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Sed de Lex (XLV) | La democracia vence a la ley, Marchena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrechó ayer por propia iniciativa la mano de un preso de la cárcel de Soto del Real, de nombre Oriol Junqueras i Vies, en la inauguración de la XIII legislatura. El preso Junqueras, en prisión preventiva, está siendo juzgado estos días por los graves delitos contra el Estado democrático que supuestamente cometió en otoño de 2017, cuando el Gobierno del que era vicepresidente proclamó ilegalmente la independencia y la República de Cataluña. El presidente del tribunal que lo juzga, Manuel Marchena, autorizó su presencia en el Congreso de Diputados para que tomara posesión del escaño que obtuvo en las elecciones del pasado 28 de abril, cuando ya estaba en la cárcel y era juzgado.

Este párrafo puramente fáctico resume y sentencia la crisis de la democracia española que ayer se puso descarnadamente en evidencia en el Congreso. La profundidad de la situación se aprecia bien volviendo al pasado. Y comparando, porque todo se conoce comparando. Si el teniente coronel Tejero, autor en 1.981 de un grave delito contra la democracia -que como el Proceso no dio muertos- se hubiera podido presentar en una lista electoral, hubiera obtenido un escaño y el presidente del Gobierno le hubiera dado la mano en la sesión inaugural de la legislatura antes de que volviera a la cárcel, qué no se habría dicho de la sumisión de la democracia a los golpistas.

La misma sumisión practicaron ayer muchos demócratas con los presos nacionalistas. Sin que, por supuesto, quepa argüir en este caso nada razonable sobre la presunción de inocencia. La presunción tiene sentido respecto al encaje que tengan los hechos en un determinado tipo penal. Pero en absoluto respecto a los hechos mismos, que no solo sucedieron a la vista de todos sino que además han sido confesados, y orgullosamente, por sus propios autores.

La mano tendida del presidente Sánchez y su diálogo con el golpista no fueron hechos aislados. Muchos otros miembros del Gobierno, de la izquierda y de los nacionalistas trataron a Junqueras, Sánchez, Rull y Turull con absoluta cordialidad. E incluso la futura portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, conversó con Rull i Turull. Esta cordialidad no es, por así decirlo, fruto del perdón. Los golpistas tomaron posesión de sus escaños sin dejar de manifestar -incluida la fórmula de su acatamiento- su desprecio a la Constitución española y sin haber abandonado su intención de recorrer una vía unilateral a la independencia. De modo que hay alguien que se ha equivocado gravemente aquí. O ha sido la Justicia, al presentar cargos de una gran trascendencia, o ha sido la Política la que ha practicado una irresponsable operación de blanqueo. ¿Alguien puede pensar que personas que son recibidas con tanta naturalidad en el parlamento y que llegan a gozar incluso de la calidez de la máxima autoridad del Gobierno vayan a pasar quince o veinte años en la cárcel? Nadie lo piensa. Y, en cualquier caso, mucho más difícil será pensarlo a partir de ahora. El recibimiento que los políticos dieron a sus colegas presos es el primer acto de un indulto que, como toda decisión importante, es un proceso.

El Congreso fue el escenario de una victoria independentista, no por simbólica menos crucial. Desde el principio de su desafío el nacionalismo catalán ha insistido en contraponer democracia y ley. Una gran parte de los demócratas españoles no solo aceptaron ayer ese planteamiento, sino que se pusieron de parte de la democracia. Incluida, destacadamente, la flamante presidenta del Congreso que permitió en nombre de la democracia el escarnio de la ley, aceptando fórmulas de juramento fraudulentas. Y que contra lo que dijo, ante la oportuna y digna objeción de Albert Rivera, no están amparadas por la jurisprudencia constitucional. Según la sentencia 74/1991 del TC, la posibilidad de correcciones al sí, juro o sí, prometo «tiene, sin embargo, como límite el que su formulación desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas que supongan un fraude a la Ley o priven de sentido el propio acatamiento». Aunque quizá no haya que ir tan a fondo. Es muy improbable que en el curso de la vergonzosa y ridícula ceremonia que propició, la presidenta llegara a oír, en medio de la batahola de protestas que originaba cada simulacro de acatamiento independentista, la fórmula concreta que eligieron algunos diputados.

No hubo ayer justicia, salvo la poética. Porque hasta la postrera llegada de Batet, manejó la sesión el diputado Zamarrón, que lleva barbas de chivo.

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