La modificación legislativa que proponen los socialistas fue una propuesta de Pablo Casado
El PSOE ha propuesto una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación, lo que ya planteó en su día el PP de Casado.
Lo han hecho a través de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce un nuevo artículo 544 sexies que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se da la circunstancia de que esta era una de las medidas que recogía el plan antiokupación del exlíder del PP Pablo Casado que contemplaba que el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente pudiera producirse en 24 o 48 horas, como así manifestó en 2020.
Dos años después, el Grupo Socialista propone que “en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial”. Todo ello, añade, “sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”.
MENORES
En caso de que los ocupantes sean menores, personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, el juez lo comunicará inmediatamente a los servicios sociales y a la Fiscalía para que adopten las medidas de protección oportunas.
Los socialistas argumentan que “los delitos de allanamiento de morada y de usurpación de bienes inmuebles son de naturaleza permanente y se mantienen hasta la ejecución de la sentencia condenatoria”, con “los perjuicios para la víctima que no va poder disponer de la vivienda”, teniendo que seguir “haciendo frente a ciertas cargas derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del mismo” por el uso que le dan sus okupantes.
Por ello, ven “necesario” acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble cuando se aprecien “sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación” y se verifique la “existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor”.
Esta medida, que también propuso el PdeCat en una proposición de ley en mayo, llega después de que hace dos años la Fiscalía dictara una circular en la que insistía en agilizar los desalojos en todos los procedimientos, pero sin fijar un plazo en concreto.
