Ha sido una rueda de prensa complicada para la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez. El Gobierno lleva varias semanas atizando al PP por los anuncios de rebajas fiscales, muy focalizadas en ese caso en el impuesto de Patrimonio. Pero el discurso del PSOE se ha quebrado con el anuncio del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de reducir el IRPF en los tramos más bajos. La conclusión es que Moncloa se distancia de la decisión del barón socialista. “Cada vez que hablamos de rebajar está el debate de qué recortar y este Gobierno no quiere recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan en este momento de dificultad”, ha expresado Rodríguez en la respuesta más clara sobre el asunto.
El PSOE responde a Feijóo: “El 55% del IVA nutre a las comunidades. ¿Quiere decir que se están forrando?”
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“La posición del Gobierno es bien conocida. La política fiscal no se puede diseñar en abstracto. Cada vez que tomamos una decisión en materia fiscal y se reducen ingresos tenemos que plantearnos dónde se reducen y a quién afecta esa reducción. Nuestro compromiso es claro y rotundo: Este Gobierno va a practicar una política fiscal que redunde en mayor justicia social”, ha señalado Rodríguez.
“Ese es el planteamiento del Gobierno, que respeta a las comunidades, pero todos debemos hacer un discurso responsable porque cuando hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal estamos hablando de reducir ingresos, recursos que después vamos a necesitar en forma de maestros, de sanitarios, de ayudas a las personas desfavorecidas, de prestaciones importantes, como dependencia”, ha agregado.
Aunque en Moncloa reconocen que el planteamiento de Puig es “diferente” al del PP, dado que el president se ha esmerado en explicar que su propuesta trata de “beneficiar a las familias con menos ingresos” y de “mejorar la redistribución de la riqueza y la progresividad” mientras que las comunidades gobernadas por los conservadores están eliminando un impuesto que afecta exclusivamente a quienes más tienen, la decisión rompe el discurso pedagógico que estaba haciendo el Gobierno sobre la fiscalidad, basado en que pagar impuestos redunda en el estado de bienestar.
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