El Gobierno reparte a los miles de migrantes por un centenar de ubicaciones en toda España

La crisis migratoria en Canarias se siente ya en toda España. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige en funciones José Luis Escrivá, está repartiendo a los más de 25.000 irregulares llegados a las islas en los últimos días por un centenar de instalaciones de Defensa y por hoteles en todos los territorios del país. La situación ha provocado una ofensiva de las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con acusaciones de "deslealtad institucional" por avisar de la llegada de los migrantes con apenas 24 horas de antelación. El ministro Escrivá, además, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de "xenofobia" por agitar este debate.

El goteo de llegadas es constante desde la semana pasada. Aragón, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Euskadi, Madrid... Los irregulares trasladados a la península, casi todos de origen subsahariano, se cuentan por cientos en cada ubicación. El Balneario de las Salinas, en Medina del Campo, ha recibido a 150 personas, mientras que Almería ha hecho lo propio con 321 y Huesca con otros 200. Y la previsión es que el mapa y el número se amplíe en los próximos días. El ministerio trasladará a más migrantes a ubicaciones de Defensa en Madrid capital, Alcalá de Henares y Sevilla. Fuentes del departamento de Escrivá no detallan el desglose de todas las ubicaciones, pero aseguran que es una cifra cercana al centenar, repartidos por todos el territorio.

La realidad es que el desconocimiento sobre el reparto es notable. Y también la incertidumbre. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han formado una especie de frente común para criticar la acción de Migraciones, con el argumento de que falta coordinación e información para abordar esta crisis. La Comunidad de Madrid, Extremadura, Aragón, Castilla y León o Murcia, así como los ayuntamientos afectados, reclaman "lealtad institucional" al Ejecutivo para articular el operativo. José Luis Martínez-Almeida es uno de ellos, que recibió la llamada del delegado del Gobierno en Madrid, aunque no tiene más detalles.

"Este tipo de cosas hay que hacerlas de manera coordinada y con la máxima cooperación", criticó este miércoles Juanma Moreno

"Este tipo de cosas hay que hacerlas de manera coordinada y con la máxima cooperación", declaró este miércoles el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. La Junta, de hecho, denuncia que los datos de los que disponen hasta la fecha les han llegado a través de las entidades del tercer sector que trabajan con los inmigrantes, no del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su homóloga en Extremadura, María Guardiola, criticó la "descoordinación" en este tema. "Se llama respeto y lealtad institucional y es lo que pedimos", subrayó.

El lamento es generalizado. Todos los territorios consultados aseguran que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no les ha detallado los puntos elegidos para la acogida de los migrantes, el número o la fecha. Tampoco indicaciones para elaborar un protocolo de asistencia entre administraciones. Solo ha habido comunicaciones a través de las delegaciones del Gobierno con 24 horas de antelación. "No se trata de echar tinta de calmar y echar culpas donde no las tienen. Aquí lógicamente hay un Gobierno de España que una vez está demostrando su ineficacia a la hora de abordar uno de los problemas que tiene nuestro país y la propia Unión Europea. Que no busque culpables fuera de su propio gabinete", profundizó en rueda de prensa el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García.

También en comunidades que no están gobernadas por los populares, como Castilla-La Mancha o Euskadi. "No nos han hecho ninguna comunicación oficial. Sí tenemos constancia de que el ministerio se ha puesto en contacto con las entidades de primera acogida que operan en Castilla", señalan desde el Gobierno del socialista Emiliano García-Page.

Migraciones recuerda que la competencia es estatal y que la queja de las CCAA no tiene lugar: "La llamada es por cortesía"

Migraciones, sin embargo, recuerda que la competencia es exclusivamente estatal y que la queja de las comunidades autónomas no tiene lugar y no se ajusta en ningún caso a los protocolos de actuación en este ámbito. Fuentes del ministerio explican que los gobiernos regionales solo tienen potestad en el caso de los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como menas, que son responsabilidad del Ministerio de Asuntos Sociales. "La llamada es por cortesía", detalla un portavoz autorizado, que detalla que el reparto de los migrantes se hace en función de las particularidades de cada persona, atendiendo si tuviera familia o contactos en algún punto de España, y la disponibilidad de los centros que son propiedad de la Administración central.

La crisis migratoria ha provocado un choque entre José Luis Escrivá y el PP. Especialmente por las palabras de Isabel Díaz Ayuso el pasado martes, cuando no solo criticó la falta de información a las comunidades, también el procedimiento desarrollado. "A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península. Pero el Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", dijo la presidenta madrileña.

Ofensiva del PP

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para el ministro socialista, que acusó a Ayuso de "xenofobia" y "racismo" y cree que el revuelo que se ha formado por el reparto de los irregulares llegados a Canarias obedece a cuestiones puramente partidistas. "Hace una semana, Extremadura confirmaba que los traslados de migrantes desde Canarias se hacían en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ahora, una vez que Isabel Díaz Ayuso se lanza a usar políticamente este crítico asunto, María Guardiola se rectifica y habla de "descoordinación". "Triste", respondió Escrivá en X (antes Twitter).

Sea como fuere, la ofensiva de los populares se extiende por todos los territorios. El primero en pronunciarse no fue el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sino el de Jorge Azcón en Aragón. El Gobierno denunció la "deslealtad" del ministerio por la llegada de 200 inmigrantes a Huesca sin previo aviso. Incluso convocó una reunión de urgencia para organizar la recepción, derivación y acogida de las personas que habían llegado a suelo aragonés, pese a que las competencias son estatales. Después llegó la reacción en cadena de las comunidades, desde Castilla y León a Andalucía.

Algunas voces en el partido han elevado el tono hasta el extremo con este tema. El diputado Rafael Hernando, por ejemplo, acusó al Gobierno de Sánchez de "colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas". El PP, por su parte, ha pedido la comparecencia urgente en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por la crisis migratoria.