En el período preelectoral, con la finalidad de captar sus votos, los partidos políticos generalmente ofrecen a los ciudadanos cuatro anzuelos económicos: disminución de los impuestos, aumento de las subvenciones, mejora de las prestaciones sociales e incremento de las inversiones en infraestructuras.
Las formaciones de derecha optan generalmente por el primero y las de izquierdas por el segundo y tercero. El cuarto es común a ambas. No obstante, el último ya no proporciona tantos sufragios como en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, pues en la actualidad las infraestructuras españolas no son deficientes, sino que están entre las mejores de Europa.
Para González y Aznar, el anterior tema constituyó un magnífico granero de votos. El primero los consiguió con su promesa de conectar todas las capitales de provincia a través de autovía o autopista. El segundo con la llegada a ellas del AVE. En la actual campaña, las buenas palabras dirigidas a la población de las ciudades sin alta velocidad tendrán un escaso o nulo rédito político, al ser reiterado el incumplimiento de los compromisos contraídos.
El segundo anzuelo fue muy utilizado por Zapatero. Concedió a las nuevas madres un cheque bebé de 2.500 euros, una renta básica de emancipación de 210 euros mensuales a los jóvenes que vivían de alquiler y la devolución de 400 euros a los 13 millones de españoles que pagaron IRPF en 2008. Los tres subsidios se crearon o prometieron entre junio de 2007 y enero de 2008, pocos meses antes de las elecciones generales de marzo del último año.
El actual Gobierno probablemente pretenda rentabilizar electoralmente el ingreso mínimo vital, un subsidio dirigido a las personas que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas. No obstante, será bastante difícil que obtenga un gran rendimiento político. En primer lugar, porque en julio llegaba a bastantes menores hogares (380.000) de los previstos (850.000). En segundo, debido a la escasa participación electoral de los ciudadanos más pobres, pues se sitúa bastante por debajo del promedio nacional.
La gran esperanza del PSOE la constituyen los pensionistas, pues son muchos y suelen acudir masivamente a las urnas. En agosto había 9.642.201 y suponían aproximadamente el 24% del censo electoral A diferencia de los trabajadores, a ellos la elevada inflación no les restará poder adquisitivo, pues su pensión aumentará en enero de 2023 alrededor de un 9%. Si el próximo año no hubiera elecciones generales, dudo mucho que el Ejecutivo hubiera cumplido la legislación vigente.
El tercero ha perdido interés para las partidos. Para su cúpula, una mejora sustancial de la sanidad y educación públicas supone un elevado dispendio y una escasa movilización de votos a su favor. El principal motivo es la insuficiente valoración de la población de la calidad de ambos servicios.
Para los políticos de las comunidades autónomas, es más interesante subvencionar distintos medios de comunicación y numerosas asociaciones, siendo las más atractivas las que tienen una gran implantación territorial. El dinero destinado a ellas es mucho menor que el anterior y su impacto electoral proporcionalmente más elevado.
A diferencia de los otros, el primer gancho es utilizado preferentemente por la derecha. No obstante, alguna vez también lo ha usado algún dirigente nacional o autonómico del PSOE.
En enero de 2007, Zapatero disminuyó los tipos del IRPF y sociedades y en diciembre del mismo año otorgó una bonificación del 100% del impuesto de patrimonio. En la presente semana, Ximo Puig ha reducido los porcentajes que gravan la renta en la Comunidad Valenciana, si los ingresos del contribuyente no superan los 60.000 euros.
En cada elección, las formaciones conservadoras y liberales prometen la eliminación de tributos o la reducción de los tipos impositivos. En primer lugar, les dicen a los electores que el dinero está mejor en sus bolsillos que en los de la Administración, pues los primeros lo gestionan mejor que la segunda. Una afirmación que les halaga y seduce, ya que prácticamente todos están de acuerdo con ella.
En segundo, les explican que la disminución de impuestos tiene efectos positivos, pero ninguno negativo. Por un lado, el incremento de la renta disponible de los hogares estimula su gasto y el crecimiento del PIB. Por el otro, el aumento de la actividad económica impulsa la recaudación y más que compensa el efecto sobre ella de un menor tipo impositivo. En consecuencia, el déficit público no sube, sino baja.
La última parte es un gran falsedad sustentada en numerosos datos, aunque diga lo contrario la curva de Laffer. Una figura más propia de un publicista que de un economista. En España, casi cualquier disminución significativa de los impuestos ha supuesto una reducción de la ratio ingresos públicos/PIB. Así sucedió en los años 2000, 2015 y 2016, tres períodos con dos características comunes: hubo elecciones generales y gobernaba el PP. En ellos, el anterior cociente disminuyó del 38,7% al 38%, del 39,2% al 38,7% y de este al 38,1%, respectivamente.
Las ventajas de una disminución de impuestos son claras para las familias con una elevada renta, pues generalmente pagan más a la Administración de lo que reciben de ella. No obstante, además de a las anteriores, dicha decisión también complace a una parte significativa de las familias humildes. De manera equivocada, las últimas creen que dedican una gran parte de su renta al pago de los tributos y no son conscientes de su desequilibrado balance con el sector público, pues obtienen de él mucho más de lo que aportan.
En numerosas ocasiones, la anterior no constituye una opinión surgida de la mente de los trabajadores, sino impulsada por una gran y constante campaña mediática. Es la generada por los políticos de la derecha y los economistas neoliberales que califican a España de infierno fiscal. Una afirmación falsa, tal y como demuestran las cifras referentes a 2019, el último año económicamente normal. En dicho ejercicio, la presión tributaria en nuestro país ascendió al 35,4% del PIB, siendo seis puntos inferior a la media de la zona euro.
En la actualidad, el populismo impositivo preelectoral ya ha comenzado. En 2023, hay elecciones municipales, autonómicas y generales y los políticos van a lanzar numerosos anzuelos económicos. El primero que lo ha hecho es Juanma Moreno, recién reelegido como presidente de Andalucía. Ha bonificado el 100% del impuesto sobre la riqueza y ha deflactado las tarifas del IRPF.
La primera medida solo beneficia a los muy adinerados, pues nadie con un patrimonio neto de 700.000 euros, del que quedaba excluida la vivienda habitual si su valoración no superaba los 300.000 euros, pagaba dicho tributo. Solo lo abonaba el 0,2% de la población y su recaudación ascendía a 120 millones euros. Por lo tanto, mucho ruido y pocas nueces. No obstante, supone un magnífico ejemplo de lo que puede hacer Feijóo si llega a la Moncloa y los candidatos populares a la presidencia de sus respectivas comunidades.
En definitiva, los partidos de la derecha mediante las promesas de reducciones de impuestos y los de la izquierda con una gran subida de las pensiones van a intentar camelarse a la población con la finalidad de que los ciudadanos les voten en el próximo año electoral. No obstante, ninguna de las dos medidas sale gratis, pues ambas tienen un coste. Por tanto, aparecerán votantes perjudicados.
En el primer caso, los principales afectados serán los hogares con menos ingresos, pues aprovecharán muy poco o nada la disminución de los tipos impositivos. Además, a corto o medio plazo, dichas familias quedarán perjudicadas por los recortes en sanidad y educación necesarios para evitar un elevado déficit público.
En el segundo, los mayores damnificados serán los funcionarios y la generación del baby boom. En el próximo año, el elevado aumento del gasto en pensiones restringirá la subida de los salarios de los primeros y hará que estos vuelvan a perder poder adquisitivo. En el segundo lustro de la actual década, los nuevos jubilados probablemente recibirán un importe de la primera pensión inferior a la prevista, una posibilidad latente desde hace tiempo, pero ahora más probable que antes.
Ya lo saben, para ganar unas elecciones, casi todo vale, especialmente en materia económica. El puesto de trabajo de numerosos políticos está en juego y lo van a defender con uñas y dientes. No son ni mejores ni peores que nosotros, sino muy parecidos, pues la mayoría haría lo mismo si su empleo peligrara.