El empresario Luis Medina ha solicitado al juez Adolfo Carretero que cite al empresario malasio San Chin Choon a declarar en el caso de las mascarillas desde la Embajada de España en Kuala Lumpur (Malasia), ante su alegada imposibilidad de desplazarse a territorio español para comparecer por motivos laborales.
El empresario Luis Medina ha solicitado al juez Adolfo Carretero que cite al empresario malasio San Chin Choon a declarar en el caso de las mascarillas desde la Embajada de España en Kuala Lumpur (Malasia), ante su alegada imposibilidad de desplazarse a territorio español para comparecer por motivos laborales.
En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, la representación legal de Luis Medina alega la "capital, necesaria e imprescindible intervención y declaración" del empresario malasio ya que la información que pueda facilitar "es absolutamente imprescindible y relevante" en la resolución del procedimiento.
San Chin Choon es la persona que suministró material sanitario a los investigados Luis Medina y Alberto Luceño para su venta al Consistorio capitalino. El Ayuntamiento de Madrid pagó casi 11 millones de euros, de los que seis acabaron en manos de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes exclusivos de Leno, la empresa de San Chin Choon.
En este sentido, Luis Medina pide al juez que fije día y hora para tomar declaración por medio de videoconferencia a San Chin Choon y use para ello "los medios pertinentes al Decanato y a la Embajada de España en Kuala Lumpur" y se facilite un traductor jurado del idioma chino para la traducción simultánea.
San Chin Choon trasladó al juez su imposibilidad desplazarse a España para comparecer por motivos labores y se ofreció a declarar en el día 21 o 28 de octubre a las 10 horas a través de una videoconferencia desde la Embajada de España en Kuala Lumpur.
Más Madrid ha solicitado que se cite al empresario malasio en el Juzgado y no por videconferencia. En esta línea, la representación legal de Medina recuerda en su escrito que todos los juzgados, y más después de la pandemia del covid-19, están preparados para poder acceder al sistema de videoconferencia "de una manera fiable, rápida, económica y eficaz".
El pasado julio, el juez Adolfo Carretero se opuso a la petición de Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria a Malasia para interrogar al proveedor malasio debido a que este país flagela a sus presos, lo que supone "un obstáculo insalvable para cualquier cooperación judicial".
Anulación de los registros
Asimismo, el empresario madrileño también ha pedido al magistrado que investiga el caso de las mascarillas que revoque y declare nulos las órdenes de entrada y registro en la sede social de Takamaka Investments S.L del pasado 22 de septiembre, y alega al respecto que él mismo ha entregado la documentación que se le ha requerido para que obre en la causa mientras que las comunicaciones telemáticas han sido ya intervenidas.
"Es contrario a derecho tratar de justificar una diligencia de entrada y registro señalando que el investigado no ha aportado voluntariamente una hipotética documentación, sin siquiera indicar cuál sería supuestamente, además de que, como obra en autos, no hay documentación que le haya sido requerida y no haya entregado", señala en el escrito consultado por Europa Press.