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Profesionales de Patrimonio Cultural y Museos reclaman ayudas del Gobierno

Una docena de asociaciones de profesionales del sector del patrimonio cultural y los museos han enviado una carta al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, como reacción a las medidas de apoyo al sector cultural, aprobadas por un real decreto el pasado 5 de mayo, para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Las asociaciones, constituidas en una red, manifiestan en la misiva su «firme» protesta ante lo que consideran «una omisión» a su colectivo por parte del Ministerio. En la carta aprovechan para «tender la mano» a Rodríguez Uribes para que se implique con su sector de forma más activa y empática, «por citar sus propias palabras», y poder afrontar esta nueva etapa «con una hoja de ruta común en el marco de ese Pacto por la Cultura que requiere el país».

La llamada Red de Asociaciones Profesionales de Patrimonio Cultural y Museos está integrada, entre otros, por la Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE), la Asociación Española de Paisajistas (AEP), la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP), la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA), la Asociación Profesional de Museólogos de España, la Asociación Profesional Española de Historiadoras e Historiadores del Arte (APROHA), la Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC), el comité español del Consejo Internacional de Museos (ICOM), el comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, la Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible IBERTUR, la Plataforma de Asociaciones Profesionales de la Conservación y Restauración de España (PAPCRE), la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología y la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA).

En su carta, la red, que representa a miles de profesionales de estos sectores, recuerda que la crisis generada por la Covid-19 ha comprometido la viabilidad de muchas instituciones museísticas y proyectos culturales de medio y pequeño tamaño, que forman parten del denso tejido de museos y sitos patrimoniales de España, y que deberían recibir una «primera y especial atención por parte de las administraciones supralocales con el fin de garantizar su supervivencia».

Aseguran, en este sentido, que la actividad que desarrollan ofrece una importante aportación a la economía de su entorno, dinamizando el comercio de proximidad de su zona de implantación. Los firmantes consideran que los profesionales que representan (restauradores, historiadores del arte, antropológos, arqueólogos, agentes de interpretación del patrimonio, guías.) son el colectivo más frágil y el que antes padecerá los efectos de la retracción de la actividad, «por lo que es prioritario tenerlo en cuenta a la hora de destinar las ayudas previstas, de la misma forma que otros grupos de profesionales del sector cultural». Por eso, les «ha causado cierta sorpresa» constatar que, hasta el momento, este colectivo no ha sido especificado y no queda claro cómo queda reflejado en la categoría de ayuda dedicada a las bellas artes.

«Sin mención concreta»

En el real decreto por el que se aprobaron las ayudas al sector cultural se incluyen medidas para sectores como las artes escénicas, la música, la cinematografía, las artes audiovisuales, el libro y el arte contemporáneo. «Sin embargo», apuntan los firmantes de la carta, «no hay ninguna mención al ámbito de los museos y el patrimonio, más allá de la línea de bellas artes incluida en el capítulo 1 y para el que no se explicita ningún tipo de medida concreta».

Ante esa tesitura, plantean la «urgente necesidad» de implementar líneas específicas que garanticen el mantenimiento del tejido profesional ligado a la actividad museística y al patrimonio cultural con el fin de que puedan afrontar «la grave crisis en la que estamos inmersos». Dado el alto predominio de micropymes y de autónomos que caracteriza a los sectores alrededor del patrimonio, los firmantes reclaman la protección de los profesionales que por alguna circunstancia no estaban dados de alta cuando se decretó el estado de alarma y «o porque, teniendo pérdidas, no cumplían el requisito de acreditar una disminución del 75% de la facturación». Por ello piden que en el ámbito del artículo 2 del decreto se contemple a todas las personas que trabajan en el sector cultural (no solo a artistas de espectáculos públicos) tanto del Régimen General como del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que por sus concretas circunstancias de temporalidad y eventualidad no se pudieron acoger a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad ni quedarse amparados por los ERTEs.

Además, y con «el ánimo de colaboración y coordinación con el Ministerio» emplazan al ministro Uribes a constituir un espacio de diálogo con las organizaciones profesionales del sector del patrimonio cultural y museos «con idea de promover y consolidar cuanto antes un Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural». A su juicio, este pacto debería poner el foco en la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio y en una estrategia integral de mejora «que frene la precarización de los sectores profesionales que se dedican a la gestión patrimonial en todas sus vertientes»

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