El Gobierno, ERC y Unidas Podemos siguen "avanzando" en la reforma del delito de malversación, cuya enmienda podrían presentar este miércoles. "Habrá novedades esta semana", dice una fuente conocedora de unas negociaciones a tres bandas entre el palacio de la Moncloa, la cúpula de ERC y el grupo de los Comunes en el Congreso. Más escueto era el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián: "Seguimos en ello", afirmaba la semana pasada.
La teoría que cobra fuerza es presentarla en el registro del Congreso en pleno puente de la Constitución. El lunes, hay Consejo de Ministros y el martes, los actos de conmemoración de la Carta Magna con los habituales corrillos entre la prensa y los diversos grupos parlamentarios. Debido a los festivos, el registro cerrará el martes y el jueves.
El tiempo corre ya que el viernes finaliza el plazo de enmiendas a la reforma del Código Penal que PSOE y Unidas Podemos han abierto al registrar la iniciativa para derogar el delito de sedición. Ni los socialistas ni los morados se plantean, de momento, pedir una prórroga en el plazo de enmiendas ante la mesa del Congreso que se reunirá este lunes. Si se amplía, tardaría más en llegar al Pleno y la idea es finiquitar el asunto antes de finalizar el año y en el actual periodo de sesiones.
Papeles divididos.
La enmienda la registrará ERC aunque está "negociada" con los Comunes, que han asumido la interlocución en nombre de Podemos, y con la Moncloa, aunque en el Gobierno y en el PSOE aseguran que no se van a posicionar hasta que "no conozcan" el contenido. La idea es reformar el delito de malversación y rebajar las penas siempre que no haya "enriquecimiento personal".
"Hay mucha presión", reconocen ante una medida "impopular" también entre otros socios como Compromís o Más País que, en un principio, recelan de la iniciativa. La idea es beneficiar a ERC, cuya cúpula en Barcelona ha asumido las negociones, ya que cuentan con diputados en el Parlamento catalán a los que se les ha abierto juicio oral por malversación al organizar el reférendum ilegal. Los últimos: Lluis Salvadó y Josep María Jové, muy próximos a Oriol Junqueras.
También la actual consejera de Cultura de la Generalidad, Natàlia Garriga, está siendo investigada por el TSJC. "Los preparativos del 1-O no son corrupción", insisten en las filas separatistas donde quieren separar la malversación del "enriquecimiento ilícito".
