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El cierre 'fake' de Mariña: a la espera del aval del juez y con los alcaldes en pie de guerra

Hace tres días, la Xunta de Galicia anunció que emprendía medidas especiales para controlar un rebrote detectado en una quincena de 'concellos' costeros de Lugo. La medida implica el control de más de 70.000 personas a las que, según el texto de la orden del Gobierno regional, no se les permitirá salir de la comarca en un plazo de cinco días, que se alargará hasta el próximo viernes. Setenta y dos horas después de la publicación de las instrucciones, el Ejecutivo gallego no cuenta aún con una decisión judicial que avale el cierre, a pesar de que este ya está en marcha. A la espera de si hay o no ratificación judicial, crece el malestar de los alcaldes de la zona, que no entienden que el presunto cierre, más un simulacro que una realidad en este momento, sirva para limitar la circulación y espantar con ello la tímida recuperación económica de una región que vive del turismo y sin embargo no sirva para parar la votación del próximo domingo, en la que el PP se juega una reválida histórica.

"La reflexión unánime es que cuando empezábamos a subir, en cuestión de horas, se ha volatizado todo", asegura el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. La sospecha general es que la cercanía de las autonómicas dilató la adopción de medidas, quizá más quirúrgicas, cuando hace 10 días comenzaron los primeros datos alarmantes en Burela, el 'concello' más afectado. Al no actuar a tiempo, se ha tratado de resolver ahora, en el último momento, con una tirita de quita y pon que parece más pensada para ganar una semana que para controlar una expansión del virus.

"Sabiendo como sabían hace días que había un repunte en determinado punto, no tomaron las medidas a tiempo, confinando un edificio o una calle concreta, y permitieron que se fuera expandiendo", explica el primer edil. Otros alcaldes consultados coinciden en señalar que la convocatoria del domingo les genera "pavor" y les parece una "irresponsabilidad" que se permita ir a votar en estas circunstancias.

La preocupación por la cita con las urnas aparece ya en la orden publicada en el Diario Oficial este domingo, en la que se explica que "las limitaciones de movilidad previstas no pueden afectar al ejercicio del derecho fundamental de sufragio". El derecho a la libre circulación es igual de fundamental, pero sobre él no se dice nada. La decisión contrasta con la adoptada en Cataluña, donde en el cierre del Segrià contó con el visto bueno previo de un magistrado que revisará el plan cada 15 días.

La interpretación de las leyes sanitarias y las competencias regionales en el caso gallego es, sin embargo, distinta. "Los catalanes han sido más garantistas, porque sí solicitaron autorización del juzgado contencioso-administrativo antes de poner en marcha las medidas, y el auto se la concede, pero tienen que mantener informado al juez del uso de la autorización", explica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña Carlos Amoedo. Desde la Xunta aseguran que se requiere esa ratificación judicial pero, matizan que, mientras esta no se produzca la medida es "válida, eficaz y totalmente legal".

'Concellos' con solo un caso

La orden de no salir de la zona, únicamente administrativa, queda en papel mojado sin el plácet del juez. Esta versión 'light' del concepto del confinamiento sigue limitando derechos y no pueden restringirse los movimientos de la ciudadanía sin que lo autoricen los jueces de contencioso. La ley indica que corresponde a estos juzgados "la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental". Es decir, aunque corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, establecer los derechos y deberes de todos al respecto es asunto de la Justicia.

Para acabar de complicar las cosas, los datos que va ofreciendo a los alcaldes la Xunta incrementan el malestar. La fórmula para medir los casos varía cada día y dificulta la comprensión de la situación. Las cifras muestran, además, espectaculares distancias en el número de contagios en unos lugares frente a otros, pese a que el presunto cierre afecta por igual a los 15 'concellos': Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove. Por ejemplo, en lugares como Lourenzá, Barreiros o Lugo, solo se registra un caso. En Ribadeo, con 1.000 habitantes, hay dos. Burela y Foz suman un centenar.

La crispación aumenta y llueve sobre mojado por la preocupación económica. El cierre de la única fábrica de aluminio de España, la de Alcoa, situada en la misma zona —San Cibrao (Cervo)— deja en el 'concello' medio centenar de parados.

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