La defensa de los cuatro expresos de ERC, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, ha pedido la recusación de Carlos Lesmes en la sala tercera del Tribunal Supremo, encargada de la revisión de los indultos. Los letrados consideran que tienen muchos argumentos para defender que el magistrado está “contaminado” y que “no debería participar de esa decisión”. En esta línea, argumentan “falta de imparcialidad” y y aseguran que tiene “interés directo” en la causa.
Los letrados señalan como argumentos las declaraciones de Lesmes en el Foro de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el 2021, cuando al ser preguntado por la cuestión aseguró que los indultos eran “difíciles de aceptar”. Además, en la apertura del año judicial 2022-2023 aseguran que se pronunció “en contra de la desjudicialización”. La defensa de los dirigentes independentistas considera que esto representa “un claro pronunciamiento en contra de los indultos” por lo que su imparcialidad “queda irremediablemente comprometida”.
El equipo jurídico aporta también un informe desfavorable del Supremo contra los indultos dirigido al Ministerio de Justicia que fue tramitado por Lesmes cuando era presidente del alto tribunal. Según los republicanos, ese documento demuestra que el magistrado “ha participado directamente del objeto del recurso en el ejercicio de un cargo público”. Para los abogados de los dirigentes republicanos es otro motivo para recusarle.
Diferencias entre las entidades
Mientras, crecen las diferencias entre las entidades soberanistas. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha anunciado en una entrevista en La Vanguardia que la entidad que dirige no irá a la manifestación de la ANC de este martes contra la reforma del Código Penal. “No iremos a remolque de nadie y Òmnium no contribuirá a la confrontación entre distintos agentes del movimiento independentista y a hacer antipolítica”, ha asegurado.
Antich celebra la eliminación de la sedición impulsada por el Gobierno y ERC, pero ve con preocupación que “vaya de la mano de la ampliación del delito de desórdenes públicos”. En la citada entrevista ha argumentado que “de ninguna forma se pueden sacrificar derechos fundamentales por el camino”. Según Antich, la tramitación de la reforma en el Congreso es “muy importante para no criminalizar el derecho de protesta”.
El presidente de Òmnium explica que han hablado con el Govern, con todos los agentes políticos y con todos los movimientos sociales con el objetivo de encontrar “el máximo consenso”. Y ha señalado la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso como un momento “muy importante” para introducir enmiendas y garantizar que “cualquier cosa que se toque del actual delito de desórdenes públicos garantice el ejercicio de derechos fundamentales y no criminalice el derecho de protesta”.
“Hemos estado hablando con Esquerra, Junts, la CUP y los comunes. Todos reconocen que no hay nada cerrado y nos confirman que quieren hacer presión política para que la propuesta de ampliación de desórdenes públicos sea enmendada”, ha añadido.
