El ultimátum de Junts a ERC, del 29 de agosto, hizo saltar por los aires el plan establecido por Pere Aragonès para el inicio de este otoño. Cual alquimista, el 'president' trata siempre de dar con las dosis precisas para confeccionar sus discursos de las grandes ocasiones, por ejemplo, el del próximo martes en el debate de política general. Los dos grandes ingredientes del mensaje que expondrá en el hemiciclo del Parlament son la marcha de la economía y el 'procés'.
Ante el panorama que los expertos dibujan para los próximos meses, con la inflación desbocada y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en descenso, Aragonès tenía en mente centrar los esfuerzos en el combate contra la crisis. Se trataba de un primer paso realizado desde la convicción que es lo que requieren los tiempos, pero también desde la necesidad de ir atando el apoyo de los 'comuns' para los presupuestos de 2023, verdadero objetivo casi estratégico de Aragonès para garantizar estabilidad en Cataluña.
De ahí que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, diario del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este periódico, el jefe del Govern anunciará el lanzamiento de un nuevo plan de choque para contener los estragos de la crisis que se avecina en varios frentes. Se trata de un paquete de ayudas, sobre todo directas, para paliar los efectos de la inflación. Con especial atención a las familias, los hogares vulnerables, los jóvenes, las pymes, y, también, medidas para favorecer la transición energética. Los socios han celebrado reuniones este fin de semana con el fin de cerrar el paquete completo, aun cuando ya se prevé que estará abierta a sugerencias de los grupos. La Conselleria d'Economia, a cargo de Jaume Giró, ha trabajado codo con codo con la Conselleria de Presidència, de Laura Vilagrà, y el gabinete del presidente.
Por un lado hay medidas de efecto inmediato y, otras, que dependerán, precisamente, de la aprobación de las cuentas catalanas. Es decir, el banderín de enganche para los ‘comuns’, piensan en el Palau de la Generalitat, si quieren estos una actuación decidida de la Generalitat en la crisis. Además, se quiere que el Executiu tenga un comportamiento reactivo, con reflejos, y sea capaz de modificar y ampliar dicho plan en función de las novedades económicas y políticas que se vayan sucediendo.
El impacto del 'procés'
En cuanto a la carpeta 'procesista', se está en una especie de 'impasse' a la espera de que se avance en la desjudicialización que pactaron Generalitat y Gobierno en la mesa de diálogo. La que se puede publicitar como logro del deshielo, y la que no. La primera, cambios legislativos que requieren de mayorías en el Congreso con el 1 de enero como límite para el Govern, por aquello de que empieza el año electoral. Todo esto, con Junts y la CUP apostando por finiquitar el foro y, de fondo, las elecciones municipales de mayo de 2023.
La alquimia de Aragonès amenazó con irse al garete por el ultimátum posconvergente. Tres semanas le ha costado al ‘president’ devolver los vagones a los raíles por donde circulaban. El descubrimiento de Junts de que ese 'pressing' daba la vuelta como un bumerán y ponía en peligro la propia integridad, no solo del Govern, sino del propio partido, más el triunfo de las tesis más moderadas, frente a las más ‘activistas’ en las elecciones internas han cepillado el ultimátum hasta dejarlo con la forma roma, sin punza. Así pues, el 'alquimista' puede volver, si no a las dosis de crisis 'procés' que imaginaba, a unas muy parecidas. Con modificaciones.
Aragonès tendrá que poner más vehemencia en la forma a la cuestión nacional, aun cuando el fondo sea el que ya tenía previsto. La propuesta de "frente amplio por la autodeterminación", cuya plasmación sigue siendo un misterio pero que, según fuentes del Govern, se piensa como complemento a los trabajos de la mesa de diálogo y negociación.
Y no se trata de buscar una movilización en la calle para presionar al Gobierno en esa negociación. O "no solo", como apuntan estas fuentes, dejando entrever que esa propuesta de nuevo cuño tendrá alguna pata institucional de entrelazado con la sociedad, no sólo las entidades ya convencidas, las independentistas, sino sindicatos y partidos soberanistas. Una salida que le permite no tener que ceder a las tres condiciones de Junts, pero que sirve de pata para apretar en la negociación con el Estado, exhibiendo unidad y apoyos en cuanto a volver a convocar a los catalanes a las urnas para que se pronuncien sobre la independencia de Cataluña.
La propuesta fue anunciada por el propio Aragonès antes del ultimátum con lo que cabe descartar que sea una iniciativa encaminada a calmar al independentismo más envalentonado porque no irá en la dirección de acabar con la mesa de diálogo. Todo lo contrario. Se trata de afianzar la estrategia republicana, basada en la negociación y en la suma de fuerzas, el archifamoso ensanchamiento de la base con el que se pretende llegar, no solo a los independentistas, sino "a todos los demócratas", como señaló el propio Aragonès la semana pasada, bajo la creencia de que la opción más inclusiva, el punto de encuentro entre todas las posiciones sobre el estatus futuro de Cataluña, son las urnas.