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De Hayfin a Metrovacesa, Valencia se juega desarrollos urbanísticos millonarios el 26-M

La ciudad de Valencia se juega el próximo 26 de mayo unas elecciones de las que dependerán importantes desarrollos y planes urbanísticos. Tras cuatro años de Govern de la Nau, compuesto por Compromís, PSOE y Valencia en Comú (Podemos), la legislatura del cambio político, la que liquidó en mayo de 2015 casi un cuarto de siglo de gobiernos municipales de la fallecida Rita Barberá, ha finalizado sin que algunos de los proyectos de expansión residencial y dotacional se hayan concretado lo suficiente o hayan superado los trámites básicos para su ejecución.

Uno de los más simbólicos es la finalización del Nuevo Mestalla y la demolición del actual estadio del Valencia CF para construir una nueva manzana con viviendas y zona comercial. En este caso, la transformación del esqueleto inacabado del campo de fútbol de Nou Campanar, en un espacio hábil, se ha dilatado no como consecuencia de desidia o falta de empatía municipal sino porque el club de Peter Lim no contaba con ofertas económicas suficientemente atractivas por el suelo del viejo Mestalla. No fue hasta el pasado mes de abril cuando Lim dio luz verde a una oferta de la cooperativa de viviendas ADU Mediterráneo de más de 120 millones de euros. El aspirante tiene hasta junio para cerrar la venta de la superficie comercial y reunir suficientes cooperativistas como para llevar adelante el proyecto, muy defendido por sus promotores pero repleto de incógnitas para otras voces del sector.

El reparto del poder municipal decidirá el futuro de los proyectos urbanísticos. El sector no ha tenido una hoja de ruta clara en el actual equipo de Ribó

La estimación de inversión global en la operación Mestalla, pendiente todavía de trámites como la reparcelación, es de 400 millones de euros y será uno de los expedientes más importantes de cuantos tendrá que manejar el área de Urbanismo del nuevo equipo de gobierno que surja de las urnas el próximo 26 de mayo. Será imposible que la concejalía tenga su mismo responsable. El hasta ahora regidor Vicent Sarrià fue elegido diputado en el Congreso el pasado 28 de abril, al figurar como número tres de la lista del PSOE por Valencia, y no forma parte de la lista municipal de Sandra Gómez, candidata de su partido a la alcaldía. Gómez tuvo que hacer encaje de bolillos para contentar a las distintas familias orgánicas y terminó por ofrecer una salida en la política nacional a su concejal de Urbanismo.

Sarrià deja un consistorio en el que durante cuatro años ha tratado de dar salida a proyectos urbanísticos que reactivaran el castigado mercado inmobiliario local, que sufrió un importante frenazo tras el pinchazo de la burbuja y la recesión de hace una década. Ha sido el caso de la revitalización de dos iniciativas privadas para culminar desarrollos en barrios, los PAI (proyecto de actuación integrada) del Grao y Benimaclet. Este último se ha colado en la campaña electoral y se ha topado con un ruidoso movimiento vecinal instigado por movimientos de izquierda alternativa contrarios a su aprobación.

El PAI de Benimaclet es una propuesta lanzada por Metrovacesa, dueña del 40% del suelo en desarrollo, para urbanizar y completar uno de los distritos del norte de la ciudad. La inversión prevista es de 280 millones de euros para la construcción de algo más de 1.300 viviendas, la urbanización de uno de los flancos de la avenida de la Ronda Norte y el desarrollo y liberación de terrenos para dotaciones públicas. Para presentar su alternativa y tratar de convertirse en agente urbanizado, la promotora superó un proceso "participativo" en el que atendió peticiones de asociaciones vecinales y sugerencias del propio ayuntamiento. Con ese aval y presunto respaldo, presentó su propuesta a finales del año pasado.

Sin embargo, la resistencia de los grupos contrarios al PAI ha ido creciendo y el ruido contra el proyecto ha subido en decibelios conforme se acercaba la cita electoral. Este sábado, incluso se convocó una manifestación contra el proyecto. Los sectores más intransigentes, agrupados en la plataforma Cuidem Benimaclet, no es quieran reducir la edificabilidad, es que directamente proponen desclasificar el suelo para recuperar su "uso rural" como terreno no urbanizable y reconvertirlo en huerta integrada en la ciudad. La misma plataforma sostiene que no tendría consecuencias económicas para las arcas municipales, pero no es eso lo que dicen los informes jurídicos encargados desde el Ayuntamiento de Valencia.

El alcalde, Joan Ribó, ha navegardo como ha podido en esa polémica. Con Podemos respaldando a los vecinos críticos y el PSPV-PSOE defendiendo su labor administrativa y de negociación para elevar la cesión de suelo dotacional y la cuota de vivienda social en el proyecto, el primer edil de Compromís ha tratado de plantear una solución salomónica proponiendo una reducción de la edificabilidad y a la vez entregando estudios jurídicos a los grupos contrarios al proyecto en los que se advierte de que desclasificar el suelo es "inviable" por razones legislativas y económicas.

Los informes del ayuntamiento advierten del riesgo económico para las arcas municipales de desclasificar el suelo de Metrovacesa

En caso de desclasificación, el consistorio se enfrenta a un largo proceso judicial que podría tener consecuencias graves para la tesorería municipal si Metrovacesa y el resto de propietarios hacen una reclamación por las importantes pérdidas que conllevaría para ellos. Pero la ausencia de fidelidad de Ribó al propio procedimiento habilitado por el consistorio con la promotora para ajustar el proyecto también podría derivar en que esta considere que las nuevas exigencias comprometen la viabilidad económica y opte por reducir la cesión de parcelas públicas y las cargas de urbanización del entorno. El urbanismo financia el urbanismo, sostienen fuentes cercanas a los socialistas. Por el momento, la oposición del Partido Popular y Ciudadanos, que aspira a sumar una mayoría alternativa el 26-M con los candidatos María José Catalá y Fernando Giner, acusa a Ribó de generar "inseguridad jurídica" y de alejar a los posibles inversores con sus constantes cambios de criterio.

Una situación similar de plante se da en el llamado PAI del Grao, el desarrollo urbano que tiene que sustituir el actual trazado abandonado del Valencia Street Circuit. El suelo está en manos de distintos propietarios, aunque el consorcio compuesto por el fondo británico Hayfin Capital y el grupo inversor local Atitlan es el que suma mayor porcentaje, cerca del 50% necesario para plantear una alternativa al consistorio y liderar el desarrollo de la zona. Este sector tiene que cerrar la conexión de la ciudad con la fachada marítima y completar el ajardinamiento del antiguo lecho del río Turia. De nuevo, ha sido la pata socialista del Govern de la Nau la que más ha trabajado para propiciar la revitalización del proyecto urbanístico. El concejal saliente de Urbanismo, Vicent Sarrià, logró poner encima de la mesa un plan para urbanizar todo el sector con nuevas zonas verdes financiadas con la construcción y comercialización por parte de los promotores de 20 torres para 2.500 viviendas, aplicando una filosofía de edificación en altura para liberar más suelo para dotaciones públicas y privadas.

La propuesta del arquitecto José María Tomás Llavador, sin embargo, ha vuelto a recibir el portazo de Ribó y de Podemos. El actual alcalde sostiene que no respetaba los márgenes del jardín del Turia, mientras que la concejala podemista María Oliver, candidata de nuevo el 26-M, sostiene que el proyecto impulsado por el PSOE es "una herencia del urbanismo" del PP y considera que propone "viviendas exclusivas", pese a que la iniciativa de Tomás Llavador contempla un 40% de reserva para vivienda de protección pública.

El desacuerdo entre los socios municipales ha desembocado en un atasco y un bloqueo de las iniciativas urbanísticas. Las urnas decidirán cómo se configuran dentro del poder municipal las distintas visiones sobre urbanismo de la ciudad y darán pistas de cuál será su futuro en la próxima legislatura.

AQ Acentor se pone en marcha

El desarrollo que sí está a punto de cerrar el farragoso círculo de licencias y trámites el que impulsa AQ Acentor en el flanco sur de la ciudad, entre el nuevo Hospital La Fe y la carretera de circunvalación V-30. La promotora del fondo alemán Aquila Capital adquirió en 2018 a la constructora local Bertolín 232.000 metros cuadrados para la construcción de nueve torres residenciales y suelo terciario de 79.000 metros cuadrados. El proyecto ha sido bautizado como Turianova. La inversión prevista cuando hayan finalizado todas las fases de lo que será un nuevo barrio en la ciudad con 1.300 viviendas es de 360 millones de euros. Pero AQ se mueve con cautela y, por ahora, iniciadas las obras de urbanización, prevé comenzar el mes que viene la comercialización de la primera torre, destinada a principalmente a vivienda de protección pública (aunque también hay pisos de régimen libre), según explicó a El Confidencial el director general de la promotor, Miguel Pérez, en el marco de una jornada inmobiliaria organizada por Olivares Consultores en el Palau de les Arts de Valencia. Bertolín, que ejerce de agente urbanizador, tiene el encargo de ejecutar la construcción.

El gran hito pendiente para de la promotora de Aquila para completar su proyecto es conocer el destino de la parcela terciaria de 75.000 metros que irá adosada a la zona residencial. Tras conversaciones con la Universidad Católica de Valencia (UCV) para ubicar allí su campus central, esta opción quedó descartada después de que la entidad docente eligiese un espacio en Burjassot. AQ busca un aliado singular, ya sea académico, hospitalario o de oficinas para que el suelo albergue una actividad que genere sinergias y otorgue vitalidad al sector residencial. Pérez sostiene que hay conversaciones con diversos aspirantes, pero parece que el mirlo blanco no termina de llegar y la alternativa de hacer una comercialización por lotes del suelo terciario ya está encima de la mesa.

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