La ministra de Justicia, Pilar Llop, recibe esta semana al comisario europeo Didier Reynders, que ha manifestado públicamente su interés en ayudar al desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsando un diálogo entre el PP y el PSOE que parece ya roto de manera definitiva. Entre sus principales preocupaciones, el incumplimiento por el Consejo, a cuenta de los vocales conservadores, de los nombramientos del Tribunal Constitucional y la imagen que esta situación proyecta de la justicia española a nivel internacional. Asegura que por el momento su interés está en la cartera de Justicia, pese a que en las últimas semanas haya sorprendido con un perfil fuertemente político y que su nombre haya sonado como candidata a la Alcaldía de Madrid por el PSOE.
Parece que los escollos para la renovación del CGPJ se multiplican. ¿El Gobierno lo da ya por perdido hasta el fin de la legislatura?
¿Quién puede dar por perdida la Constitución? ¿Quién puede dar por perdido el cumplimiento de la Constitución? Y menos yo, en mi situación.
¿Es la visita del comisario Reynders esta próxima semana la última oportunidad?
No creo que el comisario Reynders se vaya a colocar en una posición mediadora, porque España tiene que demostrar que es una democracia madura y que sus instituciones son capaces de llegar a ese acuerdo para la renovación del CGPJ. No es el Gobierno el que tiene que renovar, pero sí denunciar, y así lo he hecho todos y cada uno de los días que llevo en este Ministerio, la situación de daño institucional que está generando el Partido Popular desde hace cuatro años, que no renueva el Consejo General del Poder Judicial, que no cumple con la Constitución, no cumple con la Ley. Agradezco mucho al Comisario Reynders su preocupación, evidentemente muy seria y muy sincera por este tema. De hecho, él en su informe sobre el Estado de Derecho y en sus manifestaciones ya ha urgido a las fuerzas políticas a que renueven el Consejo. Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, volveré a explicarle que aquí no hay equidistancias, que aquí quien está bloqueando la renovación es sólo una fuerza política, que es la que tiene la clave para desbloquear, porque es con ella con la que se conseguirían los tres quintos de mayoría suficiente para la renovación y que es el Partido Popular.
¿A qué cree que obedece esta posición del PP?
Al Partido Popular no le interesa ahora mismo y lo digo por la actuación que está teniendo, tener un Consejo General del Poder Judicial que no responde a la realidad ciudadana, a la realidad del Parlamento que tenemos en la actualidad. Deberíamos estar hablando de la renovación dentro de un año del próximo Consejo y de lo que estamos hablando es de la renovación de un Consejo que fue nombrado hace nueve años, ya caducado hace cuatro, con sus competencias mermadas, con un daño institucional y a nuestro prestigio internacional que no tiene precedentes. El Partido Popular está destrozando las instituciones judiciales con esta actitud, y no se da cuenta. Y puede que esta situación no sea reversible.
¿Qué quiere decir con que puede que no sea reversible?
Me refiero al daño que está ocasionando en el prestigio institucional, en la imagen y el ejemplo que se está dando en los ciudadanos. No cumplir con la ley y la Constitución puede generar consecuencias irreversibles ¿Cómo vamos a exigir después a los ciudadanos que cumplan las leyes con rigor y seriedad si hay un un partido que no las está cumpliendo?
Usted dijo en rueda de prensa del Consejo de Ministros que quiere que el comisario europeo escuche su voz. ¿Qué le va a pedir concretamente?
Que aquí hay un bloqueo, exclusivamente de un grupo político, que no hay equidistancias y que es urgente la renovación del órgano de gobierno de jueces y juezas. Le voy a decir lo que nos cuesta también en términos económicos, presupuestarios la falta de renovación, el daño que se causa a los ciudadanos. También el por qué nosotros tenemos este modelo, el de elección parlamentaria de doce de los 20 miembros del Consejo, y expondré mi visión sobre que no hay estándares en Europa, por más que se empeñen. Hay países en los que ni siquiera hay Consejo General del Poder Judicial y en otros es el propio Ejecutivo el que nombra a los altos cargos judiciales. Nuestro sistema es en el que el Gobierno tiene menos injerencia de todos los países que tienen estos órganos de gobierno. Y precisamente también por eso, es el órgano que tiene más competencias que otros países. Fíjese, aquí el Consejo hace informes a los proyectos de ley, que es una competencia de un contenido político extraordinario. Es un órgano técnico, pero también un órgano de naturaleza político-judicial.
¿Piensa que el discurso del PP está calando en Europa, en relación con el cambio de modelo del CGPJ? Tanto Reynders como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, siempre dicen que España tiene que renovar su Consejo, pero seguidamente abrir un proceso para buscar otro modelo.
Debe decidirlo el propio legislativo, que es el que hace las leyes y establece el marco legislativo en el que nos movemos. Yo esto también se lo quiero explicar al comisario Reynders. Estoy segura de que ya lo sabe, porque él es un político de casta, sabe lo que es la división de poderes. Quiero insistirle en el modelo que tenemos.
Reynders ya ha escuchado la postura del PP...
Es verdad que él ya había escuchado al Partido Popular. El señor Pablo Casado (expresidente del PP) se había ocupado de ir criticando a España en varios aspectos, también en éste, diciendo que tenemos un sistema que no garantiza la independencia de los jueces y las juezas. Quiero explicarle al señor Reynders que nosotros tenemos una justicia independiente, una justicia de trinchera independiente. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de naturaleza político-judicial, no es de la jurisdicción y no se puede mezclar y confundir todo, como hace el Partido Popular. Dicho esto, si se abre un debate, se tendrá que abrir en el legislativo. Este Gobierno nunca ha presentado un proyecto de ley que afecte a la reforma del Poder Judicial. Se hacen proposiciones de ley, porque es el legislativo el que debe decidirlo. También le quiero decir al comisario Reynders que este modelo vigente, del que ahora reniega el Partido Popular, ha sido utilizado por ellos durante más de 35 años. Yo me pregunto si los vocales del CGPJ que ha propuesto a lo largo de estos 35 años no son independientes, yo me lo pregunto. ¿Por qué cuando han tenido mayoría absoluta no han modificado el modelo, si no les gusta?. También me pregunto cuando han tocado la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuando tenían mayoría absoluta, por qué lo que han hecho es debilitar el órgano del Poder Judicial haciendo vocales permanentes y no permanentes, de primera y de segunda. Eso también debe saberlo el comisario, así como las veces que el Partido Popular, estando en la oposición, ha bloqueado el nombramiento del Consejo. En total más de siete años de un Consejo hurtado a los ciudadanos.
Entonces, ¿no descartan abrir el melón de una proposición de Ley, una vez se resuelva la urgencia?
Vamos a renovar, y luego hablamos de lo que haga falta, no vamos a anticipar.
En su duro discurso con motivo de la apertura del Año Judicial, Lesmes no sólo reclamó la renovación del CGPJ, sino la retirada de las reformas de marzo del 21 y la del pasado mes de julio, pues el Tribunal Supremo se encuentra en una situación insostenible. ¿Se plantean hacerle caso y volver a un CGPJ pleno de competencias?
Esa reforma fue una proposición de ley del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, y se hace porque, evidentemente, todos los poderes que están en funciones tienen limitadas sus competencias. Lógicamente, esta ley lo que hace es limitar las competencias de uno más de los poderes del Estado, y para derogarla debería ser otra iniciativa del Poder Legislativo. El Gobierno no puede plantearse una situación como esa.
"Sobre un cambio de modelo en la elección de vocales, si se abre un debate, se tendrá que abrir en el Legislativo".
¿Se plantean un escenario con Lesmes dimitiendo dentro de unas semanas si persiste el bloqueo, tal y como aventuró en su discurso? ¿Qué pasará entonces?
El que se lo ha planteado es el señor Lesmes, y no el Gobierno. Pero vamos a esperar que eso no ocurra, que no tenga que utilizar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite la renuncia de cualquier vocal. También he escuchado que de dimitir los vocales del Consejo ello supondría un delito de abandono. Pero si la propia Ley prevé un mecanismo de dimisión, cuando uno no está en ejercicio de su cargo porque ha renunciado a su cargo, nunca puede cometer un delito de abandono. A veces son presiones que se utilizan también interesadamente.
Hay otra renovación pendiente, la del Tribunal Constitucional. Este miércoles volvió a fracasar la ultima reunión celebrada para ello en el CGPJ. ¿Cuánto esperará al Gobierno antes de hacer los nombramientos que le corresponden?
Desde el momento en el que nombre el Consejo, unos días.
¿Eso quiere decir que el Gobierno ya tiene decididos los nombres de sus magistrados?
Hay extraordinarios hombres y mujeres juristas en nuestro país que pueden ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional, con unas trayectorias brillantes, y también magistrados para que el Consejo General del Poder Judicial pueda cumplir con la ley, y llegar a ese acuerdo. Los del Gobierno serán extraordinarios o extraordinarias juristas.
¿Le gustan los nueve candidatos que hay sobre la mesa del CGPJ, aportados por el sector progresista de ese órgano? Responden además a diferentes sensibilidades.
El Gobierno no se va inmiscuir ni opinar porque es una competencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí me sorprende es que el señor Feijóo haya arremetido contra la última reforma, diciendo que es inconstitucional.
¿Qué tiene que decir ante las críticas que hablan de que ustedes quieren un TC 'ad hoc' o pretenden integrar un catedrático independentista para satisfacer a sus socios independentistas?
Cuando el señor Núñez Feijóo esté en el Gobierno, que se traiga a las personas que desee. Pero a mí lo que me preocupa es qué tiene que decir sobre la renovación, porque ahora corresponde al Gobierno y al Consejo de Poder Judicial. Siempre he mantenido que el Gobierno podría nombrar a los dos magistrados que le corresponden aunque no se hubiera producido la reforma, y lo he mantenido primero por lógica institucional, porque ni el Consejo puede bloquear al Gobierno ni viceversa. Imagínese que el Gobierno conociera que el Consejo quiere nombrar a dos personas de una orientación que no le interese y bloquease no decidiendo nombrar. Además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se pueden producir ese tipo de bloqueos. Yo pido a los vocales que todavía no han puesto nombres sobre la mesa (los conservadores) que ellos también acataron la Constitución, y que tienen que colocarse en una posición constitucional. Es a lo que les obliga su cargo. Ellos no pueden hacer oposición ni a un Gobierno ni a un partido político. Además, están cobrando un sueldo, tendrán que cumplir con las leyes, ¿O se les suspende el sueldo cuando no cumplen con ello? Fíjese, quizá hay que replanteárselo.
"Les digo a los vocales que todavía no han puesto nombres sobre la mesa que ellos también acataron la Constitución, que tienen que colocarse en una posición institucional. Es a lo que les obliga su cargo".
Sobre el indulto solicitado por Griñán. ¿Se plantean algún plazo para remitir el expediente al Tribunal Supremo y se puedan recabar los informes?
No hay fechas ni plazos. Quien forma realmente el expediente es el propio tribunal sentenciador. No nos ha llegado aún formalmente la sentencia, por lo que aún no se ha incoado el expediente que hay que remitir. En cualquier caso, este expediente se tramita de la misma manera que cualquier otra petición de indulto, igual que todos.
Se ha mostrado muy crítica con la sentencia durante su intervención en el Senado. Habló de que no es unánime y que está siendo "contestada por la doctrina penal", por la opinión de algunos catedráticos. Según la oposición están preparando el terreno para indultar. ¿Es así?
Cada uno puede pensar lo que quiera. No voy a anticipar un pronunciamiento sobre un expediente en el que ni tan siquiera hemos podido estudiar la sentencia, los dos votos discrepantes y los informes preceptivos. Sería un atrevimiento, hay personas involucradas en los expedientes.
Pero los indultos polémicos tienen un coste político. Tras la medida de gracia a los presos del 'procés' se produjo la salida de Juan Carlos Campo del Ministerio de Justicia ¿Teme que le pueda ocurrir lo mismo?
Yo no le tengo miedo a nada, creo que ha quedado bastante claro, que soy una mujer muy valiente y que soy una persona de convicciones, esté aquí, en el juzgado que me toque estar, o esté por la calle viendo una injusticia, o en el Metro.
Teniendo en cuenta esa valentía. ¿Va usted a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid?
Estoy centrada en el Ministerio. Ese es el proyecto que yo tengo y el proyecto para el que estoy aquí.
"Lo que sí me sorprende es que el señor Feijóo haya arremetido contra la última reforma, diciendo que es inconstitucional".
En las últimas reuniones del partido, el presidente Pedro Sánchez viene diciendo que la prioridad es dar la batalla en las elecciones del próximo año, y apostar por candidatos muy reconocibles por el ciudadano. ¿No se sitúa en ese lugar?
Yo estoy muy bien situada donde estoy ahora mismo.
Una última pregunta. Las acusaciones en el caso Kitchen están solicitando la imputación de la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, dado el contenido de algunas conversaciones que mantuvo con el comisario Villarejo. ¿Cree que este asunto llegará a tener un coste para el PP de Núñez Feijóo?
De particularidades judiciales, todo el respeto. Hay una investigación de la que no tengo nada que decir, pero evidentemente la corrupción tuvo un coste en su día para el señor Rajoy, que fue objeto de una moción de censura. Lo que estamos viendo es que la corrupción es el pecado capital que tiene el PP, el octavo pecado capital.