspectos pendientes en la segunda parte de la reforma de las pensiones. Sordo dijo ayer que se trata de un “elemento que distorsiona la negociación” y que no hay “ni consenso político ni social” para sacarla adelante por lo que CCOO no entrará ni a negociarla.
“Esta medida no es necesaria y no hay consenso político ni social para sacarla adelante, por lo tanto lo que toca es negociar el resto de medidas”, dejaba claro el líder de CCOO.
UGT advirtió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de que no aceptará ninguna medida que implique rebajas en la cuantía de la pensión, por lo que le ha instado a retirar su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los dos peores años de cotización.
Según fuentes del sindicato, en la reunión de la mesa de diálogo social celebrada este jueves, la Seguridad Social ha trasladado a los agentes sociales que esta ampliación del periodo de cálculo sería “neutra” desde el punto de vista fiscal.
“En todo caso, nos parece que la propuesta distorsiona mucho el dialogo sobre la segunda parte del acuerdo y quizá sea mejor que el Gobierno la retire”, defiende UGT.