El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / EFE
El ministro rechaza que hubiera muertos en España, culpa a los propios inmigrantes y su «violencia» de los trágicos sucesos y tacha las pruebas que le desmienten de «conjeturas, especulaciones e insinuaciones»
Fernando Grande-Marlaska se enroca. Ni sombra de autocrítica ni un atisbo de reconocer un solo error. Una vez más, y en sede parlamentaria, el titular de Interior en esencia este miércoles volvió a culpar exclusivamente a los inmigrantes de su propia muerte. Ni los informes del Defensor del Pueblo denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil (incluido el apedreamiento de los ‘sin papeles’); ni los documentos de esa misma oficina que vinculan el asalto a la imposibilidad de pedir asilo en España; ni los vídeos que muestran claramente cuerpos inertes en el patio de soberanía española; ni las imágenes en las que se aprecian gendarmes marroquíes en suelo español ejecutando ‘expulsiones en caliente’; ni los documentos del Catastro o el Instituto Geográfico Nacional que certifican que la práctica totalidad de los hechos ocurrieron en suelo melillense, ni las críticas del Consejo de Europa a las deportaciones «sin ningún procedimiento legal»; ni las investigaciones periodísticas, entre ellas las de este periódico, que desmienten la versión de Interior… nada.
159 días después de la tragedia del 24 de junio en el paso de Barrio Chino en la que fallecieron entre 23 y 72 inmigrantes, según las diferentes fuentes, el ministro en el Pleno se sacudió cualquier tipo de responsabilidad, aun a riesgo de que todo esto acabe en una comisión de investigación parlamentaria. Nada de los que arrepentirse, porque, afirmó, no hubo muertos en España («ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional»). Es más, según Marlaska todas las pruebas e informes que le desmienten son simples «conjeturas, especulaciones, falsedades, mentiras o insinuaciones». Todas esas informaciones, informes e imágenes e investigaciones que apuntan a que ha mentido, insistió, son «sesgadas» y solo responden a «verdades preconcebidas».
El ministro dejó claro que no tiene intención de admitir la más mínima irregularidad en la tragedia de Melilla, y mucho menos dejar el cargo por lo sucedido el 24-J, porque todo fue culpa de los propios inmigrantes, que «de forma organizada y ejerciendo la violencia» trataron de forzar el perímetro en un «intolerable intento de agresión» a la frontera. «Piedras, hachas y palos, mazas, radiales»… el ministro de deshizo por ilustrar la «violencia» de los 1.700 inmigrantes en ese viernes.
Toda culpa del «embudo»
Pero Grande-Marlaska se volcó especialmente en relacionar las muertes exclusivamente con la actuación de los subsaharianos, alejando, de paso, el más mínimo reproche a las fuerzas marroquíes. Según el relato del titular de Interior, los fallecimientos se debieron exclusivamente al «embudo» que se formó cuando «cientos de personas» trataron de «superar simultáneamente» el vallado de la «zona de tránsito». En ningún momento, el ministro se refirió a la violencia con que las fuerzas marroquíes estaban hostigando a esa multitud o al uso de gases por parte de la Guardia Civil, que, según el Defensor del Pueblo, puedo empeorar todavía más esa delicadísima situación.
Frente a esa violencia de los subsaharianos, la Guardia Civil tuvo en todo momento una actuación «rigurosa y profesional». Los agentes del instituto armado, insistió el compareciente, no tuvieron «ninguna responsabilidad» en los sucesos ni omitieron su obligación de socorro, pese a que las imágenes revelan que la única ambulancia de la zona española que se encontraba en las inmediaciones no se movió en ningún momento.
El titular de Interior se mostró además especialmente molesto con las «afirmaciones» de que «las personas que asaltaron de forma violenta lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo». Se trata de una de las principales acusaciones del Defensor del Pueblo en su informe preliminar en el que vinculo el salto masivo a esos impedimentos al asegurar que es prácticamente imposible reclamar protección en las legaciones españolas en Marruecos o que los personas no marroquíes lleguen al paso de Beni Enzar donde hay una oficina para reclamar asilo. Según el ministro, no se puede justificar el «uso de la violencia» para pedir protección.
«Zona de tránsito»
Abordó también el tema de las muertes en España para desmentirlo usando unos argumentos muy particulares. Insistió en que los «hechos que se produjeron fundamentalmente en territorio marroquí» y que «ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional». Y todo ello porque los «límites entre los países están meridianamente claros desde hace muchos años» (sic) y que sentencias de las Audiencia Nacional, en síntesis fijan que el «ámbito de actuación» de las fuerzas de seguridad es que el fija la soberanía. Ni palabra a los informes del Catastro o del Instituto Geográfico Nacional que sitúan todos los sucesos en España.
Aunque los vídeos publicados por este periódicos certifica que la gran parte de los cuerpos inertes tras la avalancha quedaron atrapados en la parte española de la cancela y que las fuerzas marroquíes incluso tuvieron que entrar al patio de soberanía española (el mismo que el 7 de noviembre visitaron los diputados sin ningún permiso de Rabat) para desatascar los cuerpos, Marlaska insistió en que todo son falsedades. Esa área, según Marlaska, es una «zona de tránsito», aunque en ningún tratado internacional se reconoce esa figura, como tampoco se admite la figura de la de «tierra de nadie» que en otras ocasiones también ha usado el ministro para mantener que no hubo fallecidos en territorio nacional.
Grande-Marlaska, que llegó a negar en junio de manera tajante y en sede parlamentaria la presencia de fuerzas marroquíes en España para las ‘devoluciones en caliente’ y que luego se ha ido desmintiendo a sí mismo, intentó de pasar de puntillas por ese punto tan delicado. Dijo que en todas las deportaciones exprés «se cumplió de forma plena con la legalidad» y conforme a la ley de extranjería y los «principios marcados» por el Constitucional. Según el ministro, los agentes, a pide de valla, pudieron comprar de forma fehaciente la «inexistencia de personas especialmente vulnerables». O lo que es lo mismo, dio entender que la Guardia Civil sí pudo en cuestión de minutos determinar la mayoría de edad de todos los subsaharianos (470 se expulsaron ese día, según el Defensor) y que ninguno de ellos tenía motivos para aspirar a protección internacional.
El Ministerio del Interior sigue negándose a hacer públicas las imágenes grabadas por la Guardia Civil (a través de un dron, el helicóptero y cámaras del vallado) como sí que hizo el popular Jorge Fernández tras la tragedia del Tarajal en la que murieron 15 inmigrantes en 2014 cuando colgó en su web todos los vídeos. A pesar de que solo los diputados han podido ver esas imágenes (aunque sin ayuda de peritos o expertos que puedan ‘diseccionarlas’), Grande-Marlaska presumió en el Congreso de la «transparencia» de su departamento en este asunto.
