El Gobierno prepara una nueva reforma que le permitirá despejar de un plumazo todos los obstáculos que aún se le plantean para lograr dar ya un vuelco progresista al Tribunal Constitucional. A través de varias enmiendas a la reforma del Código Penal que tramita en la actualidad el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar la sedición, el Ejecutivo pretende poner un plazo de unos días al Consejo General del Poder Judicial para que, sin mayoría cualificada, designe a los dos candidatos que debe nombrar. De forma paralela, despeja la posibilidad de que el TC rechace la entrada de los dos magistrados que ya ha elegido, forzando el nombramiento oficial e inmediato del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, su otra seleccionada.
Como ha adelantado El Diario y confirma El Confidencial, los de Pedro Sánchez preparan una batería de medidas que intenta no dejar nada al azar. Por un parte, provocará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir que el Consejo proponga candidatos en un plazo máximo de cinco días y obligar a que, en tres más, se celebre el Pleno para ejecutar los nombramientos que se harán por mayoría simple. Los dos que más votos obtengan serían así los elegidos. Amenaza a los vocales con responsabilidades "penales" si no cumplen esos plazos.
Por otra parte, reformará la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para despejar el camino a la entrada directa de Campo y Díez. Elimina la necesidad de verificación previa por parte del propio TC de la idoneidad de los candidatos ante las dudas de que la mayoría conservadora no diera su luz verde y se garantiza también que puedan acceder sin esperar al nombramiento de los dos del Consejo, es decir, por sextos y no por tercios.
El Gobierno prepara una nueva reforma que le permitirá despejar de un plumazo todos los obstáculos que aún se le plantean para lograr dar ya un vuelco progresista al Tribunal Constitucional. A través de varias enmiendas a la reforma del Código Penal que tramita en la actualidad el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar la sedición, el Ejecutivo pretende poner un plazo de unos días al Consejo General del Poder Judicial para que, sin mayoría cualificada, designe a los dos candidatos que debe nombrar. De forma paralela, despeja la posibilidad de que el TC rechace la entrada de los dos magistrados que ya ha elegido, forzando el nombramiento oficial e inmediato del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, su otra seleccionada.
