Los recursos vinculados al pago de impuestos representan este año el 53% de los ingresos que percibe la Junta de Extremadura, mientras que el resto forma parte de las llamadas transferencias finalistas y de las operaciones de endeudamiento.
Dentro de los impuestos, el 95% se corresponde a figuras tributarias que forman parte del modelo de financiación autonómica. El resto, apenas el 5%, corresponde a tributos propios y a tasas fiscales, donde la Administración autonómica tiene una capacidad normativa mayor.
El Gobierno regional ha aceptado finalmente llevar a cabo una rebaja fiscal en 2023, aunque estará lejos de lo que demandan PP y Ciudadanos en el marco de la negociación para los Presupuestos autonómicos del próximo año. Estos dos grupos de la oposición reclaman actuar sobre el impuesto sobre la renta (IRPF), ya que consideran que se trata de la mejor manera de llegar a todos los contribuyentes. Pero el Ejecutivo autonómico ha señalado en varias ocasiones que no quiere actuar sobre figuras tributarias que están ligadas al sistema de financiación autonómica, de ahí que finalmente su propuesta consista en rebajar una docena de tasas y precios públicos y bonificar al 100% un tributo propio, el canon de saneamiento.
Pero, ¿cuál es el peso real de los impuestos en las cuentas extremeñas? ¿Y qué capacidad tiene el Gobierno regional para intervenir? Una respuesta a estas cuestiones está en la documentación que el Ejecutivo autonómico ha facilitado a los grupos de la oposición sobre los Presupuestos de este año y la previsión para 2023. No lo ha hecho con la habitual separación por capítulos, entre los que destacan los impuestos directos, los indirectos, las transferencias corrientes y las transferencias de capital. En su lugar, ha elaborado una tabla en función del origen de esos ingresos. Con ello pretende evidenciar que las posibilidades de actuación son en realidad limitadas.
La partida más cuantiosa es la que recoge los recursos del sistema de financiación autonómica, con 3.530 millones de euros, lo que supone algo más del 50% del Presupuesto para 2022.
A su vez, casi la mitad corresponde a las transferencias corrientes del sector público estatal, con 1.728,8 millones de euros. Ese dinero procede de los distintos fondos del modelo en vigor y su cálculo está establecido en la Ley por la que se regula el sistema de financiación a las comunidades autónomas. También está vinculado en buena parte a la recaudación por impuestos, pero la capacidad de intervenir en su cómputo es muy limitada.
La segunda partida en importancia suele ser el IVA, aunque este año ha tenido menos impacto que en otros ejercicios (algo menos de 600 millones de euros) debido a que ha sido necesario devolver lo que se recibió de más en 2020, cuando la pandemia restringió la actividad económica y por tanto el consumo. Las comunidades autónomas reciben el 50% de lo que se recauda, pero no tienen ninguna capacidad normativa.
Por el contrario, los gobiernos regionales pueden intervenir en el que ya es el primer impuesto en importancia, el IRPF, que este año cuenta con una partida de casi 677 millones de euros en los Presupuestos autonómicos.
Las comunidades autónomas reciben la mitad de lo que se ingresa por este impuesto. Pueden regular la escala que se aplica con la condición de que sea progresiva, así como aplicar deducciones por circunstancias familiares, vivienda, empleo y otras cuestiones. También tienen capacidad para elevar el importe del mínimo personal y familiar con un límite del 10%.
Extremadura, junto con Cataluña, Asturias, Cantabria y Aragón, tiene una escala por IRPF superior a la que corresponde al tramo nacional. Para PP y Ciudadanos, eso evidencia que hay margen para bajar el IRPF. Sin embargo, el Gobierno regional descarta modificar los tributos cedidos, precisamente porque se enmarcan en el sistema de financiación autonómica (pendiente de reforma) y por tanto son los que permiten sostener los servicios públicos esenciales, como sanidad y educación.
Consumos específicos
También tienen un peso importante en las cuentas extremeñas, con casi 362 millones este año, los denominados impuestos por consumos específicos. Ahí se incluye el impuesto sobre hidrocarburos, que aporta 225 millones de euros. También se encuentran los impuestos sobre el tabaco (92,5 millones este año), el de electricidad (más de 25 millones) y los vinculados al alcohol.
En este grupo las comunidades solo pueden intervenir en el impuesto sobre determinados medios de transporte, conocido como impuesto de matriculación. Extremadura es una de las ocho regiones que ha ejercido esa potestad, aunque este mismo año ha aprobado una rebaja. La previsión en 2022 es ingresar 7,5 millones de euros por esa vía.
La recaudación de IRPF, IVA e impuestos especiales corresponde a la Administración estatal, que transfiere a las autonomías la cantidad que corresponda en función de una previsión. Dos años después se hace una liquidación con los datos reales. En el caso del IRPF, eso implica que cualquier cambio normativo que se haga en la comunidad no tiene efecto hasta que se realiza la declaración de la renta. Una rebaja autonómica que entrase en vigor el 1 de enero de 2023 no se trasladaría al contribuyente al menos hasta mayo de 2024.
Dentro del sistema de financiación hay otros impuestos cuya recaudación corresponde por completo a la Administración regional y donde hay más margen para las modificaciones. Extremadura está entre las regiones con los tipos más altos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por los que ingresa más de 110 millones de euros. Sucesiones y Donaciones aportan algo más de 31 millones, pero ya cuentan con amplias bonificaciones. Y por Patrimonio recibe apenas 5 millones. En cualquier caso, todas estas figuras forman parte de los tributos cedidos y la Junta ha anunciado que no quiere tocarlos.
Recursos propios
Además de las cargas fiscales recogidas en la legislación estatal, las comunidades tienen la posibilidad de crear sus propios tributos. La Junta de Extremadura ha destacado por su labor en esa línea, pero el resultado es pequeño en comparación con las cuentas autonómicas. Por esa vía obtiene 200 millones en un Presupuesto de 7.000 millones en 2022.
En este grupo destaca el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ecotasa, que aporta 98,5 millones. Creada en 1997 y modificada en 2005, fue recurrida por las compañías eléctricas, que son las que más pagan (sobre todo por la nuclear de Almaraz) y la Junta tuvo que devolver parte de lo que ingresó entre 2006 y 2009. Pero el Tribunal Constitucional avaló su aplicación a partir de ese año.
La Junta de Extremadura también creó un impuesto sobre depósitos bancarios, pero fue absorbido por un tributo nacional a tipo cero. La región recibe una compensación mediante una transferencia del Gobierno y ya no puede regularlo.
La comunidad cuenta con otras figuras propias, como el impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos y el de eliminación de residuos en vertedero. También destaca el canon de saneamiento, que supone 7,5 millones este año y que no habrá que pagar en 2023. La Junta también rebajará doce tasas y precios públicos. Para el Gobierno regional, en estas figuras es donde hay que centrar una rebaja fiscal para combatir el alza de los precios.
