Cinco años después del 1-O podría pensarse que los procedimientos judiciales abiertos a raíz del referéndum y, en general, por el otoño de 2017 en Cataluña ya habrán concluido. Pero la justicia tiene sus tiempos. Este es un repaso al estado en el que se encuentran las causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS), en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y en diversos juzgados catalanes a raíz de aquella consulta.
1. Cada vez menos huidos
El tiempo transcurre de forma distinta para los huidos que para los que están en casa. Y más cuando cada vez hay menos personas en el extranjero. Meritxell Serret primero y Anna Gabriel después han sido las primeras en regularizar su situación con la justicia española y poder volver a Catalunya. Claro que, en su caso, el riesgo era mínimo, porque ambas se enfrentan a un delito de desobediencia, penado con multa e inhabilitación, pero no con prisión. Serret está a la espera de juicio en el TSJC y se enfrenta a una petición fiscal de un año de inhabilitación, mientras que el sumario contra Gabriel acaba de ser concluido en el Supremo, para remitirlo a Catalunya.
El caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ que le acompañaron a Bélgica es distinto, porque se enfrentan a sedición y malversación de caudales, lo que, salvo modificación del Código Penal, significará para el primero una condena de al menos 13 años de cárcel como la que le fue impuesta a quien era su segundo en el Govern, el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
Mientras tanto, está pendiente de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes. Si el tribunal sigue el criterio del Abogado General de la UE será un duro revés para las pretensiones de los que se encuentran en rebeldía, porque significará que solo se podrá negar la entrega de un reclamado por vulneraciones de derechos sistémicas que no parece ser el caso de España.
2. Indultos pendientes del TS
Entre los asuntos que parece que no van a acabar nunca destaca el de los indultos del 'procés'. Un cambio en la composición de la sección encargada de resolver los recursos contra su concesión hizo que su revisión volviera a la casilla de salida. Las impugnaciones que habían sido rechazadas de plano al declararse que los recurrentes, en su mayoría partidos, no tenían legitimidad para hacerlo, volvieron a estar pendientes de resolución.
No obstante, el giro de los acontecimientos no significa que las medidas de gracia vayan a ser revocadas. Sino que a juicio de la mayoría que se conformó en el tribunal encargado de decidir al respecto, la falta de legitimación de un recurrente no puede declararse en un momento tan inicial, cuando no es obvia y hay discrepancias entre los magistrados, sino solo a la hora de dictar sentencia.
La concesión de los indultos es competencia del Gobierno y, a diferencia de otros casos en los que sí fueron revocadas, con los líderes independentistas catalanes el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso especial cuidado en motivar sus argumentos.
3. Reguant y Vox
Esta semana se ha celebrado en el Supremo el juicio contra Eulàlia Reguant por haberse negado a responder las preguntas que le iba a formular la acusación popular que ejercía Vox en el juicio del 'procés'. Se enfrenta a una petición fiscal de cuatro meses de inhabilitación. La vista oral que se iba a celebrar el pasado mes de marzo tuvo que suspenderse al no haberse tenido en cuanto que era diputada cuando se abrió juicio oral.
4. Jové, Salvadó y Garriga
Los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluis Salvadó están pendientes de ser juzgados en el TSJC por los preparativos del referéndum. Se les atribuyen los delitos de malversación (que comporta una pena de prisión), desobediencia y revelación de secretos. La fiscalía debe presentar aún su escrito de acusación, en el que puede incluir o no todos estos delitos. En este proceso también figura la ‘consellera’ de Cultura, Natàlia Garriga, a la que se le acusa de desobediencia por desatender los mandatos del TC. Estas pesquisas derivan de la causa contra exaltos cargos de la Generalitat que tramita el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Su titular concluyó que los Jové y Salvadó tuvieron una “participación activa” en la organización de la consulta y la planificación de las denominadas estructuras de Estado.
5. Preparativos del 1-O y política exterior
La Audiencia de Barcelona confirmó en abril de 2021 el procesamiento cargos del Govern y empresarios por la organización del 1-O y a los que se les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad y prevaricaciones. Entre los 28 investigados se encuentra la que era presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA), Núria Llorach; los exdirectores de TV-3 y Catalunya Radio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera delegado del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj, y el exsecretario del Diplocat, Albert Royo. La fiscalía ultima su escrito de acusación. La Audiencia debe resolver si de une a este procedimiento otro que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 18 sobre presunta malversación por la internacionalización del ‘procés’, en el que están implicados el ‘exconseller’ de Exteriors, Raül Romeva, el exsecretario de Govern, Víctor Cullell, y también Albert Royo.
6. Cargas policiales
El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga las cargas policiales en varios centros de votación durante el 1-O en la capital catalana. Hay 65 agentes de la Policía Nacional, entre ellos algunos mandos, imputados. La causa se dividió en diferentes piezas separadas (una por cada centro de votación en el que hubo intervención policial), pero después se unificaron. Todavía debe concluirse la instrucción y después pasará el asunto al fiscal para que presente, si considera pertinente, su escrito de acusación. El pasado mes de junio, el togado si que dio por concluida la investigación del escopetero que presuntamente causó a Roger Español (también acusado por lanzar una valla contra los uniformados) la pérdida de un ojo por el disparo de una pelota de goma en el 1-O.