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Imputado el único de los 10 concejales del PP de Valencia que no lo estaba

El PP de la ciudad de Valencia va a cerrar el ciclo político que concluirá con las elecciones municipales del 26 de mayo de la peor manera posible. Eusebio Monzó, el único de los 10 concejales del grupo popular que no estaba imputado por supuesto blanqueo de capitales, tendrá que declarar como investigado por los oscuros contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castellón. Una causa en la que ya estaba imputado el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra.

Monzó ha afirmado este lunes que todavía no ha recibido la notificación del Juzgado de Instrucción 3 de Castellón que investiga el asunto y que tiene la conciencia tranquila porque siempre ha hecho "las cosas bien". La portavoz socialista y primera teniente de alcalde de Valencia, Sandra Gómez, ha felicitado irónicamente al principal grupo de la oposición municipal por haber "logrado hacer pleno de imputaciones".

Profesor de la Universidad de Valencia, Monzó fue secretario autonómico de Hacienda en el Gobierno de Francisco Camps y formó parte del consejo de administración del Aeropuerto de Castellón que aprobó los contratos de patrocinio supuestamente irregulares con el expiloto de motociclismo Álex Debón por importe de 3,6 millones de euros, motivo por el cual ha sido llamado a declarar.

Monzó nunca ha tenido carné del PP y en 2016 fue elegido portavoz porque no quedaba nadie a quien recurrir. El caso Taula, que sacó a la luz una supuesta trama de comisiones vinculada al PP e incrustada en las estructuras local, provincial y autonómica de la Administración, había cubierto de sospecha al resto de ediles y a muchos otros referentes del partido. Fue el procedimiento judicial por el que la exalcaldesa Rita Barberá declaró en el Tribunal Supremo poco antes de morir. Los concejales imputados se negaron a dimitir pese a los intentos de la dirección regional del PP. Y la dirección nacional del partido prefirió no elevar la presión sobre ellos, como reclamaba la líder autonómica Isabel Bonig.

Oposición imposible

Enseguida quedó claro que hacer oposición en tales condiciones era una misión imposible. Cada vez que uno de los concejales investigados ha criticado en el pleno municipal los problemas de tráfico que generan la ampliación de los carriles bici o los fallos en el servicio de limpieza, alguien del equipo de gobierno le ha recordado las grabaciones en las que una de sus antiguas compañeras, la también fallecida María José Alcón, explicaba que su partido guardaba montones de dinero negro procedente "de la corrupción". "Hemos presentado 3.000 iniciativas, pero no hemos tenido visibilidad. Al estar casi todos investigados, los medios no se enganchan", admitía hace unos meses Monzó a este periódico. El concejal optó por solicitar al Ayuntamiento una reducción de jornada para dedicar más tiempo a su trabajo en la universidad.

Monzó era el único edil al que la nueva candidata municipal del PP, María José Catalá, consideraba aprovechable. La causa judicial que lo hace más difícil investiga los contratos de patrocinio aprobados por la promotora del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) en 2009, 2010 y 2011. La sociedad pagó al expiloto Álex Debón 3,6 millones de euros. En 2016, la Fiscalía denunció un supuesto delito de cohecho tras quedar acreditado en otro juicio que el piloto entregó en paralelo al expresidente de la Diputación de Castellón 360.000 euros, cantidad que equivalía al 10% del contrato, en concepto de un préstamo que Debón habría concedido al político y que Carlos Fabra no le había devuelto.

Dos vicepresidentes de Camps

La jueza de Castellón ha citado a declarar como imputados a otros 10 antiguos miembros del consejo de administración del Aeropuerto de Castellón. Entre ellos dos vicepresidentes de la Generalitat en los Gobiernos de Francisco Camps: Vicente Rambla y Gerardo Camps —ahora diputado del PP en el Congreso, al que, como aforado ante el Tribunal Supremo, la magistrada le da la posibilidad de acudir de forma voluntaria—. Y también al exconsejero de Hacienda José Manuel Vela y a los exvicepresidentes de la Diputación de Castellón Francisco Martínez y Vicente Aparici.

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