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Meirás, un juicio civil con trasfondo político

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, es muy claro. «La opinión que se tenga de la figura de Franco es irrelevante, esto es un pleito terriblemente jurídico» que no juzga póstumamente al dictador sino «el derecho de propiedad sobre un inmueble». Y no uno cualquiera: el Pazo de Meirás, la residencia de verano de Francisco Franco desde 1938 hasta su muerte, sede de recepciones oficiales, consejos de ministros y actos institucionales. La vieja mansión de Emilia Pardo Bazán. El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña acoge durante esta semana el juicio por la demanda que presentó la Abogacía del Estado contra los Franco reclamando la titularidad del Pazo, un proceso iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez y al que se han adherido todas las administraciones públicas, desde la Xunta hasta el Ayuntamiento de Sada.

En su demanda, la Abogacía considera que al emplear Franco en vida el Pazo de Meirás como residencia oficial, cuyo gastos de adecuación, mantenimiento y personal fueron sufragados por las arcas públicas, el Estado habría usucapido el bien, es decir, adquirido su propiedad mediante su posesión continuada, ininterrumpida, pacífica y en calidad de dueño del mismo, una figura jurídica que se remonta al derecho romano y que regula el Código Civil español. Así, una vez adquirida la propiedad del inmueble, este habría pasado a ser un bien de dominio público, por lo que los Franco no habrían podido recuperar la propiedad mediante un segundo proceso de usucapión desde la muerte del dictador. Es la teoría esgrimida por el grupo de expertos designados por la Xunta, tras un acuerdo parlamentario por unanimidad, para analizar las vías de reversión del Pazo a manos públicas.

Este razonamiento es refutado por Utrera-Molina. «El argumento del Estado es que Franco no poseía el Pazo en concepto de dueño, pero eso no se sostiene». La familia aporta los recibos del pago del IBI, de las pólizas de seguro y la declaraciones de la Renta donde figuraba tanto el inmueble como las rentas procedentes de las tierras agrícolas aledañas. En la vista previa celebrada en enero, la Abogacía aseveró que el Ayuntamiento de Ferrol había abonado el IBI de Meirás durante años. Tras una búsqueda en los libros contables del consistorio, este admitió que esa afirmación no se corresponde con la realidad.

«Franco no pagaba los gastos porque el Pazo era una residencia oficial, como tampoco los paga Sánchez de la Moncloa o el Rey de la Zarzuela», sostiene el letrado de la familia, «era jefe del Estado y había una seguridad», pero ese sostén de dinero público habría cesado con la muerte del dictador. «El Estado no ha gastado un duro desde 1976», y pone como ejemplo la inversión que realizó la familia para reconstruirlo tras el incendio que lo devastó parcialmente en 1978. «Carmen Franco pagó 500.000 pesetas solo por el servicio de bomberos», alega el abogado. La Abogacía lo contradice: existió un acuartelamiento de Guardia Civil hasta 1981 y se costeó con dinero público un «guarda hortelano» hasta 1990. Es con lo que quiere acreditar que el Estado no se olvidó del Pazo tras la muerte del dictador.

Desafectación tácita

Incluso ante la remota circunstancia de que, en efecto, esa usucapión por parte del Estado se hubiera producido, Utrera-Molina niega que hubiera pasado a formar parte del dominio público. «La Ley establece que ese tipo de bienes no están sometidos a gravamen, y sin embargo el Pazo ha estado gravado con IBI urbana, se pagó impuesto de sucesiones por él y cuando Carmen Franco lo recibe de su madre también paga impuesto de donaciones», defiende el albacea de la familia Martínez-Bordíu, «el Estado se olvidó del Pazo desde 1976 y se acordó de que existía 44 años más tarde por una votación parlamentaria». Ese «abandono» habría llevado a que se aplicara otra figura jurídica, la de la desafectación tácita, que llevaría a Meirás a ser no un bien de dominio público sino un bien patrimonial «que sí se puede adquirir por usucapión», y desde el fallecimiento del dictador se habrían cumplido los plazos en favor de los Franco. «Tan solo el argumento de la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos valdría para cargarse la demanda». La Abogacía también niega esta posibilidad: generalmente, las desafectaciones deben ser expresas, y cuando la jurisprudencia ha aceptado vías tácitas ha exigido un plazo de 55 años para consumarse. En este caso no se habrían dado. Es más, se abre a abonar a los Franco cuantos gastos hayan asumido por el inmueble «previa acreditación de su realidad e importe» durante los últimos cuarenta años.

La controversia de Meirás alcanza también a cómo Franco adquirió el Pazo y la controversia por la doble escritura de 1938 y la de 1941, la primera a la Junta Pro-Pazo que lo habría donado al dictador, la segunda ya a su nombre. Y entre medias, las acusaciones de coacciones a los vecinos de La Coruña para que participaran en plena Guerra Civil de la suscripción popular con la que se sufragó parcialmente la compra. «Todos esos datos históricos explican el contexto pero no son importantes, porque el Estado no acciona la demanda sobre la base de irregularidades en la suscripción», rebate, «da igual que admitiésemos a efectos dialécticos que se forzó a la gente a contribuir, es un argumento que no emplea el Estado». La Abogacía pide la nulidad de las escrituras por entender que fue un negocio simulado y, por tanto, carente de validez.

Durante los cuatro días previstos de vista desfilarán por la sala de vistas de la antigua Audiencia de La Coruña una veintena de testigos y peritos, muchos de ellos cuestionados por los Franco «porque tienen un interés claro en que gane el Estado» y «cuyo testimonio tendrá que ser valorado por el juzgado porque concurren en causa de tacha». Son, entre otros, catedráticos del comité de expertos, así como los autores del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio. «De aquella época no hay testigos», insiste Utrera-Molina, «nosotros llevamos a gente mayor que ha tenido conocimiento de la historia del Pazo en los últimos cuarenta años», entre ellos «el exsecretario particular de doña Carmen [Franco] que atestiguará que todo se pagaba con dinero de la familia», el encargado de la rehabilitación del inmueble tras el incendio o un exalcalde del PP de Sada durante casi cuarenta años.

Los Franco solo aguardan «que el juicio no se politice». Tampoco se engañan. «Existe el riesgo de que, ante la debilidad de los argumentos del Estado se trate de desviar la atención, convirtiéndolo en un juicio político a Franco». Sea como fuere, Luis Felipe Utrera-Molina reconoce que el proceso no hallará un punto final hasta que «seguramente» llegue al Supremo. «Tengo más confianza en la Sala Primera que en la Tercera», porque «esto es un tema civil, y veo difícil que se pueda enmendar la jurisprudencia de más de cien años de sentencias sobre la prescripción adquisitiva».

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