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Alerta por el poco avance en cambios estructurales contra la corrupción, según Transparencia por Colombia

El informe de la corporación Transparencia por Colombia fue presentado días antes de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción.

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Justin Lane/Archivo
En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Justin Lane/Archivo

La corporación Transparencia por Colombia presentó, este miércoles 2 de diciembre, el “Segundo informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno Nacional en Materia Anticorrupción” en el que se examinaron 102 acciones realizadas por el Gobierno de Iván Duque.

En este informe de 48 páginas publicado por la corporación como antesala a la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, que se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de diciembre, se evidenciaron avances en los temas técnicos como la creación de nuevas normas o iniciativas institucionales, así como el uso de instrumentos novedosos de tecnología.

Sin embargo, se constataron importantes rezagos por parte del Gobierno en el área estructural como las graves afectaciones del derecho a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión que “son condiciones fundamentales para ejercer control al ejercicio del poder en el país”, indicó Transparencia por Colombia en un comunicado.

“El 2020 ha sido un año de enormes desafíos, agravados en muchos casos por hechos de corrupción. En este escenario, las medidas técnicas son importantes porque contribuyen a mejorar las herramientas para enfrentar la corrupción, aunque no son suficientes”, señaló el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández.

Este informe se centró en analizar las acciones entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2020, un periodo donde se presentaron importantes movilizaciones ciudadanas, además de las acciones para la atención de la emergencia sanitaria por el covid-19, donde la corrupción fue un tema “transversal”.

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Según la corporación, se reconoció la falta en los avances después de realizada la Consulta Anticorrupción, uno de los uno de los motivos del Paro Nacional que comenzó el 21 de noviembre del año pasado y se demostró con la pandemia, los riesgos de la corrupción en temas como la contratación pública, que junto a otros factores “contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo”, puntualizó la corporación.

“Resulta necesario abordar de manera más decidida reformas de fondo, varias de las cuales se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, y seguir fortaleciendo las capacidades del Ejecutivo para prevenir y actuar contra la corrupción, en pleno respeto de la independencia y separación de poderes”, explicó Hernández.

Foto de archivo. Una paloma descansa sobre una estatua de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, Colombia, 7 de octubre, 2016. REUTERS/John Vizcaino
Foto de archivo. Una paloma descansa sobre una estatua de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, Colombia, 7 de octubre, 2016. REUTERS/John Vizcaino

Tareas pendientes

Según el informe, aún quedan tareas pendientes para cumplir con las metras trazadas por el Gobierno de Iván Duque en la lucha contra la corrupción, a dos años que termine su mandato.

La corporación señala que resulta prioritario retomar la iniciativa que busca una reforma política para fortalecer la transparencia en los ingresos de los partidos políticos y campañas electorales, así como revisar y retomar las disposiciones inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo y concluir la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad.

De igual forma, sugiere continuar con el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, así como con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que permitirán mayor transparencia y una lucha contra la corrupción.

Por último, la corporación indica que es prioritario iniciar una iniciativa del presupuesto del Estado mediante la publicación de una información completa y clara sobre los recursos para la atención de la emergencia sanitaria por covid-19.

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