En agosto pasado, con España yéndose de vacaciones, el Gobierno presentó el anteproyecto de ley de información clasificada, lo que es un hito porque enterrará, si se aprueba, la regulación franquista al respecto. Son generalizadas las quejas de falta de transparencia y problemas de accesibilidad a una vasta documentación histórica que, precisamente por la salvaguarda de la norma de la dictadura, permanece oculta. En el Congreso, la oposición lleva tiempo intentando soltar este freno de mano. El PNV registró una proposición de ley nada más empezar la legislatura.
Pues bien, en agosto, el Consejo de Ministros decidió enviar a los órganos consultivos un borrador de nueva ley. El Gobierno, a través principalmente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, negoció esporádicamente con el PNV la opción de reemplazar la norma. El ascenso de Félix Bolaños al Ministerio de Presidencia generó un trasvase de cometidos, entre ellos el de hacer una nueva ley. El presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a ello.
A los órganos consultivos ha pedido el Ejecutivo urgencia, el procedimiento de urgencia. A punto de acabar septiembre no han trascendido noticias. La situación en el Congreso, pese a no tener el texto aún, es peliaguda. A los aliados, empezando por Unidas Podemos, no ha gustado nada lo que contó Bolaños a primeros de agosto.
Porque el anteproyecto, que es ambicioso, define categorías de protección y órganos competentes; describe procedimientos de clasificación y desclasificación, así como de reclasificación; detalla el proceso a seguir para acceder a la documentación, regula el intercambio con terceros países, concreta el papel del Parlamento en todo esto y hasta construye un régimen sancionador, con multas de hasta tres millones de euros.
Entre los aspectos más controvertidos del borrador del Gobierno, los plazos. Así, la información considerada de alto secreto se desclasificará automáticamente pasados 50 años, aunque de manera "motivada y excepcional" podrá aprobarse una prórroga de 15 años más. La información catalogada como secreta se podrá consultar transcurridos 40 años.
A Unidas Podemos no le agradaron esos umbrales de 50 y 40, pero tampoco a ERC, EH Bildu o a Más País. Y el PNV, el grupo que con más ahínco ha apostado en el Congreso por la sustitución de la regulación franquista (una ley de 1968 y un decreto de un año después), protestó. Sus portavoces fueron contundentes: "democracia inmadura", "llega demasiado tarde" o trata a los españoles como "menores de edad" fueron algunos de los recados que dijeron.
Vista la recepción dada, el Gobierno asumió que tendrá que negociar las propuestas de la oposición. A ver de cuánto tiempo dispone porque, ésa es otra, el ciclo de la legislatura ha entrado en fase final. Las fuentes parlamentarias consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, creen que la norma, ya hecha proyecto, arribará antes de finales de año, de modo que pueda negociarse durante la primera mitad de 2023, seguramente hasta antes de mediados de mayo, cuando el Parlamento se pare una semana por la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales.
El secreto de la ley de secretos
Pero las fuentes matizan que su cálculo sobre los plazos no deja de ser eso, un cálculo. Todas las fuentes, de Unidas Podemos a EH Bildu, pasando por ERC y PNV, reconocen que no tienen la menor idea. Después de un tiempo de silencio, y también de olvido, porque precisamente el proyecto no está irrumpiendo en primera línea de actualidad, la existencia del anteproyecto de ley de información clasificada volvió a la luz este miércoles gracias a Mertxe Aizpurua.
La portavoz de Bildu preguntó a Bolaños en la sesión de control, la más fugaz sesión de control de la legislatura porque sólo han tenido que responder cuatro ministros a las preguntas de la oposición, sobre dicha norma. Fue al grano desde la primera palabra, críticamente. Tras recordar que puede verse en una plataforma audiovisual estos días la serie documental "Salvar al rey", la diputada abertzale ha recalcado que "el manto de impunidad es tan grueso que un documental echa luz a lo que el Gobierno quiere ocultar. Viendo la ley de secretos, parece que seguirá siendo así".
A su juicio, lo que se ha conocido de la redacción "tiene muchas zonas de penumbra y opacidad", entre ellos ese plazo de clasificación de 50 años prorrogables 15 más, pues "eso supone secretismo sobre los GAL, los casos de tortura o los negocios oscuros de la Transición". "El Gobierno -ha reivindicado- no debe tener reparos en conocer la verdad sobre lo ocurrido", ha añadido antes de advertir que el anteproyecto no satisface a "Euskal Herria".
Bolaños, en respuesta, ha defendido el texto porque situará a España, cuando entre en vigor, si entra, "en la vanguardia europea". Además, como argumento principal, garantiza "máxima transparencia y máxima protección de la seguridad nacional".
La portavoz de EH Bildu y el ministro de Presidencia han empleado lenguajes muy diferentes. Para el coordinador del Gobierno de Pedro Sánchez, precisamente ésa, la protección de la seguridad nacional, es una premisa irrenunciable, algo que no ha formado parte de la intervención de la diputada vasca. No ha sido la única diferencia, ni mucho menos. Las sombras de sospecha que sobre la Transición siguen pesando, en opinión de la portavoz, son luces y claridad para el ministro. Ha cerrado su alocución con una defensa encendida de aquel periodo histórico por cuanto se trata del "pilar de la democracia" vigente. Es, además, "un capital del grupo parlamentario socialista".
Vistos que los puntos de vista son tan distintos, se avecina un trámite convulso. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha preguntado a los grupos, a raíz de la promesa de estudio de propuestas efectuada por Bolaños, si se han producido contactos, sondeos o tanteos, algo que pueda allanar el trámite posterior. Nada, ha sido la contestación más frecuente.
Entre las fuentes de los grupos de izquierda dudan de que haya tiempo. Remarcan que los visos de consenso se ven remotos, casi imposibles. Creen que el PP será el partido que salve la ley si efectivamente se tramita en el Congreso. Las fuentes de la dirección del grupo popular afirman a este medio que no han tenido noticias del Gobierno al respecto y se reservan, por tanto, una posición. Lo dicho: muchos secretos alrededor de la nueva ley de secretos. Ni siquiera el PSOE da pistas sobre plazos o planes, según indican sus fuentes.