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La juez Mercedes Alaya denuncia el control político del poder judicial

La juez Mercedes Alaya, durante su conferencia en el Club Siglo XXI. ANTONIO HEREDIA

«Tenemos al poder político metido en el poder judicial». Así, sin cortapisas y con firmeza, se expresó hoy la juez Mercedes Alaya, magistrada que inició la investigación del caso de los ERE de Andalucía, acusando a los gobiernos de haber convertido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un «miniparlamento», con un «reparto entre partidos por cuotas», que «responde al poder ejecutivo». «Tenemos al lobo metido dentro del gallinero», ironizó.

La juez sevillana aprovechó su intervención en un acto organizado por el Club Siglo XXI en Madrid para arremeter contra «el sistema al que están sometidos los fiscales, que tienen la obligación de obedecer», precisó, y pedir al futuro ministro de Justicia -o futura ministra- «que tome nota y refuerce la independencia judicial». Es más, pidió al recién nombrado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establezca un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ.

En apenas 45 minutos, Alaya pasó revista al poder judicial y echó por tierra el sistema que se sigue para nombrar al fiscal general del Estado. «La Justicia está en una situación absolutamente deplorable», denunció, poniendo sobre la mesa que en España «si interesa ahora perseguimos, sino, lo dejamos pasar». «Se ha dado un gran hachazo a la independencia judicial».

Dicho esto, la juez acusó al poder político de presionar a los fiscales a través del fiscal general del Estado, «que es elegido directamente por el Gobierno por afinidades políticas», reprochó. En este sentido, recriminó al Ejecutivo que sea el poder que «da todas las directrices» al fiscal general, porque «hay una comunicación abierta entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado». En palabras de Mercedes Alaya, «esas directrices pueden afectar a cualquier procedimiento en marcha».

La magistrada aprovechó para aplaudir «la valentía» de algunos fiscales que se resistieron a obedecer al «sistema». Sin decir nombres, Alaya se refirió a los representantes del Ministerio Público en causas abiertas en Cataluña y por el proceso independentista catalán, así como en el caso Lezo, en el marco de las imputaciones de Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón.

Alaya no perdió la oportunidad para recordar que en los primeros meses del proceso de instrucción del caso de los ERE, en 2011 -en la actualidad, esta investigación está dirigida por la magistrada María Núñez Bolaños-, se sintió «amparada por el CGPJ anterior», mencionando a la actual portavoz del PSOE en el Congreso y ex vocal del órgano de gobierno de los jueces, la magistrada Margarita Robles.

En este sentido, criticó las llamadas puertas giratorias y defendió que los jueces que son políticos no deben volver a la jurisdicción penal. Es más, dejó claro que ella no entrará en política y que desea terminar su vida laboral como juez.

La magistrada aprovechó también para denunciar «clientelismo político» en Andalucía y achacando a esta situación el hecho de que esta comunidad «no haya conocido otro Gobierno que el socialista».

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