La condena por desobediencia grave a la representante de la CUP no supondría su entrada efectiva en prisión, pero sí la pérdida del escaño
El Tribunal Supremo ha juzgado este miércoles a la diputada de la CUP en el Parlament Eulalia Reguant por su negativa a responder a las preguntas de Vox en el juicio del procés. La Fiscalía pide para ella cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia grave. De ser condenada, cualquier pena de prisión conllevaría la pérdida del escaño.
Es la tercera vez que Reguant visita el Supremo. La primera fue en el juicio, cuando afirmó que no iba a contestar a un partido "machista y xenófobo", lo que le valió una multa de 2.500 euros. La segunda fue hace seis meses, en un primer intento de juicio que se aplazó al comprobar que por la fecha en la que había obtenido el escaño y había pasado a ser aforada se habían cometido errores procesales.
El juicio se aplazó para corregirlos hasta este miércoles, a punto de cumplirse el quinto aniversario del referéndum ilegal. Reguant ha llegado al Alto Tribunal en compañía de representantes de la CUP, parlamentarios de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, EH Bildu y BNG.
Frente a la acusación de la Fiscalía, la defensa ha expuesto diversos motivos que conducirían a la absolución. Uno, que la imposición de la multa impide imponer una segunda sanción (la prisión) a la acusada. También ha considerado que una condena vulneraría el derecho a la libertad ideológica de Reguant. Otros motivos han sido más procesales, como que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, no hizo realmente un requerimiento personal y reiterado advirtiendo a la testigo de lo que afrontaba si no respondía a las preguntas.
"Contradictorio"
Otra alegación ha sido la "absoluta desproporción" de la pena que se pide, que además conllevaría la pérdida del escaño. Si por el contrario se reclamara solo una multa eso no sucedería. La defensa ha mencionado lo sucedido con el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Perdió su acta de diputado en el Congreso por una condena y el asunto está en el Tribunal Constitucional, donde la fiscalía ha respaldado su recurso contra la pérdida del escaño.
El fiscal del Supremo ha considerado que se trata de un caso con circunstancias distintas al de Reguant y que no impide que esté reclamando prisión para ella. Ha ratificado la solicitud de cuatro meses de prisión y resaltado lo "contradictorio" de que la hoy diputada dijera en el juicio del procés que asumía las consecuencias de negarse a declarar, " y sin embargo parece que no se han asumido".
Sobre esto último, en el interrogatorio de su defensa ha insistido en que el presidente del tribunal no le advirtió de esas consecuencias, ni de la multa ni de la posterior acusación por desobediencia. También ha dicho que habría aceptado responder a las preguntas de Vox si se hubieran formulado a través del presidente del tribunal, como se barajó, pero que al final no se le dio esa opción.
Última palabra
La acusada, que ha declarado en catalán y solo a preguntas de su defensa, ha querido hacer uso del turno de última palabra. "Con la negativa a responder a Vox expresamos que aceptar la presencia de quien niega derechos fundamentales ya era una declaración de intenciones del poder judicial. Era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y en aquel procedimiento. La presencia de Vox se convirtió en una herramienta más para convertir el juicio en un juicio político, era un elemento más del engranaje represivo del estado que ha provocado que haya más de 4.000 personas represaliadas por defender la autodeterminación".
El presidente del tribunal, Miguel Colmenero, ha intervenido para decirle que ese no era el lugar para hacer "un alegato político en un sentido o en otro" y que debía ceñirse a la acusación a la que se enfrenta. Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la diputada de la CUP añadió que actuó "en conciencia" porque "el fascismo no puede tener cabida en una sociedad".
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