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Cuando votar cuesta dinero

Paula Milesi tuvo que pagar 10,60 euros por cada una de las tres veces que estaba llamada a las urnas en 2019 —las elecciones generales de abril y noviembre y las europeas, autonómicas y municipales de mayo—. Era la primera vez que esta española de 40 años votaba desde que se mudó a Finlandia, hace tres. Aunque el derecho al voto es gratuito, los electores tienen que adelantar el pago que, en teoría, el Estado les devuelve. Pero solo en teoría. A ella le llegó una carta de Correos que le informaba de que podría recibir ocho euros por los gastos. Pero ni venía la clave con la que cobrarlos ni la carta se dirigía a ella. A las dificultades que acarrea el trámite del voto desde el extranjero se suma, además, el riesgo de que cueste dinero.

Correos, directamente encargada de reembolsar a españoles que votaron desde el extranjero en las elecciones de abril y mayo —el Gobierno todavía no ha sacado el contrato de las de noviembre—, reconoce que ha habido un error con un lote “de unas 200 cartas” que no incluían el código para cobrar. Aunque no saben dar una cifra exacta de los afectados, aseguran que volverán a mandarlas. También están “al corriente” de que “en casos muy puntuales ha habido un error a la hora de cruzar el nombre y la dirección, y se han mandado las cartas a destinos equivocados”.

Milesi no ha logrado localizar a la persona a la que se dirige la carta que llegó a su casa de Jyväskylä, a 270 kilómetros al norte de Helsinki, pero varios españoles han encontrado por redes sociales a los destinatarios. Berta Burguete, portavoz de la red de españoles en el extranjero Marea Granate, vive en Dinamarca desde hace 19 años, y denuncia: “Esto siempre ha funcionado mal”. “Te pagan menos de lo que cuesta, con retraso, y ahora se suma lo de los nombres mezclados”, lamenta. Denuncia que las dificultades de votar desincentivan a los electores. Las enormes trabas al voto exterior lo convierten en residual. En las elecciones del 28 de abril solo ejerció su derecho el 5,6% del censo fuera de España.

A Jéssica Llinares, que nació en Benidorm hace 35 años pero se mudó a Brighton (Reino Unido) hace ocho, Correos le dio la clave por Twitter después de que ella se quejara por esta red social. Una de las reivindicaciones de Marea Granate es que la empresa reenvíe las cartas a los afectados sin necesidad de reclamarlas. Aun con el código correcto, Llinares no recuperará lo que pagó. Ella y su marido se gastaron 6,6 libras (7,75 euros) cada vez que votaron, pero Correos solo reconoce 2,45. “Dicen que calculan lo que cuesta el envío, sin contar con los que mandamos de manera urgente porque las papeletas nos llegaron el día antes de que se cerrara el plazo”, explica.