Un “enemigo” con varias caras, escurridizo, descentralizado, cada vez más sofisticado y que, en ocasiones, se parapeta tras personajes de éxito utilizados como reclamo. Es, a grandes rasgos, el perfil que realizan los expertos de los estafadores con criptodivisas. Reunidos en “grupos transnacionales”, los integrantes de estas tramas organizadas llevan años aprovechando la opacidad que ofrece internet y los resquicios de los llamados “paraísos tecnológicos” para cometer fraudes a gran escala con dinero digital.
Este buscador de los Mossos reúne las 476 webs de la estafa de criptomonedas que afectó a 17.000 españoles
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Tras un período de crecimiento descontrolado, el mercado de las criptomonedas lleva tiempo dando señales de agotamiento. Es una incógnita si esta será la crisis definitiva. De lo que no hay duda es del reguero de damnificados que, hasta ahora, deja el mundo desregulado de la criptodivisa. Miles de ahorradores e inversores que, seducidos por rentabilidades desorbitadas, han acabado arruinados y, en muchas ocasiones, endeudados tras confiar en operaciones financieras tan atractivas como imposibles.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas cuatro macroinvestigaciones que, en suma, habrían generado un fraude de más de 1.500 millones de euros, según las acusaciones. Las víctimas se cuentan por miles. Son los casos Algorithms, Arbistar, Kuailian y Nimbus, en los que están siendo investigadas una veintena de personas. De forma paralela, juzgados de toda España hacen frente a un goteo de denuncias sobre supuestos chiringuitos financieros que se han ido sumando al carro de los criptoactivos. “Es una delincuencia que está en crecimiento constante. Al efecto del confinamiento se suma un entorno económico complejo y una cierta desconfianza en la banca tradicional”, afirma Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática. Tejada es la encargada de coordinar el trabajo de los 150 fiscales especializados en el cibercrimen.
Los expertos explican que aunque cada estafa tiene sus singularidades, en muchas existe un patrón común: la existencia de esquemas de fraude piramidal en el que los inversores más antiguos se alimentan de las entradas de capital de los más recientes. De hecho, en ocasiones, los investigadores sospechan que ni siquiera se llega a operar en el mercado de monedas digitales. La existencia de retornos muy altos —de hasta el 15% o 25%— en poco tiempo y la devolución de una pequeña cantidad en los primeros meses o semanas es el gancho habitual.
El comandante Alberto Redondo, miembro de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, distingue entre dos tipos de fraude. Por un lado, los “esquemas ponzi de toda la vida” en los que las criptomonedas sólo se usan como señuelo y “ni se tocan”. Y, por otro, las “falsas inversiones” en dinero digital. Para urdir el fraude, prosigue Redondo, los estafadores se sirven de páginas web de apariencia legal, en las que se llega a utilizar como reclamo a clubes de fútbol o personajes famosos. Así ocurrió, por ejemplo, en una de las últimas redes desarticuladas por los Mossos y la Guardia Civil y que deja 17.000 víctimas solo en España. Una de las empresas investigadas, EverFX, patrocinó durante tres temporadas al Sevilla FC.
Los investigadores dibujan un esquema que se repite en muchos de los casos analizados. Todo comienza con una primera inversión que suele ser de una cantidad pequeña, de alrededor de 300 euros e incluso menos. “A partir de ahí se empieza a generar una empatía con la víctima a nivel comercial. Te colocan a tus propios asesores, que son supuestos expertos en economía financiera, y las presuntas ganancias se van reflejando en páginas web de apariencia real pero que son totalmente falsas. Es habitual que, para ganarse su confianza, las víctimas recuperen al principio pequeñas cantidades de dinero. Y ahí empieza la presión para invertir más y más”, explica el comandante Redondo.
Víctimas consultadas por este periódico relatan verdaderas situaciones de hostigamiento y manipulación, con horas y horas al teléfono con los supuestos brókers, con los que se traba una relación de confianza a pesar de que nunca se ven cara a cara. Ni siquiera hablan por videollamada. Es habitual que en esas comunicaciones se escuche de fondo el rumor característico de los call center. En la citada operación de los Mossos y la Guardia Civil fueron desmantelados 15 centros telefónicos utilizados para comunicarse con las víctimas en Albania, Georgia, Ucrania y Macedonia del Norte. En uno de los locales de Kiev había 800 trabajadores.
Investigaciones a contrarreloj
En ocasiones, las víctimas hacen la inversión en determinada criptomoneda (bitcoin, monero, ethereum…). Pero es habitual que quienes no están familiarizados accedan a descargarse en su ordenador programas de software de control remoto como TeamViewer o Anydesk. Estas aplicaciones permiten a los estafadores realizar las supuestas transacciones como si fueran titulares del dinero y, lo que es más relevante, acceder a todo el equipo. “Eso abre las puertas de toda la intimidad de una persona a una organización criminal. Se han dado casos de obtener datos personales y fotografías para posteriores estafas”, relata el comandante.
Los estafados se dan cuenta de que todo es un engaño cuando intentan recuperar el dinero. De hecho, suele ser ahí cuando reciben un golpe más al exigirles nuevos pagos en concepto de obligaciones fiscales, impuestos o tasas. “La consecuencia es que el dinero no vuelve a sus bolsillos”, explica el abogado Francisco Jiménez, socio del despacho Zaballos Abogados y vicepresidente de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación popular en varios casos de estafas. Este letrado insiste en la importancia de que las denuncias se presenten con celeridad, pero también de que las investigaciones policiales y judiciales se inicien lo antes posible. “Es muy importante la inmediatez para que se rastree la trazabilidad de las wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] y se embarguen los activos lo antes posible para poder asegurar las cantidades”, afirma.
Las fuentes consultadas hablan de una carrera a contrarreloj para abordar cuanto antes fraudes extremadamente enrevesados y preservar una “evidencia digital” [cualquier información que sirva como prueba] que es volátil y efímera. Pero no es nada fácil. Ignacio Palomar, director de Servilegal Abogados, bufete especializado en la atención a víctimas de criptoestafas, relata la dificultad que sufren los afectados a la hora de poder recuperar el dinero estafado. “El bitcoin se crea para evitar el rastreo, para ser una moneda anónima. Por eso es blanco de estafas y sufre una gran desprotección jurídica. No forma parte de un mercado regulado”, ilustra.
En esta línea, la fiscal Tejada explica que a “toda la complejidad” que ya soporta la investigación de cualquier delito que se comete en la red se suma el hecho de que se trata de monedas sobre las que “no hay ningún control económico del Estado”. Por tanto, cualquier información sobre los movimientos realizados con ellas depende de los proveedores de compraventa y de custodia de monederos electrónicos, respecto de los cuales la obtención de información presenta todavía “muchas dificultades”.
Las claves de la nueva regulación
La fiscal Tejada da relevancia a la llamada Quinta Directiva, que se traspuso al ordenamiento español el año pasado. Esta regulación incluye la creación de un registro de proveedores de servicios de criptomonedas que tienen que facilitar información sobre operaciones sospechosas y que además limita parcialmente el anonimato que caracteriza a los criptoactivos. De forma reciente también se ha aprobado el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest —centrada en la ciberdelincuencia— que, entre otros aspectos, genera nuevas herramientas para obtener esas evidencias digitales de forma más ágil. “Se van dando pasos, aunque son cortos para lo rápido que avanza todo en el mundo digital. Al final, la red evoluciona y el derecho va detrás”, admite esta jurista.
También la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado pasos para incrementar la vigilancia sobre los criptoactivos. Por ejemplo, publica semanalmente advertencias sobre entidades “sobre las que tiene indicios de que podrían estar ofreciendo servicios para los que no están autorizadas y podrían tratar de defraudar a los inversores”, explica un portavoz. Además, desde el pasado febrero supervisa todas las campañas de publicidad de criptomonedas. Hasta el pasado octubre había realizado 136 requerimientos para pedir el cese o rectificación de alguna campaña.
El comandante Redondo reconoce que la nueva legislación ha “agilizado” las investigaciones a nivel de la Unión Europea, pero sigue habiendo enormes dificultades con los operadores que están situados en países donde “no fluye la información”. Es el caso de China, Rusia, Chipre… Además, una vez que los fondos salen de esos operadores, su rastreo es complejo. Requiere una formación muy especializada, con herramientas muy concretas y de precio muy elevado. La licencia anual de estos programas de rastreo puede alcanzar los 24.000 euros, según fuentes del sector. “Y el problema es que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tienen las licencias que harían falta”, lamenta Francisco Jiménez, de Zaballos Abogados.
La especialización de los diferentes actores que participan en la investigación también es clave, según los abogados que impulsan los principales procedimientos abiertos en España. Se refieren a jueces, fiscales, policías, peritos… “Muchos jueces no comprenden los términos esenciales. Hay un cierto desconocimiento incluso a nivel técnico”, sostiene Carlos Aránguez, que defiende a varios grupos de afectados. Por eso los bufetes tratan de agrupar a las víctimas en macrodemandas dirigidas a la Audiencia Nacional, un tribunal menos saturado y con mayores recursos. “La unión hace la fuerza y la Audiencia Nacional es el órgano que tiene los medios y los conocimientos para llevar adelante estos procedimientos”, añade este abogado. Son procedimientos tan complejos y con tantas víctimas que pueden acabar por “colapsar” los juzgados ordinarios, sostienen.
El fenómeno es tan incipiente que ni siquiera hay casos sentenciados. De los grandes procedimientos, las fuentes consultadas afirman que el que tiene la investigación más avanzada es Arbistar, aunque el juez acordó recientemente prorrogar seis meses más las pesquisas, hasta abril de 2023. En esta causa están siendo investigadas más de una decena de personas por una presunta estafa piramidal que habría generado un fraude de más de 100 millones de euros. Las víctimas podrían alcanzar las 30.000 en países de todo el mundo. Desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros. El juez decidió extender la investigación al estar pendientes varias comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación y la ampliación de un informe de la Guardia Civil sobre el algoritmo informático que automatizaba la compraventa de activos.
En los últimos días ha dado un vuelco otro de los principales procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional: el caso Algorithms, en el que se investiga otra estafa a gran escala con dinero digital que deja más de 3.000 afectados. Su supuesto cabecilla, Javier Biosca, apareció muerto en Estepona (Málaga) tres semanas después de salir de la cárcel. Era el único de los grandes encausados en estas macroestafas que había estado en prisión provisional. La investigación se dirige también contra su mujer y su hijo, aunque los abogados de las víctimas temen que el fallecimiento del principal imputado acabe propiciando un cierre en falso de las pesquisas.
Detrás de estas investigaciones hay miles de personas que han arriesgado sus ahorros e incluso se han embarcado en créditos que ahora les resultan impagables. El perfil de quienes se han lanzado sin paracaídas a estas inversiones tampoco es homogéneo. En el caso Algorithms, por ejemplo, hay quien metió cantidades modestas, desde mil euros; y otros, muy elevadas, de hasta un millón; con “perfiles de todo tipo”. Son los verdaderos perdedores del ‘cripto fraude’, pues tendrán enormes dificultades para recuperar su dinero. Los expertos sostienen que hay situaciones verdaderamente “dramáticas”, aunque defienden que las investigaciones abiertas son la vía para que no caigan nuevas víctimas. “Hemos pasado por una pandemia de ciberestafas, pero estos procedimientos están siendo la vacuna para que no surjan nuevas”, sentencia el abogado Carlos Aránguez.