La Dirección de Costas se sumerge en años de disputas soterradas que puertos del Estado, comunidades autónomas y clubes náuticos han librado contra empresas privadas por la continuidad de sus intereses operativos. Costas, que depende del Ministerio de Transición Ambiental, que encabeza la Vicepresidenta Tercera Teresa Ribera, envió un informe al Gobierno de Canarias, en el que 11 puertos de las islas antes de 1988, cuando se promulgó la Ley de Costas, habían hecho sus concesiones por 2018. Está vencido desde 2009 y no es prorrogable. En esta interpretación de la administración general, los lucrativos puertos de toda España ya están desautorizados, reanudándose así la guerra empresarial por su control.Pero Puertos del Estado del Ministerio de Transportes prorrogará la concesión.Estoy buscando una fórmula para
La corrupción reina en el puerto. Balearic Islands Shake
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Los puertos deportivos son un negocio misterioso envuelto en una confusión legal. Ocupan el dominio público y deben ser explotados con concesiones. Además, las leyes costeras y portuarias se superponen en este terreno. Para complicar aún más las cosas, las marinas son competencias regionales, mientras que el dominio público es nacional. En general, la mayoría de los puertos eran concesiones anteriores a 1988 cuando entró en vigor la Ley de Costas. Esto se debe a que los años y las exigencias ambientales han hecho que la construcción de puertos sea cada vez más difícil. Al igual que los lucrativos puertos de Palma, Sotogrande, Puerto Banús e Ibiza, a los franquistas se les han permitido concesiones durante mucho tiempo, casi permanentemente.
En 1988, la Ley de Costas puso fin a estas condiciones. Aunque hay excepciones, la Ley de Costas estableció un plazo general de 30 años, que vence en julio de 2018. En general, los puertos continúan operando bajo la interpretación legal más favorable. Tienen a las comunidades autónomas de su parte y no están dispuestos a abrir las instituciones locales a la competencia, a menudo gestionadas por clubes náuticos sin ánimo de lucro.
En este pulso empresarial, incluso los delincuentes bajo investigación en Ibiza,Costas parecía ser el centro de atención. Sin embargo, el 12 de julio envió un informe al Gobierno de Canarias, dando alas a la apertura. Para analizar algunas de las obras solicitadas por Puerto Colón (Adeje, Tenerife), la Dirección General de Costas y Mares del Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido un informe analizando la situación de las concesiones.
Contradicciones entre regímenes
Documentos a los que accede elDiario.es detallan la historia completa del puerto. En 1983, el Consejo de Ministros le dio una concesión de 50 años. Al analizar su validez, Costas puede concluir que: Canarias, en relación con los derechos de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre cedido y cedido. Este informe de 38 páginas contradice la interpretación de la comunidad administrada por el PSOE. Desde el 29 de julio de 2018 se concluye que no existe concesionario para la ocupación portuaria de DPMT (transferido o anexado).
El informe no solo cree que la concesión a Puerto Colón ha sido liquidada, sino que su impacto está creciendo. 29 de julio de 2018: PD Puerto de Candelaria, PD Caleta de Fuste, PD Marina de los Gigantes, PD Pasito Branco, PD Puerto Calero, PD Puerto Rico, PD Puerto Ventura, PD Radasul, PD Tagliarte, PD Mogan, PIG Santa Agueda.Costas también analiza sus propias leyes. El gobierno de Mariano Rajoy relajó la ley de 1988 para evitar la demolición a gran escala de viviendas 30 años después de la promulgación de la ley. Sin embargo, concluye que esto no afectará a las marinas de la región, que tuvieron que solicitar ampliación en 2018. 1988: "Según la Ley de Costas, las concesiones otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988 tenían una duración de hasta 30 años y expiraban en 2018. ¿Significa esto que estos puertos deportivos deben ser demolidos? Esto significa que tendrá que adquirir un nuevo título en su lugar . Este procedimiento depende de la comunidad autónoma y debe ser objeto de concurso. Eso es exactamente lo que intentaba hacer Puertos del Estado. evitar. De acuerdo con esto, la comunidad debería otorgar a Kostas un nuevo título bajo el cual debe evaluar su impacto y condición ambiental. Costas lo interpreta como que algo que ya no existe no se puede prorrogar, por lo que la prórroga de la concesión que pretende el propietario no se puede dar sin más.
El informe de Costas sobre el Puerto de Canarias se produjo cuando el Sector intentaba medir el impacto de la explosión en el Puerto de Baleares. El primero en explotar fue en Ibiza. Todas las partes de la isla solicitaron una prórroga para continuar por el mismo lado, pero el procedimiento utilizado por la autoridad portuaria de Baleares fue anulado en dos ocasiones por los juzgados, que forzaron el procedimiento hasta el punto de que se decidió investigar.
Incidente en el puerto de Palma
En Palma, otro puerto icónico negociado por el rey para evitar que se repitiera este incidente, Puertos del Estado presentó primero una denuncia ante la Abogacía del Estado. . Oficina sobre si la administración, que vence en diciembre de este año, puede prorrogarse. “Es imposible acordar una prórroga o prórroga de plazo”, concluyó el fiscal general del estado en 2021. Por lo tanto, modificó la decisión del Fiscal del Estado del Puerto dos años antes. La realidad es que todo esto es controvertido entre los fiscales estatales. Los que apoyan la prórroga y los que creen que la ley y las directivas europeas les obligan a estar abiertos a la competencia.
No obstante, Puertos del Estado y Ayuntamientos insistieron en que la dirección siguiera adscrita al club náutico, hemos pedido con éxito su opinión al Consejo de Estado. Lo hicieron a pesar de que significaba socavar los poderes de los fiscales generales del estado. Tenía que decidir si tenía razón la Abogacía General del Estado o la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Puertos del Estado (otro organismo público encabezado por la Abogacía del Estado).
El 30 de junio, el Consejo Nacional avaló el dictamen, y cayó como una bomba sobre Parma. El Club Náutico de Palma ha tenido cuatro concesiones administrativas desde la década de 1940, pero concluye que las cosas cambiaron cuando comenzó a operar bajo contrato en la década de 1990. El contrato es válido hasta el 31 de diciembre de 2022, pero establece que no se pueden obtener prórrogas. Es decir, si tienes la capacidad, puedes ir a las diligencias, que Puertos del Estado y la comunidad autónoma querían evitar. Y el hecho de que en los años que prosiguió el baile del debriefing hubo un fallo a favor del club náutico de Formentera, juega a su favor.
Los casos de derecho costero dejan claro que no es tan fácil terminar grandes concesiones de construcción cuando llega el plazo. Se trata de una presa hidráulica.
