El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que "el Gobierno está siendo ingrato" con los trabajadores
Miles de funcionarios se manifestaron este sábado en Madrid, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), "por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos".
El sindicato ha asegurado que a la manifestación han acudido más de 70.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha situado la participación entre 15.000 y 17.000 personas.
A esta protesta, convocada para las 12.00 horas, estaban convocados trabajadores de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que "el Gobierno está siendo ingrato" con los trabajadores, "tanto del sector público como del sector privado", y que la multitudinaria manifestación "es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle".
Borra ha resaltado que los empleados públicos "arrastran un 20% de pérdida de poder adquisitivo" en la última década, desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "les bajó el sueldo". "No puede ser que la crisis caiga siempre sobre los hombros de los trabajadores", ha añadido.
Además, ha esgrimido que el Gobierno ha pasado de considerar a los empleados públicos como héroes durante la pandemia a tratarles de manera ingrata y ningunearles", añadiendo que el Gobierno "se está equivocando y lo pagará en las urnas".
Pese a que esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha convocado a los sindicatos para iniciar el próximo miércoles la negociación de los sueldos en las administraciones públicas en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), CSIF decidió continuar con la movilización ante la situación económica actual y la falta de eficacia de las medidas del Gobierno.
De cara a esta negociación, Borra, en declaraciones a los medios, ha asegurado que exigirán al Gobierno que "ya en este ejercicio 2022 haya una compensación por el poder adquisitivo perdido", con carácter retroactivo, y que haya un compromiso de negociación conjunta para los PGE de los ejercicios 2023 y 2024.
La Policía Nacional y la Guardia Civil también han pedido durante la jornada de hoy la equiparación salarial a las fuerzas de seguridad autonómicas.
El secretario general del sindicato Jupol, Aarón Rivero, ha reivindicado la "jubilación digna" para policías nacionales y guardias civiles, que se jubilan con "800 o 900 euros menos que un mosso d`Esquadra".
Rivero ha añadido que, como funcionarios, también les afecta la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, teniendo las mismas consecuencias "que cualquier otro trabajador".
Entre los asistentes a la manifestación se encontraba el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha mostrado su "apoyo al empleo público" y ha reivindicado la necesidad de equiparar el sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bal también ha criticado que en la manifestación no estuvieran presentes "otros sindicatos que solo salen cuando está el Gobierno del PP".
La exdiputada de Vox Macarena Olona, que también ha acudido a la marcha, ha mostrado su apoyo a los funcionarios y a las fuerzas de seguridad del Estado que "están luchando por la equiparación con fuerza y honor".
En concreto, CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio.
Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.
También piden la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la "desmesurada" subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instan al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.