El conseller de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, se sentará a partir de este miércoles en el banquillo de los acusados en una sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntamente haber desobedecido los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) al permitir la tramitación de dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la monarquía. También serán juzgados sus excompañeros en la Mesa de la Cámara catalana Josep Costa (JxCat), que se defiende el mismo, Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).
La fiscalía reclama para Torrent, Costa y Campdepadrós un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras que para la republicana solicita un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de estas tramitaciones. Al entender del ministerio público, hubo una "manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco".
En la primera sesión de juicio se tratarán las cuestiones previas y, en la segunda están previstas las testificales, entre ellas las de Xavier Muro (exsecretario del Parlament), Antoni Bayona (exletrado mayor del Parlament) y Joan Ridao (ERC). Los imputados declararán los últimos. Es decir, el viernes.
Requerimiento individual
Este procedimiento judicial nació a raíz de la decisión del TC, acordada por unanimidad, de requerir a la Fiscalía Superior de Cataluña que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019. En este sentido, el TC les había requerido "individual y personalmente" su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada", precisa de los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol en su escrito de acusación.
La acusación pública relata que Torrent, Campdepadrós y Costa, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos" del TC de días anteriores, "y pese a la oposición del resto de los miembros de la Mesa" y el aviso del secretario general de la Cámara, aceptaron en 2019 tramitar las resoluciones sobre la monarquía y el derecho a la autodeterminación, que fueron aprobadas en noviembre de ese año.
Los fiscales subrayan que, días antes de la aprobación, los cuatro imputados desestimaron las peticiones de reconsideración efectuadas por grupos de la oposición y "ratificaron" la admisión a trámite de los textos. "Torrent, teniendo conocimiento" de la impugnación por parte del Ejecutivo central y "sabiendo" que el TC acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción, decidió "modificar" la hora del inicio del pleno, argumenta la acusación.
Libertad ideológica
El ahora 'conseller' sostuvo en su declaración ante el juez que actuó correctamente, en defensa de “la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, a la vez que advirtió de que una eventual sentencia condenatoria sería un “precedente nefasto” para el debate parlamentario. También insistió en la "neutralidad política" de la Mesa del Parlament a la hora de tirar adelante cualquier iniciativa de los grupos políticos.
El dirigente de ERC, igual que hizo en su día su predecesora, Carme Forcadell, condenada por el Tribunal Supremo por el procés, esgrimió la “inviolabilidad parlamentaria” y recalcó que en la Cámara catalana debe poderse debatir sobre todo y, en concreto, sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía. “La Mesa del Parlament tiene que velar por la defensa de la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, explicó Torrent.
