Un sistema de alerta temprana contra las campañas de bulos, un incremento de los verificadores de noticias falsas en el periodismo, la redacción de un estatuto legal del usuario de la información en España, establecer una "alfabetización mediática" en los centros educativos... son algunas de las medidas más destacadas que ha recibido Moncloa como propuestas civiles para atajar los ataques en forma de riadas de noticias falsas contra la democracia y el orden público.
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), órgano asesor de la Presidencia del Gobierno, ha culminado un proceso de consulta y recogida de datos y perspectivas de expertos para elaborar lo que provisionalmente denominan en Moncloa una Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación.
Y entre las principales conclusiones de estos trabajos previos figura el impulso de medidas que refuercen la llamada "resiliencia electoral". Una de las recomendadas es el fin de la prohibición de publicar encuestas en los cinco días previos a la votación. No en vano, esta tormenta de ideas acaba en el inicio de un periodo especialmente cargado de elecciones, que mantendrá en alerta a los expertos en cadenas de bulos de los servicios de inteligencia. En todo el mundo las campañas electorales son tenidas como flanco de especial vulnerabilidad, expuesto a injerencias informativas hostiles organizadas.
En un año
A raíz de unas primeras conversaciones del director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, con asociaciones periodísticas, de la comunicación corporativa, la redes sociales y las plataformas digitales, se constituyeron cinco grupos de trabajo, cada uno de los cuales ha contado con un coordinador e interlocutor institucional de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior y doblemente Moncloa, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y del DSN.
Fuentes de ese departamento confirman a este diario que ya se ha iniciado "el trabajo de elaboración de una estrategia de abajo a arriba". Calculan que se tardará un año en redactarla y descartan, por su inoportunidad, presentarla en las cercanías de las próximas elecciones generales. "Aprobar la estrategia será ya labor del próximo gobierno que se constituya", indican.
Testigos clave en el escenario de la desinformación, como Google, Facebook, Microsoft o Twitter, han enviado representantes para participar en los trabajos junto a expertos del Instituto Elcano, Reporteros Sin Fronteras, de diversas universidades y plataformas de defensa de la libertad de información.
Entre las propuestas elevadas al Gobierno, y dirigidas a las plataformas de redes sociales, figura la posibilidad de que, en las campañas electorales, Twitter o Facebook deban identificar claramente los mensajes que son propaganda política. También que los partidos políticos extremen la cibervigilancia en esos periodos para evitar usurpaciones de identidad. Entre las medidas generales, figura una campaña de alfabetización mediática que se centre en los colectivos más vulnerables al bulo: los ancianos y los más jóvenes.
El Gobierno ha sido animado a publicar periódicamente informes de seguimiento de este tipo de fenómeno, y a que una ley separe claramente qué de lo que seaverigüe en esa vigilancia debe permanecer secreto.
Evitar la polémica
Moncloa ha querido evitar que nazca rodeada de polémica una estrategia de este tipo, tan próxima al ámbito de derechos fundamentales como el de la libre expresión o el de información. El proyecto de redacción de una estrategia española de seguridad contra las campañas de bulos se convirtió en “necesidad ya evidente” para el DSN, indican fuentes de ese departamento, durante el periodo duro de la pandemia, cuando dirigentes militares y policiales tenían que incluir en sus apariciones televisivas advertencias contra las patrañas.
La elaboración de una estrategia arrancó a finales de 2020 impulsada por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y en medio de una estruendosa polémica. El 5 de noviembre de ese año, el Ministerio de Presidencia publicó en el Boletín Oficial del Estado un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, y que inmediatamente fue tildado por la oposición de derechas como herramienta de censura al servicio de Pedro Sánchez.
La parte más delicada de aquella orden ministerial fue la disposición del Gobierno a la "monitorización y vigilancia", que figuraba en un "nivel 1" de seguridad, y los intentos de encomendar el seguimiento de posibles campañas de bulos a un "comité de situación" dependiente de Moncloa.
Sucesión de ataques
Al margen de polémicas, el DSN tiene identificados diversos y continuados episodios de injerencias desinformativas en España, constatadas como campañas organizadas de bulos o tergiversaciones en la pandemia -contra las vacunas o la credibilidad u honestidad de las autoridades sanitarias- y, antes, y con parecida intensidad, durante el periodo de tensión desatado por el estallido del 'procés' en Cataluña, en el otoño de 2017.
En esa ocasión, a una parte de las desinformaciones detectadas, y dirigidas a alterar la paz ciudadana, les atribuyen los investigadores un origen ruso.
Este martes ha mirado también a Moscú el alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell. Lo ha hecho enviando un vídeo de salutación a un acto de presentación del resultado de los trabajos de los cinco grupos, el informe “La Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil”, editado por Presidencia del Gobierno y mostrado este martes por la Federación de Asociaciones de la Prensa FAPE en Madrid.
Borrell se ha referido a la guerra de Ucrania como campo de batalla de la desinformación. El alto representante ha animado a España a reforzar la alerta "contra las injerencias extranjeras", y ha recordado que "el Kremlin castiga con 15 años de prisión la difusión de las que considera noticias falsas, cuando el mayor emisor de noticias falsas es el Kremlin" , referidas a los porqués de la invasión y la situación en Ucrania.
De todos los escenarios de la guerra híbrida, son los episodios de desinformación los que tienen más perplejos a los militares: es difícil identificar al enemigo, no hay un manual para combatirlos y el mero hecho de atajarlos provoca problemas políticos, por sus importantes roces con los derechos ciudadanos y el riesgo de implantación de la censura.
La elaboración de esta estrategia viene impulsada también desde la UE, por su Plan de Acción contra la Desinformación, y por el plan de Acción para la Democracia Europea, de 2018 y 2020 respectivamente.