Los casos denunciados por usurpación en Instrucción, según las sentencias dictadas, pueden prolongarse hasta casi un año. La vía civil sigue siendo la más frecuente
La estadística que maneja la Subdelegación del Gobierno refleja que la okupación de viviendas en Vigo se redujo en el último año en un 47% y que en más del 70% se produce en viviendas abandonadas. Pese a esas cifras, los juzgados siguen celebrando vistas tanto en civil y penal contra “inquilinos forzosos”. Desde el verano de 2021 hasta la fecha, el número de condenas penales por delitos leves de usurpación se situó en una decena, todas ellas con multas que se situaron entre los 180 euros de cantidad mínima a los 540 y la medida cautelar de desalojo en los casos en los que los denunciados todavía continuaban en el inmueble a pesar de la denuncia y el procedimiento, según las sentencias recogidas por el Consejo General del Poder Judicial.
Estas causas que van por vía penal prolongarse entre los dos y los once meses hasta que se produce un fallo judicial y por encima del año si hay recurso por parte de la parte denunciada ante la Audiencia, algo que se ha producido al menos en seis ocasiones este año, ratificándose casi en su totalidad las sentencias impuestas en primera instancia.
La estadística refleja no obstante que es la vía civil la más frecuente y, teóricamente la más rápida para desalojar a okupas de una vivienda en propiedad. No obstante, la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia en Vigo juegan en contra de los plazos estipulados para los “desahucios exprés”. En los seis primeros meses del año, los Juzgados de Primera Instancia vigueses tramitaron una docena de casos para recuperar la posesión de propiedad, una cifra similar a la registrada en toda la provincia en el primer trimestre de 2022.
Las situaciones más habituales a las que se enfrentan los propietarios tienen que ver con los desalojos de inquilinos morosos, que se niegan a abandonar los domicilios una vez dejan de pagar las cuotas o se finaliza el contrato. En este caso, las demandas en seis meses alcanzaron las 288.
De la “ocupación” de viviendas a la de nichos
Un juzgado de Instrucción de Vigo llegó a hacerse cargo de un insólito caso ocurrido en el partido judicial, sobre una denuncia de usurpación no de un inmueble sino de los nichos de un cementario. La sentencia, absolutoria, fue confirmada en abril del año pasado por la Audiencia que rechazó un recurso de la parte denunciada por las costas. Según se recoge el fallo, los hechos tuvieron lugar en julio 2020 cuando el afectado formuló denuncia a la Guardia Civil porque a cuatro nichos numerados le arrancaron la placa con el nombre de su padre siendo sustituida por otra a nombre de otra persona, que le había robado o usurpado las tumbas, donde se encontraba enterrada su familia. La sentencia asegura que la parte denunciante renunció a la acción penal reservándose la civil, mientras que la denunciada habría manifestado a la Guardia Civil que había comprado unos panteones en el cementerio a una inmobiliaria, pero sin aportar documentación.