Además de la previsible reforma del delito de malversación para beneficiar a los golpistas, este viernes podría incluirse por la vía de las enmiendas otra modificación del Código Penal que tendría que ver con el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de hacerse con el control del Tribunal Constitucional.
Según fuentes socialistas citadas por Efe, el PSOE está preparando una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal que permitan "desbloquear" la situación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Aunque las fuentes no precisan a qué se refieren exactamente, cabe señalar que ya se conocen los nombres propuestos por el Gobierno para el tercio de magistrados que corresponde renovar ahora.
El Ejecutivo busca colocar en el Constitucional al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y al ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Sin embargo, el CGPJ aún no ha dado sus dos nombres pese a las presiones de Moncloa.
Los cuatro cargos deberían tomar posesión a la vez de sus cargos tal y como recoge la Constitución, que señala que el órgano se renueva por tercios de cuatro magistrados. La maniobra que prepara ahora Sánchez buscaría que los peones de Moncloa accedieran al cargo sin necesidad de que se pronunciara el CGPJ y saltándose lo que dicta la Carga Magna.
Por el momento nada se conoce de la fórmula que utilizará el PSOE para este nuevo asalto judicial, que llega después de que los vocales izquierdistas del CGPJ se negaran a negociar los candidatos del TC y complicaran así la posibilidad de una acuerdo antes de Navidad.
Fuentes del partido señalan a la Cadena Ser que se trataría de una especie de "cláusula de desbloqueo". La emisora de Prisa señala que el "hermetismo" en torno a estos planes es absoluto.
Entre tanto, desde el Gobierno se han pasado esta semana tratando de hacer "pedagogía" sobre la polémica reforma de la malversación, que llega tras la anunciada liquidación del delito de sedición.
ERC, que presentará la enmienda para reformar la malversación, ha señalado que buscan una reforma "quirúrgica" que les permita "avanzar en la desjudicialización" del proceso, en clara alusión a las condenas de los golpistas, y "limitar las arbitrariedades" del Estado.
