Pedro Sánchez niega que el Ministerio del Interior disponga del software Pegasus con el que se ha espiado a unas 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco, de las que solo 18 intervenciones contaron con autorización judicial para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Toda mi empatía para las personas que hayan sufrido escuchas sin permiso judicial”, ha dicho el presidente, que ha asegurado que “el Gobierno no tiene nada que esconder”, antes de mostrar su “absoluta confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” así como en “los trabajos del CNI” en el que ha recordado que se ha producido un relevo precisamente por el escándalo del espionaje. “Que lo diga usted es importante y yo de momento tomo nota”, le ha dicho el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se había interesado por si Policía y Guardia Civil tienen el sistema que comercializa una empresa israelí. “Le pediría que se asegure bien porque es un instrumento muy invasivo”, le ha dicho el diputado vasco, que ha advertido de que “el Gobierno tiene que tener cuidado porque hay precedentes” de elementos descontrolados en las fuerzas de seguridad.
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El presidente ha aprovechado la sesión de control para recordar que él mismo ha sido “víctima” de un hackeo con Pegasus. Lo ha hecho entre murmullos de la derecha. “Agradezco la empatía de la bancada popular y de la ultraderecha”, ha expresado Sánchez. “Me preocupo por que puedan suceder escuchas sin permiso judicial”, ha aseverado el socialista, que también ha aludido al informe que elaborará el Defensor del Pueblo para intentar arrojar luz sobre el espionaje. Mientras tanto el Gobierno ha logrado ir ganando tiempo para apaciguar los ánimos.
Moncloa y la Generalitat han sido incapaces en más de diez días de encontrar una fecha para la reunión que Sánchez y Pere Aragonès se comprometieron a mantener en pleno escándalo por el espionaje. “El Gobierno está dispuesto a reunirse con el president o la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana”, ha señalado el socialista descargando la responsabilidad de la dilación en el Govern de ERC y Junts. Esa alusión la ha hecho en respuesta a la pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que le ha interrogado sobre cómo pretende restablecer la mayoría de la investidura que está en riesgo.
Y es que el presidente ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para insistir en que desde que llegó al poder la situación en Catalunya se ha apaciguado. “Cuando gobernaban enviaban piolines, con nosotros la selección puede jugar en Catalunya sin ningún problema”, le ha dicho a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que le ha preguntado qué “concesiones” pretende hacer al independentismo. Sánchez ha echado mano en dos ocasiones durante la sesión de una encuesta publicada por La Vanguardia que señala que el 70% de los catalanes no considera que la independencia sea una prioridad.
“Es un disparate negociar la investidura de un Gobierno con los que estaban siendo investigados por el peligro que representaban para España”, le ha reprochado Gamarra a Sánchez sobre la intervención de los teléfonos de líderes independentistas, entre ellos el de Aragonès, que coincidió en el tiempo con las conversaciones con ERC para la investidura. Gamarra ha insistido, además, en que el Ejecutivo conocía que se habían producido esos pinchazos mientras que Moncloa asegura que “ni lo sabía ni lo debe saber”.
“Pese a los Villarejos, a la destrucción de ordenadores, fueron condenados por corrupción en la Audiencia Nacional”, ha respondido Sánchez, que ha insistido en comparar al PP de Alberto Núñez Feijóo con el de Pablo Casado pero también con el de Mariano Rajoy. “Están mas pendientes de parar esa libretita”, le ha espetado a Gamarra en referencia a los nuevos audios revelados por El País en los que el comisario Villarejo conversa con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre las anotaciones de la caja B que guardaba Luis Bárcenas. “El Gobierno está en lo que le importa a los españoles”, ha asegurado Sánchez, que se ha referido a la consecución de 20 millones afiliados a la Seguridad Social, la subida a mil euros del SMI, a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, a la ley de Formación Profesional con 5.500 millones de euros de dotación, según ha enumerado, o el establecimiento de un precio de referencia al gas que produce electricidad. “El PP de hoy, el de ayer y el de antes de ayer practican la misma oposición negacionista: no contra el Gobierno sino contra el interés de los españoles”, ha rematado.