Barcelona en Comú, el grupo que encabeza la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, presentará el viernes en el pleno municipal de septiembre una proposición que reconoce el papel de la exconcejala del PSC en Ciutat Vella Itziar González y de la funcionaria Lourdes Conesa como “alertadoras” por denunciar un caso de corrupción vinculado con la concesión de licencias de pisos turísticos en el distrito.
La iniciativa se presenta a raíz de la reunión que Colau mantuvo con las dos afectadas el pasado 21 de septiembre. Durante el encuentro, la alcaldesa se comprometió a defender el reconocimiento.
ERC ha anunciado una iniciativa similar para el mismo plenario
Licencias irregulares
El caso se remonta a 2009 y ha tenido un resultado concreto. El pasado 8 de septiembre la sección 10 de la Audiencia de Barcelona condenó a 17 personas vinculadas con los hechos por soborno, prevaricación y falsedad en el proceso de la tramitación de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella de 2005 a 2009.
Los ‘comuns’ buscarán el apoyo de otros grupos, el máximo consenso, y de entrada parece que alguno tendrán, dado que ERC ha anunciado su intención de llevar al pleno una iniciativa vinculada con el caso de corrupción que denunció González.
Prisión e indemnizaciones
La propuesta de reconocimiento, que será presentada por el concejal de BComú Jordi Rabassa, recuerda que el ayuntamiento se ha presentado como acusación en la causa y que los principales autores han reconocido su culpabilidad y asumido “penas de prisión y la indemnización a las víctimas de amenazas y coacciones”.
El consistorio ha abonado los gastos de abogado y procurador de González y Conesa, que, recuerda el texto, “sufrieron graves amenazas y consecuencias para su salud, vida personal y profesional”. La previa de la proposición subraya que las dos denunciantes “han manifestado que no se han sentido lo suficiente apoyadas” por el ayuntamiento, tanto cuando los hechos tuvieron lugar como durante el proceso judicial, y recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el 13 de septiembre transponer la directiva de la UE relativa a la protección de personas que informan sobre infracciones, la llamada directiva Whistleblower.
Compensación económica
Noticias relacionadasEl texto de la proposición propone “emitir el reconocimiento institucional” a González y a Conesa como alertadoras e “impulsar de oficio los canales legalmente establecidos para que se pueda producir un proceso de reparación por los daños sufridos que evite una revictimización”. El gobierno local se plantea que esta reparación pueda incluir compensaciones económicas.
La declaración incluye además el compromiso del consistorio de fortalecer sus mecanismos internos para garantizar los derechos de quiénes denuncien irregularidades e instar al Congreso a que el proyecto de ley antes citado sea una herramienta eficaz de protección de los que informen de situaciones fraudulentas.
