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Spain

Liberadas tres jóvenes colombianas de una red de prostitución en Cantabria

Una llamada de teléfono ha terminado con una red criminal en Cantabria dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de Colombia, y a las que sometían en dos pisos de Santander y Torrelavega. El aviso en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos se recibió en octubre, cuando una joven de la capital cántabra, que paseaba con su padre por una calle céntrica de la ciudad, vio cómo una chica de su quinta lloraba sin consuelo. Se acercaron a ella y tras varios minutos hablando, la mujer les suplicó dinero para volver a Colombia. Al ver su estado, se sentaron a su lado y trataron de calmarla. Entonces, la joven desveló su truculenta historia. Había sido engañada en su país bajo la promesa de que si venía a España podría trabajar como canguro y así enviar dinero al hijo que dejaba en Colombia, en situación de pobreza. Ante tal revelación, la joven de Santander decidió dar aviso a la Policía, abriendo así una investigación que ha culminado esta semana con ocho detenidos y tres jóvenes de 20 años liberadas.

La organización criminal, integrada por un clan familiar de origen colombiano, buscaba mujeres en situación de gran vulnerabilidad y extrema necesidad en Colombia para trasladarlas hasta España con falsas promesas laborales. El 'captador', que se llevaba comisión por cada mujer, las engañaba asegurando que tenía una agencia dedicada al cuidado de niños pequeños y que necesitaba «gente buena y de confianza» para el puesto. Una vez aceptada la falsa oferta laboral, les brindaba el dinero necesario para comprar el billete. Así, contraían una deuda inicial de 5.500 euros, cinco veces más de lo prestado. «El 'modus operandi' siempre es el mismo. Saben a quién tienen que traer. A mujeres vulnerables que llegan a considerar la deuda aceptable porque ven que mueven dinero. Por sus manos pasan billetes, aunque no sea para ellas», explica a El Diario José Nieto Barroso, inspector jefe de la Unidad Central de Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif).

Los detenidos las esperaban en el aeropuerto de Madrid para trasladarlas hasta los pisos de citas de Santander y Torrelavega, donde las informaban de la deuda pendiente y de que debían trabajar en la prostitución hasta saldarla. «Las dicen que tienen que ejercer escondidas, que deben estar disponibles las 24 horas del día, que solo tienen una hora para pasear y siempre acompañadas (por alguien de la red criminal) y que ellas se quedarán con el 50% del pago del cliente. Dinero que deben emplear en abonar el alquiler, la comida y la deuda. El saldo acaba siendo negativo y la organización le tiene que ir prestando dinero para subsistir. De este modo, lejos de saldar la deuda se va haciendo más grande», señala Nieto.

La investigación de la Policía Nacional abierta a raíz de la denuncia de la joven santanderina sacó a la luz una red criminal con una estructura muy «definida». La líder era una mujer colombiana, con doble nacionalidad, que dirigía toda la organización desde Torrelavega. Por debajo, sus hijos, que se encargaban del traslado de las mujeres desde la capital de España a Cantabria, del control de los pisos de citas y de la gestión de los anuncios de los servicios sexuales en distitas páginas web. En el último eslabón de la cadena, las 'mamis' (encargadas de los pisos), que recibían a las jóvenes en el lugar donde iban a ser sometidas.

Tres registros y ocho detenciones

Para desmantelar la organización criminal, la Policía Nacional detuvo a ocho personas -cuatro en Santander, tres en Torrelavega y uno en Vinaroz (Castellón)- y llevó a cabo tres registros domiciliarios, en los que intervino 6.480 euros, varios teléfonos móviles y abundante documentación.

Las tres mujeres liberadas, con categoría de testigos protegidos, se encuentran en estos momentos bajo apoyo jurídico. «Intentamos que salgan de Cantabria, apartarlas del ruido, para protegerlas sobre todo psicológicamente», explica Nieto. Una vez cerrada la causa, estas tres jóvenes podrán retornar voluntariamente a su país u obtener el permiso de residencia y trabajo en España por su colaboración con la justicia y la policía.

El teléfono 900 10 50 90

El número de Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, el 900 10 15 90, recibió en 2019 un total de 2.130 comunicaciones, entre llamadas (843) y correos electrónicos (1.287). El teléfono es gratuito, funciona las 24 horas, la llamada no deja rastro y es atendido por policías especializados en trata de seres humanos. El inspector jefe de la Ucrif insiste en este punto: «No tienen porqué darnos sus datos personales. Solo necesitamos que colaboren, como la chica de Santander, que ha salvado a tres jóvenes de una red de prostitución criminal».

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