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El retraso en el concurso de la basura tensa la cuerda en Nigrán

Los trabajadores del servicio que lleva dos años en situación irregular se presentaron en el pleno pancartas en mano culpando al concello de la lentitud del proceso 

Más de una decena de trabajadores del servicio de recogida de basura, RSU, se presentaron en el pleno ordinario celebrado ayer en Nigrán pancartas en mano para denunciar, una vez más, la situación en precario en la que se encuentran desde hace años. 

Aseguran sentirse engañados y culpan al Concello de la demora de 19 meses en el proceso de la nueva licitación, cansados de los constantes incumplimientos laborales a los que están sometidos por parte de la adjudicataria, antigua Cespa perteneciente a Ferrovial y que a finales del pasado año fue vendida a PreZero, y exigen que de una vez por todas se saque la licitación que permita actualizar su contexto que a todas luces está obsoleto. A fin de saber en que punto se encuentra la redacción del documento, solicitarán una reunión con el alcalde Juan González lo antes posible, así lo confirmó a este diario el secretario comarcal de CIG-Servizos de Vigo, Alfredo Filgueiras, que también estaba presente en el salón de plenos este lunes.

La tramitación de las nuevas condiciones apuntaban a que estarían listas pocos meses después del límite de la actual concesión, marcado el 31 de diciembre de 2020, pero no fue hasta ayer lunes cuando se supo el motivo real del retraso. El alcalde relató que la entrada en vigor de una nueva ley cogió a la Administración con el pie cambiado e invalidó los nuevos pliegos que habían sido rematados en abril de 2021 con lo que no les quedó otro remedio que encargar unos nuevos. A consecuencia de que el servicio se encuentra en situación irregular desde hace casi dos años, los avances pactados en el convenio de 2021 provocan una serie de atrasos salariales que los trabajadores todavía no han percibido.

Contenedores rebosando basura, calles sucias o camiones destartalados e incapaces de garantizar unas condiciones laborales seguras son fruto de las condiciones bajo las que se formalizó el contrato que ahora está bajo el punto de mira de Fiscalía con una decena de personas involucradas, entre ellas, dos excalcaldes y un ex edil. El crecimiento que experimentó la localidad desde 2004 con la construcción de un parque empresarial de más un millón de kilómetros cuadrados, nuevas zonas residenciales, el aumento exponencial de los hábitos de reciclaje y de los contenedores de orgánico están dando como resultado una actuación deficiente de los efectivos por falta de medios tanto técnicos como humanos. Precisamente los trabajadores que acudieron a la sesión de ayer manifestaron que “aunque no lo parezca este verano no estuvimos en huelga. Nunca hubo un servicio tan malo como el de este año, sin hablar de las zonas que no cubrimos o de las irregularidades internas. Pedimos trabajar con unas  condiciones dignas”.