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El Supremo confirma la suspensión a Pilar de Lara

El Tribunal Supremo confirma la suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la jueza Pilar de Lara. El órgano había sancionado en marzo a la instructora de causas como la «Pokemon», «Cóndor», «Pulpo» o «Pikachu» por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo fue sancionada a siete meses y un día, lo que conllevaría la pérdida de su plaza en Lugo.

Tras la decisión del CGPJ, la jueza solicitó medidas cautelares, pero el Supremo no las ha atendido. De Lara argmentó que la pérdida de destino implicaba graves perjuicios personales y familiares. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Supremo no ha atendido sus demandas. La Sala III del Tribunal contesta que, «ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia».

Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, el Supremo destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. «No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales», indica el auto.

Pilar de Lara es la responsable de operaciones tan relevantes como la «Pokemon», «Cóndor», «Pulpo», «Pikachu» o «Manga», todas ellas contra la supuesta corrupción en ayuntamientos y diputaciones, o la «Carioca», que investigaba una presunta red de trata de mujeres en prostíbulos de Lugo. La «Pokemon» es el paradigma que explica la sanción del CGPJ. Iniciada en 2012, investigaba una supuesta red corrupta de empresas que obtenían concesiones municipales a cambio de mordidas a alcaldes y concejales de todo signo político en Galicia, Asturias o el Levante: todavía no se ha celebrado ningún juicio. De las ocho piezas en que se dividió la causa, solo una espera fecha de juicio, mientras que algunas de las otras siete deambula por los juzgados de media España buscando un juez que asuma su competencia.