Será en Delaware, uno de los Estados más influyentes de los Estados Unidos y sede de muchas de las empresas listadas en el prestigioso índice de Fortune 500, donde se celebre el juicio de la década que enfrentará al hombre más rico del mundo, Elon Musk, y a la red social Twitter por la compra de la compañía fundada por Jack Dorsey en 2006.
Ya ha habido audiencias públicas vía telemática que han servido de previa pero el juicio arrancará oficialmente la semana del 17 de octubre. Instruye el caso la magistrada Kathleen McCormick, juez principal del Tribunal de Cancillería de Delaware, que deberá dirimir si finalmente Elon Musk debe acometer la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares según lo estipulado en el acuerdo de fusión.
La próximas semanas serán claves
La defensa del CEO de Tesla argumenta entre otros puntos que la compra no puede hacerse efectiva debido a que la compañía angelina habría ocultado información durante el proceso de venta. A este respecto se pronunciaba públicamente Musk en mayo de este año afirmando que el acuerdo con Twitter “estaba paralizado a la espera de conocer detalles sobre la cantidad de usuarios falsos o cuentas de spam”.
Fuentes cercanas al caso estiman que Twitter podría partir con ventaja. El propio Musk habría vendido 7,9 millones de acciones de Tesla para proveerse de fondos en el caso de que el juez falle en su contra y tenga que acometer la compra o bien pagar la multimillonaria penalización. El debate está servido y las próximas semanas serán clave para que se haga justicia.
Bajo sospecha el aparato judicial de Delaware
La justicia de Delaware cuenta con un amplio bagaje en la resolución de operaciones corporativas y ha resuelto históricos casos como los de Time y Warner o HP y Compaq, entre otros. Sin embargo, su autoridad e imparcialidad se han visto comprometidas.
El Estado de la costa este de USA ha visto en los últimos años cómo el Institute for a Legal Reform, impulsado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que evalúa la transparencia y la imparcialidad de los Estados, rebajaba su posición y lo hacía caer de la primera a la posición decimoprimera. La gestión del Caso Transperfect, uno de los conflictos accionariales más sonados del último lustro que enfrentaba al matrimonio cofundador de la multinacional tecnológica de servicios lingüísticos, supuso un duro golpe para la credibilidad de las instituciones judiciales locales.
El 'caso Transperfect'
En esa ocasión la justicia de Delaware, a través del juez del Tribunal de Cancillería de Delaware, André Bouchard, ordenó la venta forzosa de una compañía privada con beneficios en una decisión sin precedentes en la historia legal y empresarial estadounidense.
Bouchard asignó a su excolega Robert Pincus del despacho Skadden Arps la gestión de la venta forzosa y selló el expediente judicial incluso meses después de la venta, algo contrario al actual marco legislativo estadounidense, levantando así sospechas sobre la gestión de la Cancillería en el caso y alimentando los rumores sobre corrupción en la Corte.
“Refugio de corrupción legalizada”
Al conocerse que la celebración del juicio de Twitter contra Musk tendría lugar en Delaware, Phil Shawe, fundador y presidente de TransPerfect, ha publicado una carta abierta explicando su experiencia y alertando sobre las dificultades para obtener un juicio justo en Delaware.
“El principal objetivo de la Cancillería de Delaware es conseguir una lucrativa fuente de ingresos para la pequeña, insular y poderosa comunidad legal del Estado” y “la gente se merece ver cómo la filosofía egoísta del tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya, rige la agenda de del tribunal judicial de Delaware” afirma.
Denuncias de falta de control
En esta línea, el presidente de la multinacional de servicios lingüísticos denuncia que los jueces de Delaware “no están sujetos a las leyes de divulgación financiera”, lo cual implica que no están obligados a revelar si poseen acciones en las corporaciones que están juzgando y subraya que la justicia en Delaware carece de todo control al “no tener un inspector general” que “supervise de manera independiente” el sistema judicial.
A su juicio estos elementos han provocado que la Cancillería de Delaware sea hoy “un brillante ejemplo de maquinaria de puertas giratorias en funcionamiento” y añade que prueba de ello es “el caso de Leo Strine, ex canciller del Tribunal de Cancillería y ahora socio en Wachtell Lipton, el bufete que lleva a Twitter en el caso”, subraya.
Phil concluye “Y es lo que le espera a Musk, a los accionistas de Twitter y a cualquiera que encuentre su caso adjudicado por este refugio de corrupción legalizada.”