“Para apreciar lo que uno tiene, no hay nada como saber lo que cuesta. El coste medio de una hospitalización asciende a más de 5.000 euros. El coste medio de procedimientos quirúrgicos es de más de 7.500 euros. El coste de un ingreso hospitalario en una cama UCI por COVID supera los 19.000 euros. El coste total de hospitalización de la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud supera los 16.000 millones de euros; una cifra mayor que el presupuesto total de 13 comunidades autónomas. Por cada menor escolarizado, el Estado gastó 6.230€. Y por cada hijo estudiando en la universidad, 9.589”. Quien lo recuerda es el presidente del Gobierno. Y no ante cualquier auditorio, sino ante la élite empresarial que reúne cada año el prestigioso Foro La Toja. Pedro Sánchez clausuró la IV edición a través de un vídeo grabado con un alegato rotundo en favor de lo público y la progresividad fiscal y con una advertencia aún más categórica contra la insolidaridad de quienes proclaman rebajar en este contexto de crisis los impuestos. Lo que subyace, en su opinión, tras el planteamiento de la derecha es el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
El presidente evitó hablar en abstracto y puso cifras a los servicios que se pagan con los impuestos. “Hablamos -dijo- de servicios que ilustran una verdad incómoda para los portavoces de la insolidaridad fiscal: la inmensa mayoría de la gente recibe más servicios de lo que paga en impuestos”.
Tras reivindicar la excepción ibérica y vanagloriarse de que el presidente Macron haya pedido que se haga de ella la norma europea, mostró su preocupación por la subida de la inflación al tiempo que recordó que su Gobierno ha movilizado ya ayudas por valor de más de 35.000 millones de euros, equivalentes al 2,9% del PIB. “Se trata -prosiguió- de ofrecer una respuesta rotunda desde el estado para proteger a la gente. Para proteger rentas, familias y empresas, como ya hicimos en el momento más duro de la pandemia.
Igual que el resto de políticos, empresarios, economistas y pensadores que han pasado desde el jueves por la Toja, Sánchez habló de un horizonte de incertidumbre, para el que lo único que se puede elegir son las respuestas que ofrecer a la ciudadanía. Fue aquí cuando contrapuso la senda de protección social y gasto público escogida por su gobierno para afrontar esta crisis y la elegida para superar la crisis financiera de 2008 que, según sus palabras, “ha quedado desacreditada por la historia y por la evidencia”.
Sánchez defendió el estado de bienestar como herramienta para combatir la desigualdad y defender la justicia social, pero recordó que la justicia social requiere de justicia fiscal. Esto es que “cada cual aporte en función de su capacidad”, un principio que recordó impregna nuestro pacto constitucional.
En torno a la pregunta ¿qué estado de bienestar queremos?, encadenó otras para poner de manifiesto la importancia de las opciones a elegir ante la crisis económica: ¿fortalecer o debilitar el estado del bienestar? ¿robustecer los servicios públicos o fragilizarlos? ¿Protegernos colectivamente frente a los riesgos de futuras crisis o desarmarnos?
España, en su opinión, no tiene un problema de gasto, “como algunos pretenden hacer ver”. Antes de la pandemia, el nuestro era “el sexto país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el undécimo con menos gasto público. De hecho, nuestros niveles de ingresos y de gasto público han estado en los últimos años 8 y 5 puntos por debajo de la media de la UE. Recaudan y gastan más que nosotros Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Finlandia, Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca”
Todo ello para colegir que “lo que no podemos pretender es tener un estado del bienestar como los países nórdicos con niveles de ingresos fiscales propios de países menos avanzados”. “¿Queremos ser europeos con un estado de bienestar europeo?”, volvió a preguntar para dar él mismo respuesta: “Si respondemos afirmativamente debemos ser consecuentes y dotar de ingresos a ese Estado de bienestar. De inmediato surge una segunda cuestión ¿quién debe sufragar ese Estado de bienestar?”
Y aquí echó mano no sólo de los principios de la socialdemocracia clásica, no de lo que dice la Constitución para defender que el estado social “deben costearlo todos los ciudadanos en proporción a sus ingresos”. Algo que hoy ha que defender por muy obvio que sea: los impuestos deben ser progresivos y quienes más tienen, deben aportar más a la caja común. Lo que defiende el Gobierno está en línea con las últimas directrices emitidas por los principales organismos internacionales, la OCDE, el FMI, y el BCE que, recordó Sánchez, también “cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hacen gala y aconsejan seguir una senda clara: gravar las rentas más altas para proveer así de servicios y de protección a las clases medias y trabajadoras”. En esa línea apuntaron las declaraciones del economista jefe del BCE, Philip Lane, esta misma semana.
“Cuando se postula una reducción unilateral de ingresos, la pregunta real que debemos hacernos es qué prestaciones y servicios públicos quieren reducirse”, afirmó en clara alusión a la derecha a la que evitó mencionar por sus siglas. Su impresión es que hoy reaparecen “las fórmulas de desmantelamiento del sistema público de protección”, justo después de haber comprobado que “en lo más duro, es lo público lo que nos salva. A todos. A los ricos y a los pobres. También a los que creen estar exentos por no ser usuarios de la sanidad y la educación públicas. A los que piensan que la seguridad, las infraestructuras, la red consular o los servicios de emergencias se pagan solos”.
“¿Qué estado del bienestar queremos?”, volvió a preguntarse para encadenar otras preguntas en la misma línea: “¿Aceptamos con naturalidad que una persona pueda caer en la pobreza por no poder hacer frente al gasto de una operación de cadera? ¿Estamos dispuestos a tolerar que una mujer tenga que hipotecar su vivienda para pagar la factura del tratamiento de un cáncer? En España, una persona se hipoteca para comprar una vivienda o un coche. ¿Aceptamos como lógico que tenga que hacerlo para enviar a una hija a la universidad?”
Sánchez lamentó que sea necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y proclaman que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, afirmó para cuestionar que las soluciones dependan del bolsillo de cada ciudadano y rechazar de lleno la doctrina del “sálvese quien pueda”
Por todo ello defendió el paquete de medidas fiscales y porque, según sus palabras, abunda en un binomio que considera inseparable: el de la justicia justicia social con el de la justicia fiscal para avanzar en cohesión social y combatir la desigualdad. Después, se detuvo de nuevo en los datos: con esta propuesta, un trabajador casado con un sueldo de 19.000 euros y declaración conjunta se beneficiará de un ahorro de más de 330 euros. Un pensionista que cobra una pensión inferior a 16.500 euros tendrá un ahorro de 689 euros. Y una trabajadora monoparental con dos hijos y un sueldo por debajo de 18.500 euros, se beneficiará de un ahorro de 516 euros.
Este gobierno tiene claro que cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social, y “no en beneficiar a unos pocos”. También que en las circunstancias actuales es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría. Su paquete fiscal, dijo, reduce la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y del capital y contempla medidas de alivio con un alcance potencial de un millón y medio de autónomos y más de 400.000 pymes. Sin entrar en más detalles, sí dijo sobre Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que “los costes de la crisis no pueden recaer en la clase media trabajadora, como ocurrió hace una década” y que esta vez “los más pudientes los que arrimen el hombro para sacar adelante el país”.