El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual cumple este domingo, 4 de diciembre, el récord de ser el más longevo de la democracia. Hace cuatro años que los vocales designados en 2013 para un periodo de cinco años deberían haber sido renovados, un mandato de la Constitución que precisa que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo parlamentario que, lejos de acontecer, hoy parece más lejano que nunca. Los propios vocales del Consejo hablan de "desánimo" y de situación "patética" y "desastrosa".
El órgano de gobierno de los jueces dirime cuestiones personales de los jueces como bajas por maternidad y paternidad, incapacidades, traslados, etc.; asuntos disciplinarios y también de trascendencia política como es la emisión de informes sobre los anteproyectos de ley. Está integrado a día de hoy por tres miembros menos de los que le correspondería, tras la renuncia del que fuera su presidente Carlos Lesmes el pasado 10 de octubre y el fallecimiento y jubilación de otros dos vocales que no han podido ser sustituidos.
Además, desde marzo de 2021 arrastra una situación inédita, pues una reforma de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, instada por los partidos que integran el Gobierno, le impide ejercer una de sus funciones principales, que es la de hacer nombramientos en la cúpula judicial -excepto para el Tribunal Constitucional, tras una segunda reforma operada el pasado mes de julio-. Las bajas sin cubrir se acumulan -de forma preocupante en el Tribunal Supremo- y la falta de renovación que llevó a Lesmes a renunciar a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces ha creado una situación inédita hasta el momento, con una 'bicefalia' que sitúa a dos personas diferentes al frente del Consejo y del Tribunal Supremo.
Consejo dividido
La voladura del último intento de renovación a finales del pasado mes de octubre no ha hecho más que viciar el ambiente en el seno del Consejo, pese a que puertas afuera sus vocales se empeñen en afirmar que la situación es de cordialidad entre los vocales. Como muestra, el fracaso en las negociaciones para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional pendientes desde el pasado mes de junio. La falta de acuerdo supone incluso un incumplimiento expreso de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el pasado mes de julio volvió a ser reformada para obligar al CGPJ a realizar estas designaciones antes del pasado 13 de septiembre, algo que no ha acontecido.
De hecho, el pasado viernes se constató que las negociaciones entre los bloque conservador y progresista del Consejo han encallado por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclamar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre. Esta situación arrastra a su vez la paralización del propio Constitucional, que no celebrará el Pleno para dar el plácet a los dos magistrados del Gobierno -el exministro Juan Carlos Campo y la excargo de Presidencia Laura Díez- hasta que el CGPJ mueva ficha.
Cuanto antes, mejor
Varios vocales consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA expresan su preocupación por la situación actual. Desde el sector progresista, además de seguir exigiendo su pronta renovación -un deseo que no parece que vaya a ser cumplido en los próximos meses-, los vocales destacan la necesidad de cumplir la obligación constitucional de renovar el TC con los dos magistrados que les corresponden.
Pese a las dificultades, destacan la labor que el CGPJ sigue realizando, como la referida a la formación continua de los jueces y la designación de vacantes no discrecionales. "Tenemos que seguir trabajando, y lo estamos haciendo", señalan las mismas fuentes, que están pendientes de que tanto desde los tribunales superiores (TSJ) como desde el Tribunal Supremo les remitan los informes que se han encargado sobre las vacantes existentes, para poder adoptar soluciones al respecto.
Con este punto de vista coincide Maru Carmona, designada a propuesta del PP y que además de vocal es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. En manifestacions a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, señala que pese a lo "anómalo" de la situación se sigue trabajando "con normalidad" en ámbitos como el disciplinario o de inspección. "En lo que respecta al Observatorio contra la Violencia de Género continúa su importantísima misión de hacer seguimiento del fenómeno en España y sigue siendo referente internacional en esta materia", destaca.
Por ello, considera que no ve que haya desánimo en este esfuerzo a pesar de la situación de estar en funciones. "Pero es cierto que el hecho de ser el único mandato cuyos vocales no tienen dedicación exclusiva supone un sobreesfuerzo que podría haberse evitado y desde luego ha resultado fallido", apunta.
La misma melodía con diferentes instrumentos
Desde el lado conservador, el vocal Juan Manuel Fernández señala, en declaraciones a este diario, que resumiría la situación actual como "preocupante" por las constantes tensiones con los otros poderes del Estado. Por su parte, José María Macías, también designado a propuesta del PP, afirma que su sensación es la de estar "en medio de un Bolero de Ravel, la misma melodía tocada cada vez con un instrumento nuevo que se añade y con un volumen más alto", si bien el del CGPJ es un bolero "absolutamente falto de armonía".
A su juicio, la falta de renovación del Consejo ha dejado de ser el problema para pasar a ser el síntoma, y no el más grave, de la enfermedad que padece España. Lo resume así: "un Gobierno instalado en el populismo y la falta de respeto a los controles democráticos de su gestión, que se materializa en el ahogo de todos los aspectos que de manera directa o indirecta se relacionan con el Poder Judicial, que claramente se identifica como un estorbo en lugar de lo que efectivamente es, la garantía de la división de poderes y de la democracia".
Otras fuentes consideran que se ha puesto de manifiesto de forma "cruda" la falta de protección y regulación que las Cortes tienen respecto al Poder Judicial. "De un lado, no se renueva el Consejo en el plazo previsto por una serie de condiciones que se imponen los miembros del Parlamento, y que resultan ajenas totalmente tanto a la Constitución, como a la interpretación que se ha hecho por parte del Tribunal Constitucional de que los nombramientos del Consejo deberían de estar fuera de la lucha partidista".
A ello se une, según las mismas fuentes, una situación desastrosa por la pérdida por parte del CGPJ de una de sus principales funciones, como es la designación de los miembros discrecionales de la carrera judicial. "Nos encontramos con un CGPJ sin competencias, que no puede designar ni a sus propios miembros y presidido por el vocal más antiguo en contra de lo estipulado por la propia Constitución".